Resulta casi surrealista ver al presidente Luis Abinader advertir sobre “los riesgos que enfrentan las sociedades democráticas al ceder libertad por seguridad”, cuando buena parte de su gestión ha estado marcada precisamente por iniciativas que amplían el poder del Estado sobre los ciudadanos, la vigilancia, el control institucional y la presión política interna.
La frase suena bonita en un escenario internacional. Suena elegante en Miami, frente a organismos que premian discursos democráticos. Pero en República Dominicana mucha gente escucha esas palabras y automáticamente piensa en una contradicción monumental.
Porque mientras el presidente Abinader, habla de libertad, aquí se han impulsado o respaldado iniciativas que generan preocupación legítima sobre derechos fundamentales, privacidad, disidencia y concentración de poder.
La contradicción entre el discurso y los hechos
Durante este gobierno se han acumulado múltiples episodios que hacen difícil comprar el relato de “defensor absoluto de las libertades”.
La lista no es pequeña:
- La polémica Ley de la DNI, criticada por amplios sectores por las facultades excesivas de inteligencia y acceso a información;
- Intentos de regulación sobre expresión y contenido digital bajo argumentos de “seguridad” y “desinformación”;
- Debates sobre proyectos vinculados al llamado “discurso de odio”, que podrían abrir puertas peligrosas para limitar opiniones incómodas;
- La presión institucional y social que existió alrededor de la vacunación obligatoria durante la pandemia;
- El incremento de sistemas de vigilancia urbana, cámaras y monitoreo masivo;
- El manejo del tema de los semáforos inteligentes y mecanismos tecnológicos de fiscalización;
- Acusaciones frecuentes de persecución selectiva contra comunicadores y medios críticos;
- La cultura interna de disciplina política extrema dentro del PRM, donde disentir públicamente muchas veces equivale a quedar marginado.
Y ahora se suma un Nuevo Código Penal que muchos sectores consideran ambiguo o peligroso en algunos aspectos relacionados con libertades y garantías.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Con qué autoridad moral se habla de los peligros de sacrificar libertad por seguridad, cuando gran parte del aparato estatal se ha movido exactamente en esa dirección?
El problema de Abinader no es solo el país… es también el PRM
Pero el tema va más allá del discurso democrático.
Dentro del Partido Revolucionario Moderno hay una crisis interna que la dirigencia intenta disfrazar de “búsqueda de consenso”.
Y muchos dirigentes saben perfectamente qué hay detrás.
El problema es que el presidente quiere mantener control político absoluto sobre el partido incluso después de salir del Palacio Nacional.
Por eso sectores internos consideran que Abinader busca convertirse en presidente del PRM cuando termine su mandato, utilizando la estructura partidaria como escudo político, mecanismo de influencia y garantía de protección futura.
En otras palabras: conservar el poder aunque abandone formalmente la presidencia de la República.
Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto.
La “crisis artificial” del consenso
Por ley y por lógica democrática, el PRM debía avanzar hacia una renovación interna real de sus autoridades.
Pero en vez de abrir el juego democrático, permitir competencia abierta y legitimar nuevas estructuras, se impulsó la narrativa del famoso “consenso”.
En política, el consenso absoluto casi nunca existe.
Mucho menos en un partido lleno de aspirantes presidenciales, grupos regionales, estructuras municipales y figuras con ambiciones propias.
Lo que ocurrió fue predecible:
el supuesto consenso empezó a fracturarse rápidamente.
Porque las bases quieren votar.
Muchos dirigentes medios quieren competir.
Y una parte importante de la militancia entiende que el partido se ha convertido en una estructura excesivamente controlada desde arriba.
El miedo real: perder el control del partido
Lo que verdaderamente preocupa a ciertos sectores del oficialismo no es la división.
Es perder el control.
Porque una convención abierta, con voto directo y secreto, podría desmontar el esquema de poder construido alrededor del Palacio.
Una convención real permitiría:
- que cualquier dirigente aspire;
- que las bases decidan;
- que las estructuras municipales se redefinan;
- que emerjan nuevos liderazgos;
- y que figuras protegidas desde arriba pierdan espacios.
Por eso muchos interpretan que la solución “mágica” terminó siendo extender mandatos internos y mantener intacto el aparato controlado por la cúpula.
Paliza, Carolina y la continuidad del control
Dentro de esa lógica, figuras como José Ignacio Paliza y Carolina Mejía representan continuidad del esquema actual.
No necesariamente porque carezcan de liderazgo propio, sino porque forman parte del engranaje político que garantiza estabilidad al proyecto de poder del presidente.
La crítica de muchos perremeístas de base es simple:
si el PRM se vendió como el partido del cambio, la transparencia y la democracia interna, ¿por qué temerle a una convención abierta?
¿Por qué no permitir competencia libre?
¿Por qué no permitir que todo miembro aspire al cargo que quiera?
¿Por qué evitar el voto directo y secreto?
El discurso democrático empieza por casa
El problema de fondo para Abinader es que cada vez resulta más difícil sostener una imagen internacional de gran defensor democrático mientras internamente se acumulan señales de centralización política, control institucional y resistencia a la apertura real.
Porque la democracia no se mide solamente por discursos en foros internacionales.
También se mide por:
- cómo se maneja la disidencia;
- cómo se trata la crítica;
- cómo funcionan los partidos;
- cómo se distribuye el poder;
- y cuánto espacio tiene la gente común para decidir.
Y hoy, dentro y fuera del PRM, hay sectores que sienten que el gobierno quiere ciudadanos obedientes, dirigentes alineados y estructuras controladas.
Por eso, cuando el presidente advierte sobre los riesgos de perder libertad por seguridad, muchos dominicanos no escuchan una reflexión democrática.
Escuchan ironía.






