Una abogada, tres haitianos en el baúl y una pregunta incómoda para el Gobierno de Abinader: ¿existe un doble estándar?

La detención de la abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán en Dajabón no debería convertirse únicamente en una noticia sobre tres ciudadanos haitianos encontrados dentro del compartimiento de equipaje de una yipeta. El caso plantea preguntas mucho más amplias sobre el funcionamiento de las instituciones, la responsabilidad de los funcionarios y la igualdad ante la ley.

Furcal Guzmán fue detenida el 22 de septiembre en el puesto de control de El Laurel, Dajabón. Los militares encontraron tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular dentro de una Honda CR-V que ella conducía. Posteriormente, un tribunal le impuso presentación periódica, vigilancia de un garante e impedimento de salida durante seis meses mientras continúa el proceso.

Por tanto, no es correcto afirmar que la Justicia simplemente la dejó libre o que no la procesó. Fue sometida y tiene medidas de coerción. Lo que sí puede y debe preguntarse es si la respuesta institucional ha sido suficientemente rigurosa frente a la naturaleza de los hechos investigados.

El antecedente de 2012 vuelve a poner el caso bajo la lupa

Aquí aparece el elemento más delicado.

En abril de 2012, la DNCD informó que Furcal Guzmán había sido arrestada en Moca, acusada de alterar documentos de un expediente judicial relacionado con un hombre señalado entonces como presunto distribuidor de cocaína.

Según la versión ofrecida en aquella época por la DNCD y recogida por Diario Libre, la abogada habría modificado fechas de actas de arresto y de registro de un vehículo con el propósito de hacer parecer que había transcurrido el plazo legal de 48 horas para presentar al detenido ante un juez.

Pero aquí también hay que ser rigurosos: las publicaciones consultadas no permiten afirmar cuál fue el desenlace judicial definitivo de aquel expediente. Por eso no corresponde convertir una acusación de 2012 en una condena que no hemos podido verificar.

Lo que sí está documentado es que hubo un arresto y una acusación formal de la DNCD.

Y ahora, 14 años después, vuelve a aparecer en un expediente judicial.

Eso, por sí solo, amerita preguntas.

¿Y qué tiene que ver el PRM?

Aquí está el punto que no debe confundirse.

Furcal Guzmán aparece en registros del Ministerio de Educación como supervisora de la Dirección de Participación Comunitaria, con un salario bruto reportado de RD$60,000. Documentos citados por medios de comunicación indican que figura en esa estructura desde al menos 2020-2021.

Durante el operativo en Dajabón, además, ella manifestó a los militares que trabajaba para Educación y pidió que no la arrestaran ni difundieran las imágenes porque podía perder su empleo. También afirmó ser prima del exministro de Educación Roberto Fulcar.

Pero ser familiar de un dirigente político no demuestra militancia partidaria ni demuestra que haya recibido protección política.

Y aquí está precisamente la pregunta que debería hacerse el PRM si quiere presentarse como un partido comprometido con la institucionalidad:

¿Tiene el Gobierno mecanismos suficientes para garantizar que ninguna persona vinculada al Estado reciba un trato diferente por sus conexiones políticas, familiares o institucionales?

Esa pregunta es legítima independientemente de que Furcal Guzmán sea o no miembro del PRM.

El problema no es solamente quién es ella

El verdadero problema sería que en República Dominicana existiera una justicia diferente dependiendo de quién sea el imputado.

Un ciudadano común detenido transportando personas en condición migratoria irregular podría preguntarse:

¿Me habrían tratado igual?

Esa es la pregunta que las instituciones tienen que responder con hechos, no con discursos.

La abogada, por ahora, no ha sido condenada por el caso de Dajabón. Tiene medidas de coerción y el proceso continúa.

Por eso, lo correcto no es condenarla anticipadamente.

Pero tampoco sería correcto minimizar el expediente.

Hay un arresto actual.

Hay tres extranjeros encontrados ocultos en el vehículo.

Hay una investigación abierta.

Hay un antecedente judicial de 2012 que merece ser aclarado.

Y existe una relación laboral con el Estado que hace razonable preguntar si se aplicaron todos los protocolos correspondientes.

El Gobierno también tiene que rendir cuentas

Si Furcal Guzmán pertenece actualmente a la nómina pública, la pregunta no termina en el tribunal.

También debe preguntarse:

¿Qué hizo la institución donde trabajaba cuando conoció su detención?

¿Se abrió una investigación administrativa?

¿Fue suspendida preventivamente?

¿Se verificó si los hechos tenían alguna relación con sus funciones?

¿Se determinó si existía algún conflicto de interés?

¿Se revisó su historial antes de mantenerla en una posición pública?

Estas son preguntas institucionales, no acusaciones.

Y son especialmente importantes porque el Gobierno del PRM ha construido buena parte de su discurso sobre la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones.

La prueba para el PRM no es defenderla ni condenarla

Si Furcal Guzmán tiene vínculos políticos con dirigentes del PRM, eso no debería importar para determinar su responsabilidad.

Ni el partido debe protegerla, ni debe condenarla.

Debe dejar que la Justicia investigue y determine.

Y si se descubre que alguien utilizó una posición política, familiar o institucional para intentar alterar el curso de una investigación, entonces la responsabilidad debe alcanzar también a quien haya intervenido.

Porque la verdadera prueba de un partido en el poder no es qué hace cuando uno de los suyos es acusado.

La verdadera prueba es si permite que las instituciones funcionen contra los suyos cuando corresponde.

Ese es el punto que este caso coloca nuevamente sobre la mesa.

Y mientras el proceso judicial continúa, la sociedad tiene derecho a exigir algo muy sencillo:

que la ley sea exactamente la misma para todos.