Adolfo Pérez le está haciendo demasiado daño al Gobierno de Abinader: ¿qué espera el presidente para destituirlo?

Hay funcionarios que cometen un error y deben explicarlo. Hay otros que acumulan tantos cuestionamientos alrededor de su gestión que llega un momento en que la explicación ya no es suficiente: hay que investigar.

Ese parece ser el punto al que ha llegado Rafael Adolfo Pérez de León.

El actual director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) no enfrenta una sola controversia aislada. Su gestión aparece rodeada de denuncias sobre procesos de contratación, adjudicaciones de calzados, supuesta venta ilegal de artículos escolares entregados gratuitamente por el Estado, presuntos cobros a suplidores y cuestionamientos relacionados con las cocinas que participan en el Programa de Alimentación Escolar.

Y lo más preocupante es que esto ocurre en una institución que administra recursos públicos destinados directamente a los niños y adolescentes dominicanos.

¿Cuántas señales más necesita el Gobierno para reaccionar?

Según la documentación recopilada, comunicadores y ciudadanos han denunciado la aparición de zapatos escolares entregados gratuitamente por el Estado en plataformas de venta como Facebook Marketplace. Es decir, productos que deberían llegar a estudiantes estarían terminando en el mercado informal.

Eso, por sí solo, merece una investigación seria.

Pero el problema no termina ahí.

La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló parcialmente 25 adjudicaciones de calzado escolar de un proceso anterior del INABIE, después de identificar irregularidades que incluían evaluaciones técnicas cuestionadas, falsedad documental, visitas técnicas incompletas y prácticas anticompetitivas. El expediente fue remitido a la PEPCA.

Ahora aparecen nuevas denuncias relacionadas con una compra de urgencia de 925,030 pares de zapatos por RD$771.8 millones, sobre la cual suplidores y sectores políticos han presentado objeciones.

¿Puede el Gobierno simplemente mirar hacia otro lado?

Yo creo que no.

Y aquí es donde aparece una responsabilidad política que no puede ser esquivada: Luis Abinader no puede permitir que un funcionario le haga más daño a su administración que cualquier campaña de la oposición.

Porque cada denuncia que no se investiga termina convirtiéndose en munición política contra el Gobierno.

Cada proceso cuestionado sin una explicación convincente alimenta la percepción de que las instituciones públicas siguen funcionando como espacios para negocios y favores.

Y cada escándalo que permanece sin consecuencias termina debilitando precisamente aquello que el Gobierno dice defender: la institucionalidad.

No se trata de condenar a Pérez sin juicio

Hay que ser precisos.

Una denuncia no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Un cuestionamiento administrativo tampoco equivale a una sentencia penal.

Por eso, no corresponde condenar públicamente a Adolfo Pérez por delitos que todavía no hayan sido demostrados ante los tribunales.

Pero tampoco corresponde utilizar la presunción de inocencia como escudo para impedir que se investiguen denuncias graves.

Son dos cosas completamente diferentes.

Si las acusaciones son falsas, una investigación independiente debería demostrarlo y Pérez debería salir fortalecido.

Si las acusaciones tienen fundamento, entonces deben establecerse responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Y si los tribunales determinan que hubo corrupción, apropiación de fondos públicos, soborno, asociación ilícita o cualquier otro delito, debe aplicarse la pena máxima que corresponda conforme a la legislación dominicana, sin importar el partido político, el apellido o la cercanía con el poder.

Eso es institucionalidad.

El problema es que el patrón se está volviendo demasiado grande

Las denuncias recopiladas no se limitan al calzado.

También se han difundido acusaciones sobre supuestos cobros o "diezmos" a suplidores, con montos que llegarían desde RD$1 millón hasta RD$20 y RD$25 millones. Las denuncias señalan a personas vinculadas a la estructura de la institución.

También existen cuestionamientos sobre la habilitación de más de 200 cocinas que, según denunciantes, estaban previamente inhabilitadas o incluso no habían sido construidas, además de señalamientos relacionados con documentación presuntamente falsa presentada por empresas suplidoras.

Y antes de llegar al INABIE, Pérez dirigió PROMESE/CAL, institución desde la cual también enfrentó cuestionamientos relacionados con desabastecimiento de medicamentos de alto costo.

Puede haber explicaciones para cada uno de estos casos.

Puede incluso ocurrir que algunas denuncias sean falsas, interesadas o promovidas por suplidores inconformes. De hecho, el propio expediente recoge la posición de autoridades que han denunciado la existencia de un supuesto "cártel de proveedores" interesado en presionar a las instituciones públicas.

Precisamente por eso hay que investigar.

Porque una investigación seria no debe tener miedo ni siquiera de demostrar que el funcionario acusado tenía razón.

Abinader tiene una decisión política que tomar

El presidente Luis Abinader debería preguntarse algo muy sencillo:

¿Qué gana el Gobierno manteniendo a Adolfo Pérez en el cargo mientras las denuncias siguen creciendo?

Si Pérez es inocente, el Gobierno tiene todo el interés en demostrarlo.

Si su gestión es correcta, una auditoría exhaustiva debería convertirse en su mejor defensa.

Pero si existen irregularidades, el costo de mantenerlo puede ser mucho mayor que el costo de separarlo del puesto.

Porque aquí no solamente está en juego Adolfo Pérez.

Está en juego la credibilidad del Gobierno.

INABIE administra recursos destinados a estudiantes de familias que muchas veces no pueden comprar por cuenta propia uniformes, zapatos, alimentos y otros artículos esenciales.

Por eso resulta particularmente grave que los productos destinados gratuitamente a esos estudiantes terminen, según las denuncias, siendo comercializados en el mercado informal.

No estamos hablando de un contrato cualquiera. Estamos hablando de recursos públicos destinados a niños.

Destituirlo no es declararlo culpable

Esta distinción es fundamental.

El presidente no necesita esperar una sentencia penal para remover a un funcionario de confianza.

Destituir a Pérez e iniciar una investigación no significaría declararlo culpable. Significaría proteger la institución mientras se determina la verdad.

Eso es precisamente lo que debería hacer un Gobierno que cree en la transparencia.

Que se revisen las licitaciones.

Que se auditen los contratos.

Que se determine quién recibió adjudicaciones y por qué.

Que se investigue cómo zapatos entregados gratuitamente por el Estado terminan en Marketplace.

Que se investiguen las denuncias de cobros a suplidores.

Que se determine si hubo irregularidades en la habilitación de cocinas.

Que se establezca si funcionarios o particulares desviaron recursos públicos.

Y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Caiga quien caiga.

Porque si hubo corrupción, no basta con destituir

Aquí tampoco podemos quedarnos en el espectáculo tradicional de República Dominicana: un funcionario sale del cargo, pasan unos meses y todo queda en el olvido.

No.

Si una investigación independiente encuentra evidencia de corrupción, los responsables deben responder ante la justicia.

Y si los tribunales los encuentran culpables, deben recibir la máxima sanción que permita la ley para los delitos efectivamente probados.

No una negociación política.

No un traslado a otra institución.

No una candidatura.

No otro puesto público.

No una comisión.

Justicia.

Adolfo Pérez tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a que se respete la presunción de inocencia. Tiene derecho a demostrar que las acusaciones contra él o contra funcionarios de su administración son falsas.

Pero el Estado también tiene derecho —y obligación— de investigar.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que las denuncias se acumulen, los cuestionamientos se multipliquen y el Gobierno permanezca inmóvil.

Porque al final, el ciudadano no distingue entre un funcionario y el Gobierno que lo nombró.

Cuando INABIE falla, el costo político lo paga Abinader.

Y cuando un funcionario queda atrapado en una cadena de controversias sin una respuesta institucional contundente, la pregunta inevitable deja de ser solamente qué hizo el funcionario.

La pregunta pasa a ser:

¿Por qué el Gobierno todavía lo mantiene ahí?

Adolfo Pérez puede terminar siendo inocente de todo lo que se le acusa. Pero precisamente para despejar esa duda, debe ser separado del cargo e investigado con independencia.

Y si la investigación demuestra que hubo delitos, que la Justicia haga lo que tiene que hacer.

Sin privilegios.

Sin encubrimientos.

Sin importar quién sea el funcionario.

Porque los recursos que administra INABIE no pertenecen a Adolfo Pérez, ni al PRM, ni al Gobierno de turno.

Pertenecen al pueblo dominicano.