La discusión sobre la posible explotación del Proyecto Romero en San Juan de la Maguana ha dejado de ser un simple debate técnico para convertirse en una línea divisoria entre dos visiones de país: una que prioriza la rentabilidad inmediata de los recursos minerales, y otra que defiende la sostenibilidad, el agua y la vida como ejes irrenunciables del desarrollo.
Hoy, los sanjuaneros están enviando un mensaje claro y contundente: no se trata solo de una mina, se trata de su futuro.
La experiencia dominicana con la minería metálica ha sido, en el mejor de los casos, cuestionable. Las promesas de desarrollo, empleo y dinamización económica rara vez han compensado los impactos ambientales, sociales y de salud que quedan como pasivo a largo plazo. Y ese precedente pesa. Pesa en la memoria colectiva y pesa en la desconfianza hacia las autoridades.
Porque aquí hay otro elemento clave: la credibilidad institucional. Un Estado que ha administrado presupuestos históricos sin lograr transformaciones proporcionales en infraestructura, calidad de servicios y bienestar social, difícilmente puede pedirle a la población un “voto de confianza” para gestionar un proyecto de alto riesgo ambiental. La confianza no se decreta; se construye con resultados, y esos resultados, en muchos casos, han sido insuficientes.
Por eso, el rechazo no es irracional ni ideológico. Es preventivo. Es una lectura pragmática de la realidad: si con menos riesgo no se ha garantizado eficiencia, ¿por qué asumir un riesgo mayor?
El argumento de que “el oro traerá desarrollo” choca directamente con una verdad más profunda: el agua sostiene la vida, la producción y la estabilidad social. Sin agua limpia, no hay agricultura. Sin agricultura, no hay economía local. Y sin economía local, lo que queda es dependencia y deterioro.
La consigna “El agua vale más que el oro” no es un eslogan vacío; es una síntesis estratégica de prioridades.
Desde una perspectiva de interés nacional, permitir la explotación de esta mina sin un consenso social claro y sin garantías ambientales robustas sería un error de alto costo. No solo por los posibles daños ecológicos, sino por el precedente político: abriría la puerta a decisiones de alto impacto tomadas sin legitimidad social.
La huelga en San Juan no es un hecho aislado. Es una señal de alerta. Es una manifestación de que hay comunidades dispuestas a defender su territorio, incluso frente al aparato estatal.
En ese contexto, la posición es clara:
Hackeandoelsistema.net respalda de manera firme la no explotación del Proyecto Romero en San Juan de la Maguana.
Este no es el momento de imponer proyectos, es el momento de escuchar. No es el momento de priorizar intereses extractivos, es el momento de proteger los recursos estratégicos del país. Y, sobre todo, no es el momento de cometer un error irreversible.
La ciudadanía tiene un rol determinante. La historia ha demostrado que cuando la sociedad se organiza, informa y presiona, puede incidir en decisiones que parecían inamovibles. La defensa del agua, del territorio y de la salud colectiva no puede delegarse completamente en instituciones que no han demostrado la consistencia necesaria.
La pregunta ahora es si el resto del país estará a la altura de esa defensa.
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