En República Dominicana, muchas veces gana el que más dinero puede mover: así se compra una campaña y así se paga después
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Por Melvin Sena | Hackeando el Sistema
En República Dominicana hay una pregunta que pocas veces se hace con suficiente seriedad:
¿Cuánto cuesta llegar al poder y quién pone ese dinero?
Porque una campaña electoral no se gana solamente con discursos, propuestas, caravanas y fotografías.
También se gana con estructura, publicidad, movilización, dirigentes, encuestas, redes sociales, transporte, propaganda y dinero.
Y ahí aparece uno de los grandes problemas de la política dominicana:
cuando alguien pone mucho dinero para llevar a un político al poder, la pregunta no debería ser solamente cuánto gastó, sino qué espera recibir después.
La democracia tiene un costo.
Pero una cosa es financiar legalmente una candidatura y otra muy diferente es utilizar dinero de origen ilegal, recursos públicos, estructuras empresariales o aportes que después puedan convertirse en favores desde el Estado.
Las elecciones dominicanas tienen una historia de coyunturas
La política dominicana demuestra que las elecciones no se deciden siempre por una sola razón.
Cada elección tiene su coyuntura.
En 1996, por ejemplo, José Francisco Peña Gómez obtuvo el 45.84 % en la primera vuelta, Leonel Fernández 38.85 % y Jacinto Peynado 15.17 %. Como ninguno alcanzó el 50 % más uno, hubo segunda vuelta. Fernández terminó ganando después de una alianza con Joaquín Balaguer y Juan Bosch. La propia Junta Central Electoral reconoce que aquella fue la primera segunda vuelta presidencial de la historia electoral dominicana.
En 2004 la coyuntura fue diferente.
El país venía de una profunda crisis económica y bancaria y la elección terminó con Leonel Fernández obteniendo 57.11 % de los votos frente a Hipólito Mejía y el PRD.
En 2020 ocurrió nuevamente un cambio de coyuntura.
La pandemia, el desgaste del PLD después de 16 años en el poder y la crisis política provocada por la suspensión de las elecciones municipales fueron parte del escenario en el que Luis Abinader ganó en primera vuelta con 52.52 % de los votos válidos.
Esto demuestra algo importante:
el dinero importa, pero el dinero no trabaja solo.
Necesita una coyuntura política favorable.
Necesita candidatos.
Necesita organización.
Y necesita una estructura capaz de convertir recursos económicos en votos.
¿Cuánto dinero mueve una campaña?
Los números de las elecciones de 2024 ayudan a entender el tamaño del problema.
Participación Ciudadana, mediante monitoreo de Publimonitor, registró que solamente durante abril de 2024 los partidos gastaron aproximadamente RD$284.9 millones en publicidad en prensa, radio y televisión.
El PRM registró RD$107.9 millones; Fuerza del Pueblo RD$76.5 millones; el PRSC RD$49.99 millones y el PLD RD$30.98 millones.
Y eso corresponde solamente a publicidad monitoreada.
No significa que ese sea el costo total de una campaña.
Hay equipos políticos.
Hay movilización.
Hay actividades.
Hay transporte.
Hay propaganda.
Hay producción audiovisual.
Hay redes sociales.
Hay locales.
Hay encuestas.
Hay operadores políticos.
Hay delegados.
Hay estructuras territoriales.
Y hay una enorme cantidad de gastos que no necesariamente aparecen reflejados en una simple valla publicitaria.
Participación Ciudadana advirtió durante el proceso de 2024 que la precampaña y campaña dominicanas se habían extendido por más de un año y medio, y señaló dificultades para conocer cuánto dinero realmente se gastaba durante la precampaña debido a la falta de información disponible.
El Estado también pone dinero
Aquí aparece otra parte que muchas veces se olvida.
Los partidos políticos dominicanos reciben financiamiento público.
La legislación establece un sistema mixto: dinero público y aportes privados.
La JCE explica que los partidos reciben recursos del Estado y que también pueden recibir contribuciones privadas dentro de los límites establecidos por la legislación.
Es decir:
el ciudadano financia parte de la política con sus impuestos y después vuelve a financiarla indirectamente cuando paga las consecuencias de las decisiones tomadas desde el poder.
Por eso el debate no debería ser solamente cuánto dinero recibe un partido.
También debería ser:
¿de dónde viene todo el dinero que mueve una candidatura?
El problema del dinero oscuro
Aquí entramos en una zona todavía más delicada.
La propia JCE ha advertido sobre el peligro de que recursos provenientes del narcotráfico, lavado de activos, juegos de azar, trata ilícita de personas y otras actividades ilegales terminen entrando en la política.
La legislación dominicana prohíbe específicamente recibir recursos de personas vinculadas a actividades ilícitas.
Pero que algo esté prohibido por ley no significa automáticamente que desaparezca.
Uno de los casos que marcó el debate dominicano fue el de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Quirino afirmó públicamente que había entregado dinero para actividades políticas y llegó a señalar que había financiado campañas de Leonel Fernández. Esas afirmaciones fueron negadas por Fernández. Por tratarse de acusaciones y no de una sentencia que establezca esos hechos como financiación electoral ilícita, deben presentarse como lo que son: alegaciones públicas del propio Quirino, rechazadas por el expresidente.
Pero el caso dejó una pregunta que todavía tiene importancia:
¿Qué ocurre cuando una persona con grandes cantidades de dinero procedente de actividades criminales logra acercarse a una estructura política?
Yamil Abreu: otro ejemplo que encendió las alarmas
En 2020 apareció otro caso.
Yamil Abreu Navarro, dirigente político y entonces director municipal de Las Lagunas, Azua, fue señalado por autoridades estadounidenses en relación con una organización de narcotráfico y posteriormente extraditado a Estados Unidos.
Durante aquella campaña electoral, el PLD solicitó a la JCE investigar si Abreu había realizado aportes a la campaña del PRM. El PRM rechazó las imputaciones.
Lo importante periodísticamente no es convertir una acusación política en una sentencia.
Lo importante es observar que el dinero procedente del crimen organizado ha sido señalado repetidamente como un riesgo para la política dominicana.
Y ese riesgo existe porque el narcotráfico necesita algo más que dinero:
necesita protección, contactos y acceso al poder.
El empresario también puede jugar el mismo juego
Pero sería un error pensar que el problema se limita al narcotráfico.
Existe otra relación que merece ser observada:
política y grandes intereses económicos.
Un empresario puede financiar legalmente a un candidato.
Eso, por sí solo, no es un delito.
El problema aparece cuando una contribución política se convierte en una inversión esperando un retorno desde el Estado.
Por ejemplo:
un empresario financia una campaña;
el candidato gana;
el nuevo gobierno necesita contratar obras, servicios o suministros;
el empresario termina participando en negocios con el Estado.
En ese punto la pregunta periodística es inevitable:
¿fue una donación política o una inversión esperando retorno?
No se puede acusar de corrupción solamente porque exista una relación entre un donante y un contrato. Pero sí se puede investigar si hubo conflictos de interés, tráfico de influencias, sobreprecios, contratación irregular o decisiones públicas favorables al financista.
Odebrecht mostró hasta dónde puede llegar el problema
El caso Odebrecht es uno de los ejemplos más claros de por qué el financiamiento político merece vigilancia.
Documentos relacionados con la investigación revelaron pagos codificados vinculados a aportes de campaña en República Dominicana. Una investigación periodística de Diario Libre reportó pagos de US$50,000 y dos de US$100,000 asociados a códigos que las investigaciones relacionaron con aportes políticos.
Además, durante el proceso judicial dominicano sobre Odebrecht, el tema del financiamiento electoral llegó directamente al debate político cuando Temístocles Montás afirmó haber recibido recursos de Ángel Rondón para campañas presidenciales, mientras otros dirigentes y responsables financieros de campañas negaron haber recibido dinero de Odebrecht.
Eso deja una lección:
el dinero privado puede entrar a la política buscando influencia, pero también puede entrar buscando contratos.
Y cuando ambas cosas se mezclan, la democracia comienza a funcionar como un mercado.
El problema no es gastar dinero. El problema es el compromiso que puede quedar detrás
Aquí está el punto central.
No todo político que gasta mucho dinero es corrupto.
No todo empresario que aporta dinero espera un contrato.
No todo donante tiene malas intenciones.
Y no toda campaña costosa significa compra de votos.
Pero existe una realidad que no puede ignorarse:
mientras más caro sea competir por el poder, mayor será la importancia de saber quién financia esa competencia.
La JCE exige a los partidos y candidatos reportar ingresos y gastos y mantiene mecanismos de fiscalización.
El problema es que la transparencia formal no siempre permite conocer toda la economía política que rodea una campaña.
Participación Ciudadana ha señalado precisamente debilidades en la información disponible sobre los gastos de precampaña.
El verdadero negocio comienza después de las elecciones
Aquí está la parte que debería preocupar más al ciudadano.
Una campaña termina el día de las elecciones.
Pero los compromisos económicos pueden comenzar al día siguiente.
El político que ganó tiene que gobernar.
Y desde el Gobierno se toman decisiones sobre:
obras públicas;
contratos;
permisos;
concesiones;
impuestos;
exoneraciones;
terrenos;
compras del Estado;
financiamiento público;
regulaciones;
nombramientos.
Por eso, una campaña no debe analizarse solamente preguntando:
¿Quién ganó?
También hay que preguntar:
¿Quién financió?
¿Cuánto puso?
¿De dónde salió el dinero?
¿Qué recibió después?
Y quizás la pregunta más importante:
¿Cuánto terminó pagando el país por aquella campaña?
La democracia no debería funcionar como una inversión privada
El ciudadano común vota pensando que está escogiendo a una persona para administrar el Estado.
Pero algunos actores pueden mirar las elecciones de otra manera.
Para ellos, la campaña puede ser una inversión.
Ponen dinero hoy.
Esperan influencia mañana.
El problema aparece cuando el retorno de esa inversión sale del bolsillo de todos.
Entonces el político puede enriquecerse.
El empresario puede aumentar sus negocios.
El contratista puede conseguir obras.
Y el ciudadano termina pagando la factura.
Por eso la discusión sobre el financiamiento político no es un asunto técnico reservado para abogados, contadores o funcionarios electorales.
Es una discusión sobre quién manda realmente después de que se cuentan los votos.
Porque una cosa es ganar una elección con dinero.
Y otra muy distinta es que, después de ganar, el dinero termine ganando el Gobierno.
La pregunta que queda
República Dominicana tiene elecciones competitivas, millones de votantes y un sistema formal de financiamiento político.
Pero mientras no exista suficiente transparencia sobre todo el dinero que entra en las campañas, siempre quedará una pregunta pendiente:
¿El político llega al poder porque la gente lo escogió o porque hubo suficiente dinero para convencer, movilizar y organizar a la gente para que lo escogiera?
La respuesta no es igual para todos los candidatos.
Pero investigar esa diferencia es precisamente una de las tareas fundamentales del periodismo.
Y en una democracia, el dinero que financia una campaña nunca debería ser más importante que los votos que la deciden.
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