No existe una sola razón para sustituir el arroz dominicano por arroz estadounidense

Abinader prometió proteger la producción nacional.

Ahora, después de ceder ante las exigencias comerciales de Estados Unidos, el Gobierno tendrá que explicar qué gana República Dominicana con poner en riesgo uno de los sectores esenciales de su seguridad alimentaria.

Hay decisiones económicas que pueden discutirse desde diferentes posiciones ideológicas. Pero cuando hablamos de arroz, alimentación y producción nacional, hay una pregunta que debería estar por encima de cualquier negociación comercial:

¿Qué gana el dominicano sustituyendo su arroz por arroz importado de Estados Unidos?

La respuesta, por ahora, no resulta evidente.

El Gobierno dominicano acaba de derogar, mediante el Decreto 635-26, el Decreto 693-24, que había establecido un régimen arancelario para proteger la producción nacional de arroz. La decisión ocurre en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos y después de que autoridades estadounidenses plantearan como importante la eliminación de esa protección. Diario Libre

Y aquí comienza el problema.

República Dominicana sí produce arroz

No estamos hablando de un país incapaz de alimentar a su población.

En 2025, República Dominicana produjo 14.78 millones de quintales de arroz, una cifra récord. El propio Gobierno ha presentado esa producción como un pilar de la seguridad alimentaria nacional. Presidencia de la República Dominicana

Los datos más recientes indican que la producción nacional cubrió aproximadamente 96 % del consumo estimado de arroz en 2025, mientras las importaciones completaron el faltante. Es decir: el país está extraordinariamente cerca de cubrir por sí mismo la totalidad de su demanda.

Incluso el Ministerio de Agricultura había destacado anteriormente que entre 2021 y 2024 la producción promedio superaba el consumo interno y que el país tenía capacidad para producir excedentes. Presidencia de la República Dominicana

Entonces, la discusión no debería ser “¿cómo conseguimos arroz?”

La pregunta correcta es:

¿Por qué vamos a poner en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes ya producen el alimento que consume el país?

¿Más competencia significa automáticamente arroz más barato?

No necesariamente.

Ese es uno de los argumentos que debemos cuestionar.

Abrir el mercado puede aumentar la competencia, pero no existe garantía de que esa competencia termine trasladándose proporcionalmente al consumidor. El precio final depende de importadores, intermediarios, costos logísticos, almacenamiento, distribución y márgenes comerciales.

Mientras tanto, el productor dominicano sí tiene que seguir pagando tierra, mano de obra, combustible, maquinaria, fertilizantes, financiamiento y otros costos de producción.

Por eso, si el objetivo realmente fuera reducir el precio al consumidor, el Gobierno debería explicar cuánto espera que baje la libra de arroz, en cuánto tiempo y mediante qué mecanismo.

Porque hasta ahora la discusión parece concentrarse mucho más en facilitar el acceso del arroz extranjero que en garantizar que el consumidor dominicano reciba un beneficio concreto.

Y hay otro elemento: la calidad

El arroz dominicano no es un producto que necesite ser sustituido porque sea inferior.

El país ha desarrollado variedades y sistemas de producción que han elevado considerablemente la calidad del grano. El propio Gobierno destaca actualmente el mejoramiento genético, la mecanización y los altos rendimientos del sector. Presidencia de la República Dominicana

Por eso resulta difícil aceptar la idea de que el consumidor dominicano necesita importar arroz estadounidense porque el producto nacional no está a la altura.

El arroz dominicano forma parte de nuestra cultura alimentaria, tiene aceptación en el mercado y sostiene una cadena productiva completa.

Sobre la salud: cuidado con las comparaciones

Aquí también debemos ser responsables.

Es cierto que el arsénico inorgánico en el arroz es un problema reconocido científicamente. La FDA ha estudiado sus riesgos y señala que la exposición prolongada puede estar asociada con determinados riesgos para la salud. U.S. Food and Drug Administration

También existen investigaciones de Consumer Reports que han encontrado diferencias importantes en los niveles de arsénico dependiendo del tipo y origen del arroz, con niveles históricamente más altos en determinadas regiones del sur de Estados Unidos. Consumer Reports

Pero sería irresponsable afirmar, sin análisis comparativos específicos de los productos que llegarían a República Dominicana, que todo arroz estadounidense es más peligroso que todo arroz dominicano.

La verdadera pregunta que debería hacerse el Gobierno es otra:

¿Qué controles de inocuidad y análisis de contaminantes se aplicarán al arroz importado y cómo se compararán con los controles aplicados al arroz nacional?

Porque la seguridad alimentaria no consiste únicamente en tener arroz disponible. Consiste también en saber qué estamos poniendo en el plato de los dominicanos.

Abinader prometió proteger la producción nacional

Y aquí aparece la contradicción política.

El presidente Abinader y su Gobierno han presentado repetidamente la producción agropecuaria como un asunto de seguridad alimentaria, soberanía económica y estabilidad nacional. El propio presidente ha destacado que producir alimentos es una garantía de seguridad y estabilidad para el país. Presidencia de la República Dominicana

Pero ahora, cuando llegó el momento de sostener una protección específica para uno de los sectores agrícolas más importantes, el Gobierno derogó el mecanismo.

Y lo hizo precisamente cuando Estados Unidos reclamaba mayor acceso para su arroz.

Eso permite una conclusión política perfectamente legítima:

El Gobierno cedió ante una presión externa en detrimento de una protección que había creado para defender la producción nacional.

No es necesario exagerar la acusación. Los hechos son suficientes.

Estados Unidos manifestó que era importante derogar el Decreto 693-24 para garantizar el acceso de su arroz al mercado dominicano. Posteriormente, el Gobierno dominicano aprobó el Decreto 635-26, que dejó sin efecto aquella protección. Diario Libre

¿Y quién pagará la factura?

Ese es el verdadero problema.

Porque si después de abrir el mercado los productores dominicanos comienzan a perder rentabilidad, el Gobierno podría terminar teniendo que crear subsidios, financiamiento especial, compensaciones o nuevos programas de apoyo para evitar que desaparezca parte de la producción.

Entonces tendríamos una paradoja:

Primero quitamos la protección al productor dominicano y después utilizamos dinero público para evitar que ese productor desaparezca.

¿Tiene sentido?

Para mí, no.

República Dominicana no necesita que le enseñen a producir arroz. Ya lo produce. Produce millones de quintales, sostiene miles de empleos y mantiene una cadena que va desde el campo hasta las factorías, los transportistas, comerciantes y consumidores.

El desafío debería ser reducir sus costos, aumentar su productividad y hacerlo más competitivo.

No simplemente abrirle la puerta a quien viene de afuera.

El arroz no es cualquier mercancía

El arroz es comida.

Es seguridad alimentaria.

Es campo.

Es empleo.

Es producción nacional.

Y, sobre todo, es soberanía.

Por eso, no existe una razón suficientemente poderosa para sacrificar la producción arrocera dominicana en nombre de una negociación comercial si el país ya tiene la capacidad de producir prácticamente todo el arroz que consume.

Si Estados Unidos quiere vender su arroz en República Dominicana, que compita. Pero la competencia debe ser acompañada de una política que proteja al productor dominicano, garantice condiciones justas y preserve nuestra capacidad de producir nuestros propios alimentos.

Porque un Gobierno puede negociar tratados.

Puede negociar aranceles.

Puede negociar acceso a mercados.

Pero hay algo que nunca debería negociar:

la seguridad alimentaria de su propio pueblo.

Y si para satisfacer a Estados Unidos había que desmontar la protección del arroz dominicano, entonces el Gobierno de Luis Abinader tiene una explicación pendiente con los productores y con todos los dominicanos.

Porque esta vez no se trata simplemente de arroz. Se trata de quién decide qué se protege primero: los intereses comerciales de Estados Unidos o los intereses productivos de República Dominicana.