La decisión de la Cámara de Diputados de aprobar un proyecto de ley que obligaría a los dominicanos beneficiados con becas en el extranjero a regresar al país durante un período de entre dos y cinco años, o en caso contrario devolver una proporción o la totalidad de los recursos recibidos, plantea una discusión que va mucho más allá de la simple obligación de devolver dinero público.

La pregunta fundamental es otra:

¿qué le debe el Estado al profesional que regresa después de haber sido formado con recursos públicos?Estamos de acuerdo con un principio esencial de la propuesta: si el Estado dominicano invierte recursos de los contribuyentes para formar a un ciudadano en una universidad extranjera, resulta razonable esperar que esa persona contribuya posteriormente al desarrollo del país.Una beca pública no debería entenderse únicamente como un beneficio individual. Es también una inversión colectiva.El ciudadano recibe la oportunidad de estudiar, especializarse y adquirir conocimientos que probablemente no habría podido obtener con sus propios recursos. A cambio, la sociedad espera que esos conocimientos regresen al país en forma de trabajo, innovación, investigación, emprendimiento, transferencia tecnológica o mejores servicios públicos.Hasta ahí, el planteamiento tiene lógica.El problema aparece cuando la obligación se formula únicamente en una dirección.El Estado no puede exigirle al becario que regrese a servir al país sin preguntarse primero qué país encontrará ese profesional cuando regrese.Porque regresar no significa necesariamente tener oportunidades.Un ingeniero puede regresar y encontrarse con un mercado que no remunera su especialización. Un científico puede descubrir que existen pocas instituciones donde pueda investigar. Un especialista en inteligencia artificial puede encontrarse con empresas que todavía no tienen capacidad para absorber sus conocimientos. Un médico altamente especializado puede enfrentarse a un sistema donde su formación no necesariamente se traduce en una compensación acorde con su preparación.Y entonces aparece una contradicción.El Estado puede decirle al joven: "Te financiamos porque necesitamos que regreses".Pero el joven legítimamente puede preguntar:"¿Y para hacer qué?"

La beca no termina cuando se entrega el título

Una política pública de becas no debería considerar como punto final el día en que el estudiante obtiene su diploma.

Ese debería ser apenas el comienzo de la segunda etapa de la inversión.

Si República Dominicana gasta recursos públicos para formar profesionales en áreas estratégicas, el Estado debería tener una política clara para incorporarlos al mercado laboral nacional.

No necesariamente significa que cada becado tenga que convertirse automáticamente en empleado público.

Eso sería incluso contraproducente.

Significa algo más importante: el Estado debe crear mecanismos para garantizar que los conocimientos financiados con dinero público tengan dónde ser utilizados.

Si se invierte en formar especialistas en energía, por ejemplo, debe existir una estrategia nacional para aprovechar ese conocimiento en el sector energético.

Si se forman profesionales en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, biotecnología o ingeniería avanzada, el país debería estar creando simultáneamente las condiciones para que esas capacidades sean absorbidas por empresas, universidades, centros de investigación y proyectos públicos.

De lo contrario, podemos terminar haciendo exactamente lo contrario de lo que pretende la ley.

Podríamos financiar la formación de nuestros mejores talentos para después obligarlos a regresar a un mercado laboral que no tiene capacidad para aprovecharlos.

Eso no sería una política de desarrollo.

Sería, en el mejor de los casos, una política incompleta.

El dinero de la beca no es el único sacrificio

También hay que evitar una visión excesivamente financiera del problema.Cuando el Estado habla de recuperar "los fondos recibidos", está hablando de dinero público.

Y tiene razón en protegerlo.Pero el estudiante también ha realizado una inversión que no aparece en una factura.Detrás de un profesional que obtiene una beca hay años de estudio, sacrificios familiares, noches de trabajo, presión académica, adaptación cultural, distancia de su familia y, en muchos casos, años de esfuerzo antes de siquiera conseguir la oportunidad.El título no aparece de repente porque el Gobierno pagó una matrícula.El financiamiento público elimina o reduce una barrera económica, pero no sustituye el esfuerzo personal necesario para completar una carrera o una especialización.Por eso, la relación entre el Estado y el becario debe ser entendida como una relación de corresponsabilidad.El ciudadano tiene obligaciones.Pero el Estado también.

Si exigimos reciprocidad, debe existir reciprocidad

El proyecto habla de una "condición legítima vinculada al principio de reciprocidad social".

Precisamente por eso vale la pena llevar ese principio hasta sus últimas consecuencias.

Si existe reciprocidad social, no puede consistir únicamente en:

Estado: te pago los estudios.
Ciudadano: tienes que regresar.

Debe ser:

Estado: te financio porque necesito determinadas capacidades para desarrollar el país.
Ciudadano: regreso y pongo esas capacidades al servicio de la sociedad.
Estado: ahora debo crear las condiciones para que puedas utilizar tus conocimientos y tener una vida profesional digna.

Esa es la verdadera reciprocidad.

Porque sería injusto exigirle a un joven que renuncie a oportunidades laborales en el extranjero para regresar a República Dominicana y, una vez aquí, dejarlo enfrentado a salarios incompatibles con su preparación.

No se puede combatir la fuga de cerebros simplemente prohibiendo que los cerebros se vayan.

Hay que hacer que quedarse tenga sentido.

¿Debe el Estado garantizar un empleo?

Aquí aparece una discusión importante.

Garantizar un empleo no necesariamente significa que el Gobierno deba crear un puesto público para cada becado.

Eso sería económicamente insostenible y podría generar otro problema: convertir el sistema de becas en una puerta de entrada automática al Estado.

La solución debería ser más inteligente.

El Estado podría establecer un sistema nacional de inserción laboral para becarios, mediante acuerdos con empresas privadas, universidades, centros de investigación, instituciones públicas y sectores productivos.

Antes de enviar a una persona al extranjero, debería existir una evaluación de las necesidades futuras del país.

¿Dónde hacen falta especialistas?

¿Qué sectores están creciendo?

¿Qué profesionales necesitará República Dominicana dentro de cinco o diez años?

¿Qué industrias queremos desarrollar?

¿Qué conocimientos no tenemos actualmente?

Las becas deberían responder a esas preguntas.

Y después de la graduación debería existir una ruta de retorno.

No simplemente un boleto de avión.

Una ruta profesional.

El regreso debe tener un propósito

Imaginemos que el Estado envía a 100 jóvenes a estudiar áreas de alta especialización.

Cuando terminan, no debería limitarse a decirles:

"Regresen porque la ley lo establece".

Debería poder decirles:

"Estas son las áreas en las que el país necesita sus conocimientos. Estas son las instituciones que están buscando perfiles como el suyo. Estas son las empresas que participan en el programa. Estos son los proyectos nacionales donde pueden trabajar. Este es el salario de referencia para las posiciones financiadas o apoyadas por el programa."

Eso cambia completamente la naturaleza de la política.

El regreso deja de ser una obligación burocrática y se convierte en una oportunidad profesional.

Y el salario digno no es un lujo

Este punto es probablemente el más importante.

No tiene sentido que la sociedad invierta grandes cantidades de dinero en formar un profesional altamente especializado y después pretenda incorporarlo a un mercado laboral que le ofrece una remuneración que no corresponde con su preparación.

Si el país quiere competir por talento, debe pagar por talento.

No significa que un título extranjero deba convertirse automáticamente en un salario elevado.

Significa que la remuneración debe guardar relación con la responsabilidad, la especialización, la productividad y el valor que ese conocimiento genera.

Si un profesional obtiene una especialización que el país necesita, pero encuentra en el exterior una oferta salarial varias veces superior, no podemos sorprendernos cuando decida quedarse fuera.

La fuga de cerebros no siempre es falta de patriotismo.

A veces es una decisión económica racional.

Y una política pública seria debe entender esa realidad.

El Estado tampoco puede convertirse en un cobrador de títulos

Existe otro riesgo.

Si la ley establece mecanismos estrictos para recuperar el dinero de quienes no regresen, el Estado debe tener muchísimo cuidado con convertir una política de desarrollo humano en una especie de mecanismo de endeudamiento.

No todos los casos serán iguales.

¿Qué ocurre si una persona regresa y no consigue empleo?

¿Qué sucede si trabaja durante un período pero posteriormente pierde su puesto?

¿Qué pasa si el mercado dominicano no tiene una posición compatible con su especialidad?

¿Qué ocurre si la institución que debía contratarlo cancela el proyecto?

¿Debe esa persona ser tratada igual que alguien que deliberadamente utilizó la beca de manera fraudulenta?

Evidentemente no.

La ley debería distinguir entre incumplimiento deliberado, fraude y ausencia de oportunidades laborales reales.

Porque no sería razonable castigar al ciudadano por una falla estructural del propio sistema.

La verdadera prueba será medir qué hacemos con los becados cuando regresan

El éxito de un programa nacional de becas no debería medirse solamente por cuántas personas fueron enviadas al extranjero.

Tampoco por cuántas regresaron.

La verdadera pregunta debería ser:

¿Qué hicieron esos profesionales después de regresar?

¿Cuántos consiguieron empleo?

¿Cuánto aumentaron sus ingresos?

¿Cuántas empresas crearon?

¿Cuántos proyectos desarrollaron?

¿Cuántas patentes o investigaciones produjeron?

¿Cuántos estudiantes formaron?

¿Cuánto conocimiento transfirieron?

¿Cuánto aportaron a la productividad nacional?

¿Cuántos terminaron marchándose nuevamente?

Ahí estaría la verdadera evaluación de la política pública.

Porque podemos conseguir que un becario regrese físicamente al país y, sin embargo, perderlo profesionalmente.

Puede estar aquí, pero trabajar en algo completamente diferente a aquello para lo que fue formado.

Puede estar aquí, pero ganar tan poco que vuelva a considerar seriamente emigrar.

Puede estar aquí, pero sentirse profesionalmente desperdiciado.

Eso también es fuga de cerebros, aunque el avión no salga del aeropuerto.

La obligación debe ser bilateral

República Dominicana necesita una política de becas mucho más ambiciosa que simplemente financiar estudios.

Debe existir un contrato social claro.

El ciudadano se compromete a regresar, cuando las condiciones establecidas así lo exijan, y a contribuir con los conocimientos adquiridos.

Pero el Estado se compromete a utilizar esa inversión.

A facilitar su inserción laboral.

A conectar al profesional con sectores productivos.

A promover salarios competitivos.

A crear oportunidades de investigación y emprendimiento.

A evitar que la formación financiada por todos termine siendo desperdiciada.

Y, sobre todo, a no exigir sacrificios que el propio Estado no está dispuesto a compensar con oportunidades.

El objetivo no debe ser obligar a regresar; debe ser hacer atractivo regresar

Esta debería ser la filosofía detrás de cualquier legislación sobre becas internacionales.

Un país que necesita recurrir a una sanción económica para conseguir que sus profesionales regresen debería preguntarse por qué esos profesionales preferirían quedarse fuera.

El patriotismo puede ser un componente importante, pero ninguna política pública seria puede descansar exclusivamente sobre él.

Los profesionales tienen familias.

Tienen proyectos de vida.

Tienen deudas.

Tienen aspiraciones.

Y tienen derecho a buscar mejores oportunidades.

Por eso, la mejor estrategia contra la fuga de cerebros no es construir una barrera legal para impedir la salida.

Es construir un país al que valga la pena regresar.

Si el Estado dominicano paga la formación de un joven en una de las mejores universidades del mundo, no debería limitarse a esperar que vuelva con un diploma.

Debería preguntarse cómo convertir ese diploma en productividad, innovación, empleo, investigación y crecimiento económico.

Porque el dinero de la beca es importante, pero el conocimiento adquirido vale mucho más.

Y si realmente estamos hablando de una inversión pública, entonces el Estado tiene la obligación de garantizar que esa inversión no termine guardada en un currículo sin oportunidades.

El becario debe cumplir su parte.

Pero el Estado también debe cumplir la suya.

No basta con financiar el regreso. Hay que financiar, crear y facilitar las condiciones para que ese regreso tenga sentido.

Porque al final, la pregunta no debería ser solamente cuánto dinero debe devolver un profesional que decidió quedarse en el extranjero.

La pregunta que República Dominicana debería hacerse es mucho más incómoda:

¿Qué estamos ofreciendo a nuestros mejores profesionales para convencerlos de que regresar es una oportunidad y no un sacrificio?