Deportar miles y seguir teniendo miles: la contradicción migratoria que el Gobierno de Abinader debe explicar
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La política migratoria del Gobierno de Luis Abinader enfrenta una contradicción que ya no puede resolverse únicamente con comunicados sobre nuevas cifras de deportaciones.
La Dirección General de Migración ha reportado cientos de miles de deportaciones y repatriaciones de ciudadanos haitianos durante los últimos años. El Gobierno presenta estas cifras como evidencia de que está actuando con firmeza.
Y, efectivamente, las cifras demuestran que los operativos se han intensificado.
Pero entonces aparece la pregunta que el Gobierno debe responder:
Si se deportan cientos de miles de personas, ¿por qué la presencia de inmigrantes en situación irregular continúa siendo tan visible y el flujo parece reproducirse constantemente?
Ahí está la verdadera discusión.
Deportar no es lo mismo que controlar
Una deportación ocurre después de que una persona ya entró y permanece irregularmente en el territorio.
El control migratorio, en cambio, debería impedir o reducir significativamente que ese fenómeno se reproduzca.
Por eso, anunciar miles de deportaciones no demuestra por sí mismo que la frontera esté completamente controlada.
Incluso puede revelar la magnitud del problema que el Estado todavía enfrenta.
La pregunta fundamental debería ser:
¿Cuántas personas están entrando irregularmente al país?
República Dominicana necesita conocer ese número con la mayor precisión posible.
Porque sin conocer las entradas, las salidas, las deportaciones, las reincidencias y las regularizaciones, resulta imposible determinar si la política migratoria está solucionando el problema o simplemente administrándolo.
La sospecha de complicidad también debe investigarse
No es correcto acusar colectivamente a militares, políticos o empresarios de participar en el tráfico de migrantes sin pruebas.
Pero tampoco puede ignorarse que sí existen casos judiciales de militares y civiles condenados por tráfico ilícito de migrantes haitianos.
Eso demuestra que el problema no termina en quien cruza la frontera.
Existe una cadena económica detrás de la inmigración irregular: traficantes, transportistas, intermediarios y empleadores que pueden beneficiarse de esa mano de obra.
Por eso, una política migratoria seria debe perseguir tanto al inmigrante en situación irregular como, especialmente, a quienes hacen negocio facilitando su entrada, permanencia o contratación ilegal.
La inmigración irregular ya es un problema nacional
La discusión tampoco puede reducirse a Dajabón, Jimaní o Pedernales.
La presencia de población haitiana se observa en sectores laborales, comunidades, mercados, transporte y servicios públicos de distintas provincias.
En educación, el MINERD registra 205,369 estudiantes de nacionalidad haitiana en el sistema educativo nacional, de los cuales 164,070 corresponden al sector público, según los datos citados en el debate reciente.
Eso no significa que todos sean indocumentados.
Pero sí demuestra una transformación demográfica que el Estado debe considerar al planificar educación, salud, vivienda, empleo y presupuesto.
¿Cuál debería ser la respuesta?
República Dominicana tiene derecho a ejecutar operativos migratorios de gran escala, siempre respetando la legislación y el debido proceso.
La regla debe ser sencilla:
quien tenga autorización legal, permanece; quien no la tenga, debe ser sometido al procedimiento correspondiente y, cuando la ley determine que procede, deportado.
Sin importar nacionalidad.
Pero también hay que cerrar el circuito.
Control fronterizo.
Registro biométrico.
Investigación de traficantes.
Sanciones a empleadores que contraten deliberadamente a personas sin autorización.
Persecución de funcionarios corruptos.
Y mecanismos para impedir que una persona deportada vuelva a entrar irregularmente.
La pregunta para Abinader
El Gobierno puede mostrar cifras récord de deportaciones.
Pero después de seis años de administración, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que números de expulsiones.
Quiere saber cuál es el resultado neto.
¿Está disminuyendo realmente la población irregular?
¿Está disminuyendo el flujo clandestino?
¿Quién permite las entradas?
¿Quién se beneficia económicamente?
¿Quién dentro del Estado ha sido sancionado?
Y, sobre todo:
¿Por qué seguimos deportando miles mientras siguen apareciendo miles?
La República Dominicana no necesita una política contra los haitianos.
Necesita una política contra la inmigración irregular, aplicada con firmeza, transparencia y sin excepciones.
Porque deportar después de que el problema llegó al territorio es necesario cuando corresponde.
Pero impedir que el problema se reproduzca debería ser el verdadero objetivo.
El Gobierno de Abinader debe explicar esa contradicción.
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