¿Quién paga los gastos del ministro David Collado y a cambio de qué?
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Hay una discusión que puede parecer menor, pero que en realidad toca uno de los principios más delicados de la función pública:
la independencia con la que un funcionario toma decisiones cuando administra asuntos que afectan directamente a intereses privados.
David Collado ha explicado públicamente que no utiliza recursos del Ministerio de Turismo para cubrir sus gastos personales de viajes. En una entrevista con Diario Libre, afirmó que no recibe viáticos del Ministerio, que no utiliza boletos aéreos ni habitaciones de hotel pagadas por esa institución y que procura cubrir personalmente sus gastos. También explicó que las actividades de presentación de resultados se realizan junto al sector privado y que, según su versión, el Ministerio no eroga recursos para esas actividades. Diario Libre
Hasta ahí, podría parecer un ejemplo de austeridad.
Pero existe una segunda pregunta que merece ser respondida.
Si el ministro no paga esos gastos con recursos públicos, ¿quién los paga?
Y esa pregunta no constituye una acusación de corrupción. Es una pregunta de transparencia institucional.
El problema no es solamente quién paga
Turismo es uno de los sectores donde la frontera entre lo público y lo privado es particularmente estrecha.
El Ministerio tiene relación permanente con hoteles, líneas aéreas, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, operadores turísticos y otros actores económicos que tienen intereses concretos en las decisiones, políticas, promociones y regulaciones del Estado.
Por eso la pregunta no debería ser solamente cuánto dinero público se ahorra.
También debería ser:
¿Quién asumió el gasto?
¿Qué gasto asumió?
¿Cuál fue el monto?
¿Bajo qué mecanismo?
¿Existe algún registro?
Y, sobre todo:
¿Existe alguna relación entre quien paga y alguna decisión administrativa que pueda beneficiarlo?
Ese es precisamente el terreno donde aparece el concepto de conflicto de intereses.
El Ministerio de Administración Pública explica que el artículo 138 de la Constitución establece el principio de objetividad de la Administración Pública y señala que los funcionarios deben alejarse de sus intereses particulares al tomar decisiones. Además, recuerda que los artículos 79 y 80 de la Ley 41-08 contienen disposiciones destinadas a prevenir conflictos de intereses y beneficios o compensaciones vinculados al ejercicio de la función pública. Gobierno de la República Dominicana
La propia normativa habla de beneficios privados
El Código de Pautas Éticas utilizado por la Administración Pública establece un principio todavía más claro: los funcionarios deben rechazar dádivas, regalos, incentivos o beneficios privados cuando estén relacionados con servicios o acciones vinculados al cargo que ocupan. Digecac
Y aquí aparece una distinción fundamental.
Que una empresa privada pague directamente un gasto no significa automáticamente que exista una irregularidad.
Pero tampoco significa automáticamente que no exista un problema ético.
Porque existe algo que las normas de integridad pública denominan conflicto de interés aparente: una situación en la que puede no existir influencia indebida, pero las circunstancias pueden llevar razonablemente a terceros a pensar que esa influencia podría existir. La Dirección General de Contrataciones Públicas reconoce expresamente esta categoría. DGCP
En otras palabras:
No basta con ser independiente. También hay que poder demostrarlo.
La paradoja de la austeridad
Aquí está la parte interesante del caso Collado.
El ministro ha convertido precisamente esa práctica en una explicación de austeridad: no cargarle al Estado sus gastos personales.
Eso merece ser reconocido como una posición que él mismo ha explicado públicamente.
Pero la transparencia tiene una segunda mitad.
Si el Estado no paga, la sociedad tiene derecho a saber quién está pagando cuando esos gastos están relacionados con actividades oficiales del ministro.
Porque el sector privado que participa en turismo no es un espectador neutral.
Son precisamente empresas y empresarios que interactúan con el Ministerio, participan en actividades promocionales y tienen intereses económicos en las políticas públicas relacionadas con el sector.
El propio Ministerio mantiene un portal de transparencia donde se publica información presupuestaria y mecanismos para solicitar información pública. Dominican Republic Tourism
Entonces, si existen terceros que cubren gastos vinculados a actividades oficiales, la información debería poder ser contrastada documentalmente.
No estamos diciendo que exista un intercambio de favores
Aquí hay que ser absolutamente claros.
No existe, con la información pública revisada para este artículo, evidencia suficiente para afirmar que un empresario haya pagado un gasto de David Collado a cambio de una decisión oficial.
Hacer esa afirmación sin pruebas sería irresponsable.
Pero tampoco sería correcto cerrar la discusión simplemente porque el ministro diga que no utiliza dinero del Estado.
La pregunta cambia de:
“¿Quién pagó?”
a:
“¿Quién paga y bajo qué reglas?”
Y esa es una pregunta perfectamente legítima en cualquier democracia.
¿Por qué esto importa ahora?
Porque David Collado no es un empresario privado.
Es el ministro de Turismo de la República Dominicana y, al mismo tiempo, una figura política cuyo nombre aparece recurrentemente en las conversaciones sobre el futuro electoral del país.
Eso hace todavía más importante que cualquier relación financiera entre funcionarios y actores privados pueda ser explicada con absoluta claridad.
No porque exista una acusación concreta.
Sino precisamente para evitar que una relación legítima pueda convertirse posteriormente en una sospecha de conflicto de intereses.
Además, Collado ha hablado públicamente de transparencia como uno de los principios de su gestión. En 2022 sostuvo que la administración del Ministerio debía ser un ejemplo de transparencia y afirmó que no aceptaba condiciones particulares de empresarios o constructores. Diario Libre
Por eso la exigencia es sencilla:
si todo está en orden, transparentarlo debería ser lo más fácil.
La pregunta que queda sobre la mesa
La discusión no debería convertirse en una campaña contra David Collado ni en una defensa automática del ministro.
Debe ser mucho más sencilla.
Si un funcionario público viaja, participa en actividades oficiales y afirma que el Estado no paga sus gastos personales, entonces la sociedad puede preguntar:
¿Quién los paga?
¿Cuánto paga?
¿Por qué lo paga?
¿Existe algún vínculo contractual, comercial o administrativo con el Estado?
¿Se registran esos aportes?
Porque la austeridad personal es una cosa.
La independencia de la función pública es otra.
Y en un Estado democrático, ambas deben poder coexistir sin zonas grises.
La pregunta, como dice aquella canción que todos conocemos, sigue siendo la misma:
¿A cambio de qué?
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