
SOMOS HAITÍ, NO JODAN: EL ESTADIO ES LA ANÉCDOTA, EL PROBLEMA ES QUIÉN CONTROLA LA FRONTERA
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Hay una pregunta que incomoda mucho más que cualquier partido de fútbol:
¿Quién permitió que el problema migratorio haitiano alcanzara las dimensiones que hoy tiene en República Dominicana?
Porque resulta demasiado cómodo convertir el episodio del Estadio Olímpico en el gran tema nacional, discutir tres puertas, el acceso de los fanáticos, las declaraciones de jugadores y la decisión de Kelvin Cruz, mientras dejamos fuera de cámara una cuestión muchísimo más grande:
¿Qué ha hecho realmente el Estado dominicano durante los últimos años para controlar de manera permanente su territorio?
Y aquí hay que hablarle directamente al presidente Luis Abinader.
No porque todo el problema haitiano haya comenzado con Abinader —eso sería históricamente falso—, sino porque él ha tenido la responsabilidad del Poder Ejecutivo durante seis años y, por tanto, no puede desentenderse de la situación que recibió ni de la que deja como resultado de sus propias políticas.
Su Gobierno conoce perfectamente la dimensión del problema.
En octubre de 2024, el propio Gobierno anunció que ejecutaría un operativo para repatriar hasta 10,000 migrantes por semana, con el argumento de reducir el “exceso de población migrante” percibido en comunidades dominicanas. La decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, encabezado por Abinader. Presidencia de la República Dominicana
Eso significa que el Gobierno reconoció oficialmente que existía un problema de magnitud nacional.
Entonces la pregunta inevitable es:
¿Dónde estamos hoy?
EL ESTADIO NO ES EL PROBLEMA. ES EL SÍNTOMA.
El partido República Dominicana-Haití del 1 de octubre dejó una imagen que provocó una enorme discusión pública: una multitud mayoritariamente haitiana en las gradas y dificultades importantes para acceder al estadio.
Pero cuidado.
No podemos convertir la nacionalidad de quienes compraron una entrada en una prueba automática de ilegalidad migratoria.
Eso sería estadísticamente irresponsable.
El problema serio está en otro lugar.
Si el Estado dominicano permite que personas en condición irregular permanezcan en el territorio, trabajen, se movilicen y construyan redes económicas sin que exista una respuesta institucional eficaz, entonces la discusión no puede reducirse a quién llenó las gradas de un estadio.
El problema está en la capacidad del Estado para saber quién está en su territorio y bajo qué condición.
Y precisamente ahí aparecen las cifras oficiales.
En septiembre de 2026, la Dirección General de Migración reportó miles de interdicciones y deportaciones en apenas días. Entre el 25 y el 27 de septiembre informó 3,809 extranjeros en condición migratoria irregular interdictados y 3,382 deportados. Migración Dominicana
Días antes, entre el 11 y el 13 de septiembre, había reportado 4,130 interdictados y 3,604 deportados. Migración Dominicana
Entonces alguien tiene que explicar una contradicción evidente:
si el Estado puede localizar y deportar miles de personas en cuestión de días, ¿cómo es posible que el fenómeno de la migración irregular continúe reproduciéndose a semejante escala?
Ahí está el verdadero debate.
ABINADER NO PUEDE SER ESPECTADOR
El Gobierno puede mostrar estadísticas de deportaciones.
Puede mostrar operativos.
Puede mostrar soldados.
Puede mostrar vehículos.
Puede mostrar la verja fronteriza.
Todo eso cuenta.
Pero gobernar no consiste solamente en ejecutar operativos.
Consiste en producir resultados sostenibles.
En febrero de 2026, la Presidencia informó que la DGM había deportado 67,940 personas en los primeros dos meses del año por los puestos fronterizos con Haití. Presidencia de la República Dominicana
Y si la política continúa necesitando deportar decenas de miles de personas año tras año, mientras simultáneamente continúan apareciendo nuevos flujos irregulares, entonces hay una pregunta que no puede seguir esquivándose:
¿Estamos controlando la frontera o simplemente estamos recogiendo las consecuencias de una frontera que sigue siendo vulnerable?
Porque deportar es necesario cuando existe una situación irregular.
Pero evitar que la irregularidad se reproduzca masivamente es todavía más importante.
¿Y LOS QUE FACILITAN EL NEGOCIO?
Aquí aparece una parte de la discusión que suele desaparecer.
No existe una migración irregular de semejante magnitud sin redes de facilitación.
Alguien cruza.
Alguien transporta.
Alguien cobra.
Alguien emplea.
Alguien falsifica documentos.
Alguien facilita alojamiento.
Alguien organiza el movimiento.
Y el propio Gobierno informó recientemente que Migración había llevado ante la justicia 198 casos relacionados con delitos migratorios entre enero y agosto de 2026, incluidos expedientes por presunto tráfico ilícito de migrantes y utilización de documentación falsa. Presidencia de la República Dominicana
Ahí es donde debe caer el peso del Estado.
No solamente sobre el extranjero que viola la ley, sino sobre las redes dominicanas y extranjeras que convierten la violación de la ley migratoria en un negocio.
Porque si cruzar ilegalmente produce dinero, siempre habrá alguien dispuesto a intentarlo.
Y si contratar irregularmente resulta rentable, siempre habrá empresarios dispuestos a aprovecharse de esa mano de obra.
NO NECESITAMOS INVADIR HAITÍ
Y aquí regreso al principio.
¿Invadir Haití?
No.
¿Mandar dominicanos a morir en un conflicto que no comenzaron?
Tampoco.
¿Convertir a República Dominicana en el brazo militar de una crisis internacional?
Mucho menos.
La verdadera demostración de soberanía sería bastante menos cinematográfica y mucho más efectiva:
controlar nuestro territorio.
Una frontera verdaderamente vigilada.
Tecnología.
Cámaras térmicas.
Drones.
Sensores.
Inteligencia.
Patrullaje permanente.
Identificación biométrica y biográfica dentro del marco legal.
Centros de procesamiento adecuados.
Deportaciones eficientes.
Persecución de traficantes.
Sanciones a empleadores que deliberadamente violen la legislación.
Y consecuencias jurídicas para quienes, sean civiles o funcionarios, participen en redes ilegales.
Eso no es odio contra Haití.
Eso es política migratoria.
Y debe aplicarse con la misma firmeza independientemente de quién sea la persona y sin convertir la nacionalidad en una presunción de culpabilidad.
LA FRONTERA NO PUEDE SER UN TEMA ELECTORAL
El error histórico de República Dominicana ha sido convertir la cuestión haitiana en una mezcla de emociones, consignas y conveniencias políticas.
Unos exageran.
Otros minimizan.
Otros utilizan el tema para conseguir votos.
Y mientras tanto, el problema permanece.
Por eso Abinader tiene una responsabilidad concreta.
No puede decir simplemente que la frontera está controlada porque existen deportaciones.
Tiene que demostrar que el sistema funciona antes de que alguien cruce ilegalmente, no solamente después.
Tiene que demostrar que las redes de tráfico están siendo desmanteladas.
Tiene que demostrar que quienes contratan deliberadamente mano de obra irregular enfrentan consecuencias reales.
Tiene que demostrar que la tecnología fronteriza funciona.
Tiene que demostrar que la política migratoria tiene continuidad.
Y tiene que explicar cuál será el modelo después de su Gobierno.
Porque Haití no puede ser utilizado como comodín electoral cada cuatro años.
La política migratoria debe convertirse en política de Estado.
Y eso significa sacar el tema del espectáculo partidario.
SOMOS REPÚBLICA DOMINICANA
Por eso la frase “somos Haití” no debería utilizarse como una descripción literal de nuestra realidad nacional.
Debe entenderse como una advertencia política:
si el Estado abandona progresivamente el control de sus fronteras, si las leyes dejan de aplicarse y si la política migratoria se convierte en pura retórica, cualquier Estado termina perdiendo capacidad de decidir sobre su propio territorio.
Y esa es la discusión que deberíamos estar teniendo.
No si tres puertas del Estadio Olímpico funcionaron.
No si había más camisetas azules que dominicanas.
No si un jugador dijo una barbaridad después del partido.
Eso puede investigarse, sancionarse y corregirse.
Pero el asunto verdaderamente estratégico está afuera.
Está en la frontera.
Está en los empleadores.
Está en las redes de tráfico.
Está en los documentos.
Está en los controles.
Está en los deportados que regresan.
Está en quienes facilitan el cruce.
Está en la capacidad del Estado para saber quién vive, trabaja y se moviliza dentro de la República Dominicana.
Y ahí sí hay que exigirle cuentas a Luis Abinader.
Porque después de seis años de Gobierno, ya no basta con decir que se está trabajando.
Hay que demostrar resultados.
La República Dominicana no necesita conquistar Haití.
No necesita gobernarlo.
No necesita ocuparlo.
Necesita gobernarse a sí misma.
Y si queremos que nadie pueda decidir por nosotros, empecemos por algo elemental:
que la República Dominicana vuelva a tener control efectivo sobre su propia frontera.
Ese es el verdadero partido.
Y ese partido no se juega durante 90 minutos.
Se juega todos los días.
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