Una investigación sobre la distribución de agentes de la Policía Nacional abre una discusión mucho mayor: mientras miles de policías estarían destinados a escoltas, dignatarios y servicios especiales, las cifras oficiales de patrullaje presentan inconsistencias que obligan a preguntar quién está realmente protegiendo al ciudadano que financia la institución con sus impuestos.

Hay una pregunta que República Dominicana debería hacerse cada vez que se habla de reforma policial, seguridad ciudadana y presupuesto público:

¿Para quién trabaja realmente la Policía Nacional?

La pregunta adquiere una dimensión especialmente inquietante después de la divulgación de una investigación periodística que denuncia inconsistencias en la distribución de los agentes, diferencias entre registros oficiales y una considerable concentración de policías en labores de protección, custodia y seguridad de funcionarios, dignatarios, empresarios y otras figuras.

Los datos atribuidos a esa investigación deben ser tratados como lo que son hasta que sean contrastados integralmente con una respuesta institucional: hallazgos y denuncias construidos a partir de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información y cruces de nóminas públicas.

Pero las cifras presentadas son suficientemente graves como para exigir explicaciones.

Según el reportaje, la Dirección de Protección de Dignatarios habría informado inicialmente de 846 agentes destinados a servicios de seguridad personal.

Sin embargo, el desglose entregado solo habría permitido identificar la asignación de 206.

Eso dejaría 640 agentes sin una asignación individual explicada dentro de la documentación suministrada, equivalentes aproximadamente al 76 % de aquel universo.

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La investigación sostiene además haber identificado otros 2,679 miembros vinculados mediante nóminas de incentivos a funciones de seguridad diplomática, custodia, protección y supervisión.

Sumados, serían 3,525 agentes.

Y ahí comienza el verdadero problema.

Porque detrás de cada policía utilizado para proteger particularmente a alguien existe un policía que no está disponible simultáneamente para patrullar un barrio.

3,525 policías: el costo de oportunidad que casi nunca discutimos

El debate no debería limitarse a determinar si una escolta está legalmente autorizada.

Hay otra pregunta igualmente importante:

¿Cuál es el costo de oportunidad para la seguridad ciudadana?

De acuerdo con las cifras presentadas por la investigación, mantener esa estructura representaría más de RD$264 millones mensuales, superando los RD$3,400 millones anuales.

Pero el costo no es exclusivamente monetario.

También existe un costo operacional.

Son miles de agentes que potencialmente podrían encontrarse patrullando calles, reforzando corredores comerciales, aumentando la presencia policial en barrios vulnerables o respondiendo a emergencias.

La comparación presentada por el reportaje resulta particularmente ilustrativa.

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Los 3,525 agentes identificados en esas labores superarían ampliamente, de acuerdo con las cifras citadas, las dotaciones atribuidas individualmente a provincias completas como Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata o La Vega.

La discusión, por tanto, no consiste en negar que determinadas autoridades necesiten protección.

Un presidente, determinados funcionarios, diplomáticos o personas bajo amenazas verificables pueden requerir esquemas especiales de seguridad.

La cuestión de política pública es diferente:

¿cuántos agentes puede retirar razonablemente el Estado de la seguridad colectiva para dedicarlos a la protección individual?

Y, todavía más importante:

¿quién decide quién merece esa protección y bajo cuáles criterios?

La matemática imposible del patrullaje

El segundo hallazgo denunciado resulta incluso más delicado.

Según los documentos citados por la investigación, Recursos Humanos registraría una plantilla total de 43,649 integrantes, incluyendo diferentes categorías de personal.

Sin embargo, otro reporte institucional habría consignado 46,723 agentes en patrullaje preventivo.

La diferencia es de 3,074 personas.

Es decir, conforme a esos documentos, habría más policías patrullando que integrantes totales registrados en la institución.

Eso es matemáticamente imposible si ambos números representan universos comparables en el mismo período.

Precisamente por eso la Policía Nacional debería explicar públicamente la metodología de ambos registros.

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¿Corresponden a fechas diferentes?

¿Uno cuenta servicios, turnos o despliegues acumulados mientras el otro contabiliza personas?

¿Existen duplicidades?

¿Se mezclaron categorías diferentes?

¿Hubo un error administrativo?

¿O realmente existe una inconsistencia en los sistemas de información?

Sin esa explicación, la cifra genera inevitablemente sospechas.

Y aparece una discrepancia todavía mayor.

Según el reportaje, para el Distrito Nacional un documento habría atribuido 29,327 efectivos al patrullaje preventivo, mientras otro registro territorial de la propia institución reduciría la cantidad a 2,389 agentes.

No estamos hablando de una diferencia marginal.

Estamos hablando de dos fotografías completamente distintas de la capacidad policial disponible.

Una institución encargada de producir seguridad necesita, como condición mínima, saber cuántos agentes tiene, dónde están y qué están haciendo.

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No es solamente un problema contable

Alguien podría interpretar todo esto como una discusión burocrática sobre nóminas.

Sería un error.

La distribución del personal Policía Nacional puede convertirse literalmente en una cuestión de vida o muerte.

Cada agente destinado a una función representa un recurso público que deja de estar disponible para otra.

Por eso la asignación policial debería responder fundamentalmente a variables técnicas: población, densidad, incidencia criminal, llamadas de emergencia, horarios de mayor riesgo, actividad comercial, zonas vulnerables y capacidad de respuesta.

La literatura especializada sobre asignación policial parte precisamente de un problema básico: los recursos policiales son limitados y deben distribuirse eficientemente según las necesidades de seguridad.

Cuando ese criterio es sustituido por privilegios, relaciones personales o decisiones discrecionales —si eso llegara a demostrarse— ya no estaríamos solamente ante mala administración.

Estaríamos frente a una distorsión del propósito mismo de la Policía.

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Porque la Policía tiene una misión constitucional muy clara

Aquí la discusión deja de ser ideológica.

La propia Policía Nacional explica oficialmente que el artículo 255 de la Constitución la define como un cuerpo armado, técnico y profesional cuya misión incluye salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos y mantener el orden público.

Entre las funciones que la institución enumera expresamente se encuentran preservar la vida y la integridad de las personas y garantizar sus derechos y libertades.

Ese detalle cambia completamente la perspectiva.

La Policía no existe principalmente para proteger políticos.

No existe principalmente para proteger empresarios.

No existe principalmente para transportar funcionarios.

Existe para garantizar seguridad ciudadana.

La protección especializada puede ser una de sus funciones operativas cuando esté justificada.

Pero no debería convertirse en una estructura que compita desproporcionadamente con su misión fundamental.

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¿Quién paga todo esto?

El ciudadano.

Ese detalle parece obvio, pero rara vez ocupa el centro de la discusión.

El dominicano paga impuestos directos e indirectos.

Cada vez que compra numerosos bienes y servicios gravados paga ITBIS.

El dinero entra al sistema fiscal y posteriormente el Congreso aprueba presupuestos mediante los cuales se financian las instituciones públicas.

Entre ellas, la Policía Nacional.

Por supuesto, técnicamente no existe una bala identificada diciendo "esta fue comprada con el ITBIS de Juan Pérez".

Los ingresos públicos se integran al sistema presupuestario.

Pero políticamente la metáfora continúa siendo válida:

el ciudadano financia el aparato policial que posteriormente ejerce autoridad sobre él.

Paga el salario.

Paga el combustible.

Paga los vehículos.

Paga los destacamentos.

Paga el entrenamiento.

Paga las armas.

Paga las municiones.

Y paga también los miles de millones destinados al funcionamiento de la institución.

Entonces surge una paradoja brutal cuando un ciudadano termina siendo víctima de un uso ilegal o abusivo de esa fuerza:

el contribuyente puede terminar financiando el aparato estatal que debía protegerlo y que finalmente lo agrede.

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El Estado tiene un arma porque nosotros le entregamos ese poder

Un policía no porta un arma en representación de sí mismo.

La porta en representación del Estado.

Y el Estado puede ejercer coerción porque la sociedad le ha concedido jurídicamente esa facultad.

Por eso un disparo policial nunca puede analizarse exactamente igual que un disparo realizado por cualquier particular.

Cuando actúa un agente en ejercicio de sus funciones, detrás del uniforme existe una institución.

Y detrás de la institución existe una cadena de mando.

¿Quién seleccionó al agente?

¿Quién lo entrenó?

¿Quién debía supervisarlo?

¿Existían protocolos adecuados?

¿Los conocía?

¿Había antecedentes disciplinarios?

¿Quién debía investigarlos?

¿Funcionaron los controles internos?

¿Quién debía corregirlos?

La propia estructura institucional reconoce mecanismos de fiscalización. La Dirección de Asuntos Internos, por ejemplo, es definida oficialmente como un organismo de control interno de la Policía y mantiene coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público y otras instituciones.

Por eso no basta siempre con decir:

"Fue un policía".

La investigación debe determinar si estamos frente a una conducta exclusivamente individual o ante fallas adicionales de supervisión, entrenamiento, disciplina o gestión.

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Y la Constitución responde otra pregunta incómoda: ¿bajo la autoridad de quién está la Policía?

Aquí tampoco necesitamos interpretación partidaria.

La propia Policía Nacional reproduce la respuesta:

está bajo la autoridad del Presidente de la República.

Esto no significa que el presidente sea penalmente responsable de cada delito que eventualmente pueda cometer un agente policial.

Afirmarlo sería jurídicamente incorrecto.

Pero existe una diferencia enorme entre responsabilidad penal y responsabilidad política.

El agente responde individualmente por sus actos cuando corresponde.

Los mandos responden dentro de sus competencias por supervisión y disciplina.

Las instituciones de control tienen responsabilidades determinadas por la legislación.

El Ministerio de Interior y Policía tiene competencias vinculadas a las políticas públicas de seguridad ciudadana, orden público y convivencia pacífica.

Y la Policía constitucionalmente se encuentra bajo la autoridad presidencial.

Por tanto, cuando los problemas dejan de ser acontecimientos aislados y comienzan a mostrar características estructurales, la responsabilidad política inevitablemente asciende.

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Una reforma policial no puede medirse por uniformes

El Gobierno y la propia Policía han promocionado durante el proceso de reforma medidas como nuevos uniformes, cámaras corporales, radios conectados al 911 y protocolos vinculados a derechos humanos.

Son herramientas potencialmente importantes.

Pero ninguna reforma institucional puede evaluarse únicamente por lo que se compra.

Hay preguntas mucho más importantes.

¿Cuántos policías están realmente patrullando?

¿Cuántos están realizando funciones administrativas?

¿Cuántos protegen funcionarios?

¿Cuántos protegen particulares?

¿Cuáles criterios justifican cada escolta?

¿Cuánto cuesta?

¿Cuánto dura?

¿Quién la autoriza?

¿Existe evaluación periódica de riesgo?

¿Puede el ciudadano consultar esa información sin comprometer legítimas necesidades de seguridad?

¿Los sistemas de Recursos Humanos, nómina y operaciones utilizan las mismas cifras?

Y quizá la pregunta más importante:

¿la reforma está consiguiendo que el ciudadano esté más protegido frente al delincuente y frente al abuso del propio Estado?

Porque cambiar el uniforme de un policía no transforma automáticamente la institución.

Digitalizar una nómina tampoco.

Comprar cámaras corporales no basta si no existen protocolos claros para utilizarlas, conservar las grabaciones y establecer consecuencias cuando corresponda.

Una reforma real se mide por comportamiento, controles, resultados y rendición de cuentas.

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El dominicano paga por seguridad colectiva, no por privilegios

Aquí los 3,525 agentes denunciados por la investigación adquieren otra dimensión.

Supongamos que todas esas asignaciones fueran legales.

Todavía quedaría pendiente determinar si son razonables.

Legalidad y eficiencia no significan exactamente lo mismo.

El Estado puede tener facultad para asignar protección y, aun así, administrar deficientemente sus recursos.

Si miles de policías están dedicados a proteger individualmente a una pequeña fracción de la población mientras comunidades enteras reclaman mayor presencia policial, el ciudadano tiene derecho a preguntar:

¿por qué mi seguridad vale menos?

El empresario paga impuestos.

El funcionario paga impuestos.

El legislador paga impuestos.

Pero también los paga el motoconchista cuando consume.

Los paga la enfermera.

Los paga el empleado privado.

Los paga la señora que compra alimentos gravados.

Los paga el comerciante.

Los paga prácticamente toda la sociedad de diferentes maneras.

Entonces la seguridad financiada colectivamente debería responder primordialmente al interés colectivo.

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Y finalmente llegamos al responsable que casi nunca queremos mencionar: nosotros

Esta es probablemente la parte más incómoda.

Porque resulta sencillo responsabilizar al policía.

Después al director.

Después a la ministra.

Después al presidente.

Pero en una democracia existe otro actor.

El elector.

No porque el ciudadano sea responsable de que un policía lo mate.

Nunca.

Una persona conserva sus derechos independientemente de por quién votó, si vendió su voto o incluso si decidió no votar.

Pero existe una responsabilidad política diferente.

Los gobernantes no llegan solos al Palacio Nacional.

Los legisladores no aparecen espontáneamente en el Congreso.

Los alcaldes no ocupan sus cargos por generación espontánea.

Los elegimos.

Y cuando una parte de la sociedad cambia su voto por dinero, comida, materiales, empleos, favores o promesas particulares, ocurre algo mucho más profundo que una simple transacción electoral.

Está vendiendo temporalmente una parte de su capacidad de exigir.

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El voto también financia el sistema

Primero financiamos el Estado con dinero.

Después decidimos quién lo administrará con votos.

Esa es la parte del contrato democrático que demasiadas veces olvidamos.

Durante las elecciones el ciudadano tiene algo que el político necesita desesperadamente.

Su voto.

Después de las elecciones, el ciudadano necesitará del político hospitales, escuelas, calles, electricidad, seguridad, justicia y oportunidades.

Por eso vender el voto puede terminar siendo uno de los negocios más caros que hace una persona.

Recibe algo durante un día.

Entrega poder durante cuatro años.

Y posteriormente puede terminar reclamándole al mismo Estado cuya administración ayudó a elegir.

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Tampoco votar nos hace desaparecer de las consecuencias

Existe otra decisión perfectamente legal pero políticamente relevante: abstenerse.

Quien no vota no pierde sus derechos.

Pero tampoco detiene la elección.

Alguien será presidente.

Alguien controlará ministerios.

Alguien administrará presupuestos.

Alguien designará funcionarios.

Y alguien dirigirá las instituciones que ejercerán autoridad sobre nosotros.

La democracia funciona incluso cuando una parte de los ciudadanos decide no participar.

Simplemente permite que quienes participan tengan mayor peso relativo en el resultado.

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Entonces volvamos a la pregunta inicial: ¿a qué precio?

Aparentemente estamos hablando de números.

846 agentes.

206 identificados en un desglose.

640 cuya asignación tendría que explicarse.

2,679 adicionales identificados por la investigación.

3,525 en total vinculados, según el reportaje, a diferentes funciones de protección.

43,649 integrantes en un registro.

46,723 supuestamente en patrullaje en otro.

29,327 atribuidos al patrullaje preventivo del Distrito Nacional frente a 2,389 en otro registro citado.

RD$264 millones mensuales.

Más de RD$3,400 millones anuales según los cálculos presentados.

Pero detrás de cada número hay algo más importante.

Hay ciudadanos esperando protección.

Y por eso estas discrepancias merecen una explicación institucional completa.

La Policía Nacional debería poder responder documentalmente cuántos miembros activos posee, cuántos patrullan, cuántos realizan tareas administrativas, cuántos están destinados a protección especial y bajo cuáles criterios se realizan esas asignaciones.

No para satisfacer curiosidad periodística.

Para rendir cuentas a quienes pagan la institución.

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La pregunta que queda para el Gobierno

Si los documentos utilizados por la investigación son auténticos y comparables, las diferencias señaladas necesitan explicación.

Puede existir una explicación administrativa.

Puede haber diferencias metodológicas.

Puede tratarse de períodos distintos.

Puede existir doble contabilización de servicios.

O puede haber irregularidades.

Precisamente para determinarlo hace falta transparencia.

Lo que no debería ser aceptable es el silencio.

Porque cuando hablamos de una institución armada con decenas de miles de integrantes y miles de millones de pesos de presupuesto, no saber exactamente cuántos agentes existen, dónde están asignados y qué funciones desempeñan no constituye un pequeño error de Excel.

Es un problema de seguridad nacional, administración pública y confianza ciudadana.

Y ahora existe una pregunta todavía mayor ante el anuncio de una segunda investigación sobre los recursos destinados a la reforma policial:

¿cuánto hemos gastado realmente en transformar la Policía y qué hemos recibido a cambio?

Porque al final el dominicano paga dos veces.

Paga mediante sus impuestos para financiar la institución.

Y paga nuevamente cuando una institución mal distribuida, deficientemente supervisada o incapaz de garantizarle seguridad fracasa en su misión.

La Constitución dice que la Policía debe salvaguardar la seguridad ciudadana.

La propia institución reconoce que debe preservar la vida y la integridad de las personas.

También establece que se encuentra bajo la autoridad del Presidente de la República.

Por eso la discusión ya no puede reducirse al policía que está en la esquina.

Hay que mirar hacia arriba.

A los mandos.

A los organismos de control.

A las autoridades responsables de la política de seguridad.

Al Poder Ejecutivo.

Y también debemos mirarnos nosotros mismos cada cuatro años.

Porque financiamos el Estado con nuestros impuestos, decidimos quién administra ese Estado con nuestros votos y finalmente vivimos bajo las consecuencias de ambas cosas.

La bala de un agente no convierte al ciudadano en culpable de su propia muerte.

Pero cuando una sociedad deja de fiscalizar, normaliza el clientelismo, vende su capacidad electoral o renuncia permanentemente a exigir consecuencias políticas, facilita que las instituciones pierdan el incentivo para cambiar.

Por eso quizás la pregunta no sea únicamente cuánto cuesta la Policía Nacional.

La pregunta verdaderamente importante es otra:

¿A qué precio estamos dispuestos a seguir financiando una seguridad que demasiadas veces parece llegar primero a quienes tienen poder y después a quienes pagan por ella?

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