BÁVARO–PUNTA CANA NOS OBLIGA A PREGUNTARNOS: ¿DÓNDE ESTÁ EL GOBIERNO?
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Lo que está ocurriendo en Bávaro y Punta Cana no debería analizarse como un episodio aislado ni reducirse a una discusión sobre nacionalidades.
Es, sobre todo, una prueba para la capacidad del Estado dominicano de hacer cumplir sus propias leyes en uno de los territorios más estratégicos del país.
En los últimos meses, la zona de La Altagracia ha sido escenario recurrente de operativos migratorios. La Dirección General de Migración ha intervenido sectores como Friusa, Verón, Bávaro, Cabeza de Toro y Uvero Alto, con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía. En agosto, por ejemplo, reportó 226 detenidos en La Altagracia y Santo Domingo dentro de un operativo nacional que produjo 1,598 aprehensiones. Migración Dominicana
Y el problema vuelve a aparecer.
El 4 de octubre, el INTRANT informó que retuvo cinco autobuses y microbuses durante un operativo en Friusa. Según la institución, tres eran operados por ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y otros dos por dominicanos; las unidades eran utilizadas para transportar ciudadanos haitianos. CDN Dominican News
Eso plantea una pregunta que el Gobierno no puede esquivar:
¿Quién controla realmente lo que ocurre en determinadas zonas de Bávaro–Punta Cana?
Porque una cosa es que el Estado realice operativos.
Otra muy distinta es que tenga control permanente y efectivo del territorio.
La ley tiene que valer para todos
Aquí hay que establecer una línea clara.
Si una persona se encuentra en situación migratoria irregular, el Estado tiene la obligación de aplicar la legislación migratoria correspondiente.
Si un empresario contrata trabajadores sin cumplir las normas.
Si alguien transporta personas en violación de las disposiciones legales.
Si una persona agrede a un agente de autoridad.
Si existe una red organizada para facilitar entradas o permanencias irregulares.
Cada caso debe investigarse y, cuando corresponda, someterse ante la justicia.
No puede existir una República Dominicana donde la ley sea estricta para unos y negociable para otros.
Pero tampoco puede confundirse la condición migratoria irregular con delincuencia. Ser extranjero o estar irregularmente en el país no convierte automáticamente a una persona en delincuente. La responsabilidad penal debe establecerse individualmente.
Precisamente por eso el Estado debe actuar con más rigor institucional, no con menos.
El Gobierno sí está actuando. Pero la pregunta es si está actuando suficientemente
Aquí aparece una precisión importante.
No sería correcto decir que el Gobierno dominicano simplemente “no hace nada”.
Los datos oficiales muestran una actividad migratoria considerable.
La DGM ha realizado múltiples operativos en Bávaro, Verón, Higüey y otras zonas del Este. En junio reportó 87 detenidos en La Altagracia dentro de un operativo que produjo 1,286 aprehensiones a nivel nacional. Migración Dominicana
Y en septiembre la DGM informó que estaba utilizando herramientas de inteligencia y controles biométricos, detectando alertas migratorias e intentos de tránsito con documentación fraudulenta, incluyendo casos detectados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Migración Dominicana
Además, entre enero y agosto de 2026, Migración informó que llevó ante el Ministerio Público 198 casos relacionados con delitos migratorios, incluyendo expedientes vinculados al transporte de extranjeros con estatus irregular y documentación falsa. Presidencia de la República Dominicana
Por tanto, el verdadero cuestionamiento es otro:
¿Son suficientes esas acciones para producir un control permanente del territorio?
Esa es la discusión seria.
Porque hacer un operativo cada cierto tiempo no necesariamente significa haber solucionado el problema.
Bávaro no puede convertirse en una zona de excepción
Punta Cana es uno de los principales motores económicos y turísticos de República Dominicana.
Precisamente por eso el Estado tiene que garantizar allí un nivel extraordinario de institucionalidad.
No puede haber comunidades donde la autoridad aparezca únicamente cuando estalla una crisis.
No puede haber sectores donde el transporte opere al margen de las normas.
No puede haber empleadores que construyan sus negocios sobre trabajadores cuya situación migratoria nunca fue verificada.
Y tampoco puede existir una respuesta basada únicamente en deportaciones.
Hay que perseguir también a quienes crean el mercado que hace posible la irregularidad.
Si una empresa necesita mano de obra extranjera, debe contratarla conforme a la ley.
Si necesita trabajadores haitianos, debe cumplir las reglas correspondientes.
Si necesita trabajadores dominicanos, igualmente debe respetar las leyes laborales.
Porque el problema migratorio no se resuelve mirando únicamente al extranjero que cruza la frontera.
También hay que mirar al dominicano que lo transporta, lo emplea, le alquila, le facilita documentación falsa o participa en redes de tráfico, cuando esas conductas sean ilegales.
¿Y dónde está el liderazgo político?
Aquí es donde la pregunta dirigida al Gobierno cobra sentido.
El presidente Luis Abinader estuvo recientemente en La Altagracia para poner en marcha la segunda fase del nuevo modelo de patrullaje policial, con 990 agentes incorporados a la región Este, distribuidos en 84 cuadrantes y 39 corredores. Presidencia de la República Dominicana
Eso demuestra que el Gobierno reconoce que la seguridad en la región necesita refuerzo.
Pero los ciudadanos tienen derecho a preguntar:
¿Cuál es el plan integral para Bávaro, Verón, Friusa y Punta Cana?
¿Quién controla el transporte?
¿Quién fiscaliza a los empleadores?
¿Quién controla los asentamientos irregulares?
¿Quién identifica a los reincidentes?
¿Quién persigue a las redes que facilitan la migración irregular?
¿Quién garantiza que los agentes puedan hacer su trabajo sin ser agredidos?
¿Quién responde cuando una intervención termina con una persona muerta?
Esta última pregunta tampoco puede ignorarse. El 4 de octubre, Diario Libre reportó la muerte de un ciudadano haitiano de 23 años tras recibir un disparo durante una persecución en Villa Playboy, Verón-Punta Cana, durante un operativo de Migración. El caso requiere investigación para establecer exactamente qué ocurrió y las responsabilidades correspondientes. Diario Libre
La autoridad tiene que ser firme, pero también tiene que rendir cuentas.
Eso es Estado de derecho.
No se trata de ONU contra República Dominicana
También conviene desmontar una idea que aparece con frecuencia en el debate público: atribuir automáticamente cualquier presión migratoria a una supuesta conspiración de la ONU o de las ONG.
Para sostener una acusación de esa magnitud hacen falta pruebas concretas.
El Gobierno dominicano puede y debe defender su política migratoria ante cualquier organismo internacional sin necesidad de convertir cada crítica externa en una conspiración.
La soberanía no se demuestra insultando a organismos internacionales.
Se demuestra teniendo instituciones capaces de aplicar la ley.
La verdadera pregunta para 2028
Y aquí es donde este debate inevitablemente termina entrando en la política.
Los dominicanos tienen derecho a evaluar a sus gobiernos por su capacidad para garantizar seguridad, soberanía, control migratorio e institucionalidad.
No hace falta esperar a 2028 para comenzar esa evaluación.
Los resultados están ocurriendo ahora.
La pregunta no debería ser solamente:
“¿Cuántos deportaron?”
Debe ser:
“¿Qué tan difícil es entrar ilegalmente, permanecer ilegalmente y reincidir en República Dominicana?”
Y también:
“¿Qué consecuencias enfrenta quien facilita esa irregularidad desde dentro del país?”
Porque si solamente deportamos a una persona y detrás de ella quedan diez empleadores, transportistas, falsificadores o traficantes dispuestos a reemplazarla, el sistema seguirá reproduciendo el problema.
Ya basta de improvisación
Bávaro–Punta Cana necesita una política integral.
Migración.
Policía.
Ejército.
INTRANT.
Ministerio Público.
Ministerio de Trabajo.
Ayuntamientos.
Empresarios.
Hoteleros.
Y, sobre todo, una dirección política clara.
No una política contra los haitianos.
Una política contra la ilegalidad.
No una política de persecución colectiva.
Una política de control territorial.
No una política basada en discursos.
Una política basada en datos, inteligencia, tecnología y aplicación efectiva de la ley.
El Estado dominicano no necesita demostrar que es más fuerte que nadie.
Necesita demostrar algo mucho más básico:
Que en la República Dominicana las reglas se cumplen.
Porque si el Gobierno quiere que los ciudadanos confíen en sus instituciones, no basta con anunciar operativos después de cada crisis.
Tiene que conseguir que llegue el día en que Bávaro, Punta Cana, Friusa y cualquier otra comunidad del país puedan responder una pregunta sencilla:
¿Quién manda aquí?
Y la respuesta, en cualquier Estado soberano, debería ser inequívoca:
La ley.
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