La democracia de la República Dominicana necesita menos abstención y más participación: llegó la hora del voto obligatorio
Cada cuatro años, República Dominicana repite el mismo ciclo electoral: los partidos movilizan sus estructuras, el oficialismo enfrenta acusaciones de utilizar los recursos del Est...
Cada cuatro años, República Dominicana repite el mismo ciclo electoral: los partidos movilizan sus estructuras, el oficialismo enfrenta acusaciones de utilizar los recursos del Estado en su favor, resurgen las denuncias de compra de votos y clientelismo, mientras millones de ciudadanos optan por no acudir a las urnas. Quizás el verdadero problema no sea quién vota, sino quién decide no hacerlo. En lugar de seguir buscando fórmulas para limitar o condicionar el derecho al sufragio de determinados sectores, el país debería abrir un debate mucho más profundo y trascendental: establecer el voto obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad con derecho al sufragio, con el propósito de fortalecer la participación, reducir el peso de las maquinarias políticas y otorgar mayor legitimidad a los resultados electorales.
El verdadero problema no es quién vota, sino quién deja de votar
Después de cada elección aparecen las mismas críticas.
Que los empleados públicos respaldan al Gobierno porque dependen de su salario.
Que existen estructuras clientelares.
Que hay compra de votos.
Que los programas sociales influyen en el comportamiento electoral.
Que los partidos tradicionales movilizan sus bases mientras el ciudadano independiente permanece en su casa.
Todas esas críticas contienen elementos reales.
Sin embargo, ninguna se resolverá restringiendo el derecho al voto.
Por el contrario, la solución democrática consiste en ampliar la participación hasta que ningún grupo organizado pueda decidir el destino del país aprovechando la apatía del resto de la sociedad.
La abstención fortalece las estructuras políticas
En las elecciones presidenciales de 2024 el padrón electoral superó los ocho millones de ciudadanos.
Sin embargo, únicamente votó alrededor del 54 % del electorado.
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Eso significa que cerca de 3.7 millones de dominicanos inscritos decidieron no participar.
Mientras tanto, los partidos políticos sí movilizan prácticamente toda su estructura.
Votan los dirigentes.
Votan los militantes.
Votan quienes ocupan cargos públicos.
Votan quienes esperan obtener uno.
Votan quienes tienen un interés directo en el resultado electoral.
El problema es evidente.
Cuando el ciudadano independiente se abstiene, el peso relativo de las estructuras organizadas aumenta automáticamente.
No porque tengan más votos.
Sino porque hay menos ciudadanos comunes participando.
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El debate sobre los empleados públicos revela un problema mayor
Con frecuencia surge una pregunta incómoda.
¿Puede un empleado público votar completamente libre cuando su estabilidad laboral puede depender del partido que gane las elecciones?
Es una interrogante legítima.
No porque los empleados públicos sean menos ciudadanos que los demás.
Sino porque existe un evidente conflicto de intereses cuando una parte importante del electorado depende económicamente del mismo Estado que administra el partido gobernante.
Pero prohibirles votar no resolvería el problema.
Sería sustituir una distorsión por otra aún mayor.
Además de resultar difícil de justificar constitucionalmente, abriría la puerta para excluir mañana a cualquier otro grupo social bajo el argumento de que también posee intereses económicos.
La democracia no consiste en reducir el número de votantes.
Consiste en garantizar que todos participen en igualdad de condiciones.
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Si todos votan, el clientelismo pierde fuerza en la República Dominicana
La compra de votos funciona porque normalmente se concentra sobre una parte relativamente pequeña del electorado.
Mientras menor es la participación, mayor impacto tiene cada voto comprado.
Pero cuando prácticamente toda la población participa, el costo político y económico de manipular una elección aumenta considerablemente.
Ninguna organización puede comprar millones de votos.
Ningún partido puede sostener una estrategia basada únicamente en el clientelismo cuando la inmensa mayoría de la población participa activamente.
El voto obligatorio no elimina la compra de votos.
Pero reduce significativamente su capacidad de alterar el resultado final.
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El voto obligatorio no es una idea nueva
Algunos de los sistemas democráticos más consolidados del mundo utilizan esta modalidad.
Australia incorporó el voto obligatorio en 1924.
Bélgica lo aplica desde el siglo XIX.
Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay también cuentan con diferentes modalidades de obligatoriedad electoral.
La experiencia internacional demuestra que cuando la participación supera el 90 %, los gobiernos necesitan convencer a toda la sociedad y no únicamente a sus bases políticas.
Eso fortalece la legitimidad democrática.
También obliga a los partidos a hacer mejor política
Cuando votar deja de ser opcional, cambia completamente la lógica de las campañas.
Los partidos ya no pueden concentrarse únicamente en movilizar a sus seguidores.
Deben presentar propuestas capaces de convencer incluso al ciudadano más inconforme.
La competencia deja de depender exclusivamente de quién tiene la mejor maquinaria electoral.
Empieza a depender mucho más de quién ofrece mejores soluciones para el país.
La obligación debe ser para todos
Si República Dominicana decide avanzar hacia un modelo de voto obligatorio, el principio debe ser claro.
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio deben participar.
Sin excepciones arbitrarias.
El empleado público.
El trabajador privado.
El empresario.
El agricultor.
El profesional independiente.
El joven.
El adulto mayor.
Todos.
Al mismo tiempo, el país puede abrir otro debate constitucional sobre la exclusión de militares y policías del derecho al voto, una limitación que existe actualmente en la Constitución.
Si el objetivo es fortalecer la democracia, la conversación debe orientarse hacia una participación cada vez más amplia y no hacia nuevas restricciones.
El voto obligatorio debe ir acompañado de sanciones ejemplares
Obligar a votar no basta.
También debe convertirse en una prioridad nacional combatir de manera frontal la compra de votos.
Las sanciones actuales existen, pero su aplicación continúa siendo insuficiente.
Comprar votos debería implicar consecuencias penales efectivas.
Los partidos que organicen esquemas sistemáticos de compra de votos deberían enfrentar sanciones económicas y electorales.
Los funcionarios que utilicen recursos públicos para favorecer candidaturas deberían perder inmediatamente sus cargos y responder ante la justicia.
La democracia no puede competir contra el dinero del Estado ni contra el dinero ilegal.
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Votar debe ser un deber ciudadano
La Constitución dominicana ya define el sufragio como un derecho y un deber.
Sin embargo, ese deber carece de consecuencias prácticas.
La democracia no puede depender únicamente de quienes tienen un interés directo en el resultado electoral.
También necesita la participación de quienes normalmente permanecen en silencio.
Porque cuando millones de ciudadanos renuncian a votar, otros deciden por ellos.
Más participación significa mejores gobiernos
Existe una diferencia enorme entre ganar una elección movilizando una estructura política y ganarla convenciendo a casi toda la población.
El voto obligatorio obliga a los gobiernos a gobernar para todos.
Reduce el peso relativo del clientelismo.
Disminuye la influencia de las maquinarias partidarias.
Hace más difícil que una elección pueda decidirse mediante la compra de votos.
Y fortalece la legitimidad de quien resulte electo.
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República Dominicana no necesita menos electores.
Necesita más ciudadanos participando.
Porque una democracia fuerte no es aquella donde votan únicamente quienes tienen algo que ganar.
Es aquella donde todos participan porque entienden que decidir el futuro del país no es solamente un derecho.
Es una responsabilidad compartida.
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