ABINADER INVIERTE POCO EN SAN JUAN, FACILITA IMPORTACIONES A TASA CERO Y LUEGO PRETENDE COMPRAR HABICHUELAS A EMPRESARIOS: ¿EL NEGOCIO ES IMPORTAR Y NO PRODUCIR?
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net Tiempo estimado de lectura: 4 minutos La reciente controversia por una licitación de RD$630 millones para adquirir ingredientes destinados ...
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
La reciente controversia por una licitación de RD$630 millones para adquirir ingredientes destinados a preparar habichuelas con dulce durante la Semana Santa de 2027 revela una contradicción que merece una explicación del Gobierno de Luis Abinader: ¿por qué el Estado contempla presupuestos tan elevados para distribuir alimentos mientras los agricultores dominicanos continúan reclamando mayor respaldo para producirlos?
El contraste resulta especialmente significativo en San Juan de la Maguana, una de las principales zonas productoras de habichuelas del país.
El Ministerio de Agricultura anunció el 10 de noviembre un subsidio de RD$70 millones para facilitar la adquisición de 25,000 quintales de semillas durante el ciclo agrícola 2026-2027. Mientras tanto, apenas unos días antes, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) había convocado una licitación con un presupuesto original de RD$630 millones para adquirir ocho ingredientes destinados a un millón de kits de habichuelas con dulce.
La diferencia es llamativa: el presupuesto original de aquella compra equivalía a nueve veces el subsidio de semillas anunciado para San Juan.
No son inversiones directamente equivalentes, porque una corresponde al apoyo a la producción y la otra a un programa de asistencia alimentaria. Sin embargo, el contraste obliga a examinar las prioridades del gasto público.
¿Está el Gobierno construyendo una política que fortalezca la producción nacional o continúa dependiendo de mecanismos de compra y distribución que no siempre garantizan beneficios duraderos para nuestros agricultores?
San Juan: el granero del sur que necesita inversiones sostenidas
San Juan de la Maguana ha desempeñado históricamente un papel importante en la producción de granos de la República Dominicana.
Para el ciclo 2026-2027, Agricultura programó la siembra de 126,000 tareas de habichuelas, frente a las 74,000 del período anterior. Esto representa un aumento de aproximadamente 70.3 % en la superficie prevista.
El Gobierno anunció que incorporará siembra mecanizada y asistencia técnica, además del subsidio de RD$70 millones para semillas.
Días antes, el Ministerio había informado sobre un aporte de RD$30 millones para facilitar la liberación de semillas pignoradas, mediante un acuerdo con el Banco Agrícola y productores de la provincia.
Estas medidas representan apoyo concreto. Sería incorrecto afirmar que el Gobierno no ha destinado recursos al campo.
La discusión es si esos recursos son suficientes, si llegan oportunamente y si forman parte de una estrategia capaz de mejorar la productividad, reducir los costos agrícolas y garantizar ingresos sostenibles a los productores.
Porque sembrar habichuelas no consiste únicamente en comprar semillas. Se necesitan sistemas de riego, maquinaria, fertilizantes, caminos rurales, almacenamiento, financiamiento y mecanismos de comercialización.
Sin esos elementos, aumentar la superficie sembrada no garantiza automáticamente una cosecha rentable.
Plan San Juan: miles de millones anunciados, pero ¿cuáles son los resultados?
La administración de Abinader ha presentado el Plan San Juan como una de sus principales estrategias de transformación agrícola.
Diversos reportes periodísticos han recogido anuncios de inversiones multimillonarias, programas de financiamiento, reestructuración de deudas e intervenciones de infraestructura.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre anunciar recursos, comprometer presupuestos y demostrar resultados productivos.
La ciudadanía necesita conocer cuánto dinero se ha ejecutado efectivamente, qué obras están terminadas, cuántos agricultores han recibido apoyo y cómo ha evolucionado la producción de habichuelas desde el inicio del programa.
También necesitamos saber si las inversiones han reducido el costo por quintal producido, mejorado los rendimientos por tarea y aumentado la rentabilidad de las familias agricultoras.
El Gobierno no puede pretender que la sola presentación de cifras millonarias sea suficiente para demostrar el éxito de una política pública.
La verdadera evaluación del Plan San Juan debe hacerse en el campo, no en las ruedas de prensa.
Tasa cero: ¿protección al consumidor o ventaja para los importadores?
Otro elemento fundamental es la política de importaciones agropecuarias.
En 2022, el Gobierno promulgó la Ley 6-22, que estableció temporalmente aranceles de tasa cero para determinados productos de la canasta básica, incluyendo varias categorías de alimentos.
El argumento oficial fue que eliminar esos aranceles permitiría enfrentar el aumento de los precios internacionales, mejorar el abastecimiento y reducir las presiones inflacionarias.
Desde la perspectiva del consumidor, facilitar importaciones puede contribuir a contener precios cuando existe escasez o cuando la producción nacional no alcanza para satisfacer la demanda.
Pero desde la perspectiva del productor dominicano, el problema es diferente.
Cuando un agricultor enfrenta costos elevados de producción y debe competir con mercancías importadas que reciben ventajas arancelarias, puede quedar en una situación comercial desfavorable.
El riesgo es que una medida diseñada para enfrentar una emergencia termine debilitando los incentivos para sembrar localmente si se prolonga o se aplica sin mecanismos adecuados de protección productiva.
La Ley 6-22 tuvo carácter temporal. Por eso, no puede afirmarse que todas las importaciones actuales de habichuelas continúan entrando sin pagar aranceles por aquella disposición.
Lo que sí corresponde investigar es qué contingentes, permisos, exenciones y regímenes comerciales se aplican actualmente a las habichuelas importadas.
También debe determinarse quiénes reciben esas autorizaciones, cuánto importan y qué impacto tienen sus operaciones sobre los precios pagados a los productores dominicanos.
La licitación de RD$630 millones: una contradicción que merece explicaciones
La polémica alcanzó su punto más visible con el proceso DASAC-CCC-LPA-2026-0011.
La licitación, publicada el 30 de octubre, contemplaba originalmente un presupuesto de RD$630 millones para adquirir ocho ingredientes destinados a un millón de kits de habichuelas con dulce.
Entre las partidas figuraban RD$180 millones para habichuelas rojas, RD$90 millones para clavo dulce, RD$80 millones para leche de coco, RD$75 millones para leche evaporada y RD$70 millones para canela.
La pregunta no es si las familias vulnerables merecen recibir asistencia alimentaria. Por supuesto que la merecen.
La pregunta es por qué una compra de esa magnitud fue presupuestada inicialmente en RD$630 millones y luego reducida de manera tan considerable.
El 5 de noviembre, la DASAC modificó el procedimiento, reduciendo el monto a RD$255 millones y la cantidad prevista a 500,000 kits. También eliminó dos ingredientes.
Al día siguiente, el Gobierno dispuso la cancelación definitiva del proceso.
La reducción inicial fue de RD$375 millones, equivalente al 59.5 % del presupuesto original.
¿Cómo se explica una diferencia de RD$375 millones entre dos versiones de una misma contratación en apenas unos días?
La reducción de cantidades y la eliminación de productos explican parte de la variación, pero corresponde a la institución publicar una justificación detallada de los precios, cantidades y criterios utilizados.
Tampoco puede afirmarse que se pagaron sobreprecios, porque la licitación fue cancelada antes de adjudicarse. Sin embargo, el presupuesto inicial y sus modificaciones justifican una revisión pública de la planificación de la compra.
¿Habichuelas dominicanas o importadas?
Aquí aparece otro asunto que merece especial atención.
La DASAC sostuvo que uno de los objetivos del programa era adquirir habichuelas directamente de productores nacionales, con la intención de respaldar su comercialización.
Por tanto, no existe fundamento suficiente para afirmar que la institución había decidido comprar exclusivamente habichuelas importadas.
Pero precisamente por eso resulta necesario exigir transparencia.
Si el Estado dispone de recursos para comprar grandes volúmenes de habichuelas, ¿por qué no establecer mecanismos verificables para garantizar que esas compras beneficien efectivamente a los agricultores dominicanos?
¿Por qué no vincular las adquisiciones públicas con cooperativas, asociaciones de productores y programas de comercialización que aseguren precios justos?
El Estado tiene la oportunidad de utilizar su poder de compra para fortalecer la producción nacional, siempre respetando las normas de contratación pública y evitando privilegios para determinados intermediarios.
Lo que no puede suceder es que los agricultores asuman los riesgos de sembrar mientras otros actores concentran las oportunidades de comercialización.
El verdadero problema: producir más o depender de comprar afuera
La seguridad alimentaria de un país no consiste únicamente en garantizar que haya alimentos disponibles en los supermercados.
También implica desarrollar capacidad productiva, proteger la viabilidad económica del campo y reducir vulnerabilidades frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Las importaciones pueden ser necesarias. No todos los alimentos pueden producirse localmente en cantidades suficientes y a precios competitivos durante todo el año.
Pero cuando la importación se convierte en la respuesta habitual a las dificultades productivas, el Estado debe preguntarse si está corrigiendo las causas del problema o simplemente administrando sus consecuencias.
Si los agricultores necesitan financiamiento, riego, tecnología y mejores canales de comercialización, la solución no puede limitarse a facilitar la entrada de productos extranjeros.
Y si el Gobierno dispone de cientos de millones de pesos para programas de distribución alimentaria, debe demostrar que esas compras también contribuyen, cuando sea viable, a fortalecer las cadenas productivas nacionales.
Abinader debe explicar sus prioridades
El presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de demostrar que su política agrícola responde a una estrategia coherente.
No basta con anunciar subsidios para semillas mientras los productores siguen reclamando mejores condiciones.
No basta con hablar de seguridad alimentaria si no se presentan indicadores claros sobre productividad, rentabilidad y autosuficiencia.
Y no basta con cancelar una licitación cuestionada públicamente sin explicar detalladamente cómo se calcularon sus montos originales.
El Gobierno debe publicar una evaluación del Plan San Juan, transparentar los mecanismos actuales de importación de habichuelas, fortalecer las compras públicas a productores nacionales y demostrar que los recursos destinados al campo generan resultados sostenibles.
La discusión no es entre regalar habichuelas con dulce o ayudar a los agricultores. Ambas políticas pueden coexistir.
La discusión es si el Estado está distribuyendo sus recursos de manera eficiente y si está atendiendo las causas estructurales que dificultan producir alimentos en República Dominicana.
Porque un país que quiere garantizar su seguridad alimentaria no puede limitarse a comprar y repartir: también tiene que crear las condiciones para sembrar, cosechar y comercializar su propia producción.
Y esa es la pregunta que debe responder el Gobierno de Abinader:
¿Estamos invirtiendo lo suficiente para que San Juan produzca más habichuelas, o estamos construyendo una política agrícola donde resulta más fácil presupuestar compras millonarias que resolver los problemas históricos del productor dominicano?
Melvin Sena
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