En San Juan de la Maguana se está discutiendo mucho más que un proyecto minero. Lo que está en juego es un modelo de desarrollo, la credibilidad institucional del Estado dominicano y, en términos prácticos, la seguridad hídrica y alimentaria de una amplia franja del país. El elemento más preocupante del debate es el potencial conflicto de interés: que la propia empresa interesada en explotar el oro —GoldQuest— esté vinculada al proceso de levantamiento del estudio de impacto ambiental que determinaría la viabilidad del proyecto. Aunque en términos formales estos estudios suelen ser evaluados por el Estado, la realidad es que cuando el proponente financia, diseña o influye en el estudio, la objetividad se convierte en una zona gris.
El verdadero riesgo: agua, alimentos y estabilidad social
San Juan no es un territorio cualquiera. Es uno de los pilares de la producción agrícola nacional. Hablar de minería en esa zona implica intervenir directamente sobre el sistema que sostiene cultivos estratégicos como arroz, habichuelas y maíz.
El Proyecto Romero se ubica en una zona sensible de la Cordillera Central, próxima a fuentes hídricas que alimentan el río San Juan y, en consecuencia, la presa de Sabaneta. Este sistema forma parte de la cuenca del Yaque del Sur, cuyas aguas irrigan múltiples provincias del sur.
El riesgo no es abstracto:
Cuando se habla de “seguridad alimentaria”, no es un concepto lejano: es la capacidad real de millones de dominicanos de acceder a alimentos producidos localmente. Alterar ese equilibrio por un proyecto extractivo de vida útil limitada es, como mínimo, una apuesta de alto riesgo.
Cualquier discusión sobre minería metálica en República Dominicana inevitablemente remite a la experiencia de Cotuí. Allí, las promesas iniciales de desarrollo contrastan con años de denuncias por impactos ambientales, reasentamientos conflictivos y tensiones sociales persistentes.
El punto clave no es comparar proyectos de manera simplista, sino entender el patrón:
San Juan observa ese precedente y actúa en consecuencia. No es rechazo irracional; es aprendizaje empírico.
El argumento económico a favor de la explotación minera suele centrarse en inversión extranjera, empleos y aportes fiscales. Sin embargo, estos beneficios deben analizarse en términos netos.
Una mina tiene un ciclo de vida finito. La agricultura, en cambio, es sostenible en el tiempo si se protege el recurso hídrico.
La pregunta estratégica es simple:
¿Puede el valor del oro compensar la pérdida potencial de productividad agrícola, el deterioro ambiental y el conflicto social?
Hasta ahora, la experiencia indica que no.
Crisis de confianza: el factor determinante
Un Estado que no ha logrado traducir altos niveles de gasto en mejoras proporcionales en calidad de vida enfrenta serias limitaciones para pedirle a la población que confíe en su capacidad de regular un proyecto de alto riesgo ambiental.
La gestión de recursos estratégicos exige credibilidad. Y en este caso, esa credibilidad está en entredicho.
Desde una perspectiva responsable, lo mínimo exigible en un proyecto de esta magnitud es:
Si estas condiciones no están garantizadas, avanzar con la explotación no solo sería imprudente, sino potencialmente irreversible.
Lo que está ocurriendo en San Juan de la Maguana es una advertencia. La defensa del agua, de la producción agrícola y del equilibrio ambiental no es un capricho local, es un asunto de interés nacional.
No se trata de estar “en contra del desarrollo”. Se trata de definir qué tipo de desarrollo es viable para la República Dominicana.
Porque al final, el oro se agota.
El agua, si se pierde, no se recupera.
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