Mientras el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), exhibe con orgullo 20 meses consecutivos con calificación perfecta en los portales de transparencia, la realidad en las calles cuenta una historia radicalmente distinta: desorden, impunidad y una peligrosa normalización del caos vial. La puntuación de 100 otorgada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental responde a criterios técnicos claros: publicación de datos, acceso a la información, cumplimiento normativo. Todo en orden… en el papel. Pero la transparencia administrativa no necesariamente se traduce en eficacia institucional.
Un video reciente muestra motoristas realizando piruetas en pleno elevado de la avenida Máximo Gómez, paralizando el tránsito y desafiando abiertamente la autoridad. No es un hecho aislado, es un síntoma.
En la Ciudad Colonial, espacio recuperado con inversión pública para priorizar al peatón, las aceras han sido tomadas como parqueos improvisados por motocicletas y vehículos eléctricos. Esto ocurre en violación directa a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece sanciones claras para quienes ocupen indebidamente estos espacios.
Más grave aún: el comportamiento imprudente de motoristas —cruzar en rojo, circular sin casco, invadir carriles— no solo persiste, sino que se ha normalizado durante décadas. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha sido consistentemente tolerado.
Aquí es donde el discurso oficial pierde fuerza.
El director del INTRANT, Milton Morrison, afirma que estos resultados reflejan “confianza” y “fortalecimiento institucional”. Pero la pregunta es inevitable: ¿confianza de quién y basada en qué?
Porque la ciudadanía no evalúa portales web. La ciudadanía evalúa lo que vive:
Por su parte, Milagros Ortiz Bosch, desde la DIGEIG, certifica procesos, no resultados tangibles en la vida diaria. Y ahí está el punto crítico: el Estado dominicano ha perfeccionado la forma, pero sigue fallando en el fondo.
El problema no es que el INTRANT cumpla con la transparencia. Eso es positivo y necesario. El problema es que ese cumplimiento se está utilizando, implícitamente, como indicador de buena gestión, cuando en realidad no mide lo esencial: el control del tránsito y la seguridad vial.
Estamos ante un caso clásico de “cumplimiento burocrático” sin impacto real.
Esto no es solo una falla técnica, es una responsabilidad del gobierno encabezado por Luis Abinader.
Porque cuando el Estado no logra hacer cumplir normas básicas de convivencia vial, lo que se transmite es un mensaje peligroso: la ley es opcional.
Y cuando la ley es opcional en algo tan cotidiano como el tránsito, el problema deja de ser vial y pasa a ser cultural e institucional.
Entonces, la pregunta no es retórica, es estratégica:
¿Qué se está celebrando?
¿Una institución que publica correctamente sus informes, o una que garantiza orden en las calles?
Porque si el resultado visible es:
Entonces no hay gestión que presumir, hay una crisis que enfrentar
La transparencia no puede ser un escudo para ocultar la ineficiencia operativa. Al contrario, debería ser una herramienta para evidenciarla y corregirla.
Y en política pública, percepción sostenida termina siendo realidad.
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