Los empresarios del turismo defendieron la mano de obra haitiana irregular; ahora esa realidad amenaza sus propios negocios

Hay advertencias que no deberían utilizarse para alimentar el miedo, pero tampoco pueden ser ignoradas.

La información de inteligencia que advierte sobre la posible conformación de estructuras delictivas juveniles de origen haitiano en Friusa y comunidades cercanas, en la provincia La Altagracia, debe ser investigada con absoluta seriedad. Si esas estructuras existen, el Estado tiene que desarticularlas antes de que se conviertan en organizaciones criminales consolidadas.

Y aquí aparece una realidad incómoda para todos, especialmente para el sector turístico.

El turismo dominicano no puede pedir los beneficios de una política migratoria permisiva y después pretender que las consecuencias nunca llegarán a sus negocios.

Durante años, determinados sectores empresariales han defendido la contratación de mano de obra extranjera, particularmente haitiana, argumentando que es necesaria para sostener determinadas actividades económicas.

Perfectamente.

Pero toda decisión empresarial tiene consecuencias.

Si una empresa contrata trabajadores sin verificar adecuadamente su situación migratoria, utiliza intermediarios que no cumplen la legislación laboral o permite que determinadas comunidades crezcan sin controles adecuados, no puede sorprenderse después cuando aparecen problemas de seguridad, informalidad o criminalidad.

Y esto hay que decirlo con claridad:

el problema no es que una persona sea haitiana. El problema es que una persona cometa un delito.

Si las autoridades confirman la existencia de bandas criminales, deben perseguir a sus integrantes, identificar sus redes, decomisar sus armas y llevarlos ante la justicia, independientemente de su nacionalidad.

Pero tampoco podemos caer en el error contrario: mirar hacia otro lado porque esos trabajadores son económicamente útiles para determinadas industrias.

¿Quién paga cuando el modelo falla?

Aquí está la pregunta que debería hacerse el sector turístico.

Durante décadas, el Estado ha construido carreteras, aeropuertos, sistemas de agua, infraestructura eléctrica, seguridad y promoción internacional para hacer posible el desarrollo turístico.

Además, ha concedido importantes incentivos fiscales.

Y mientras el Estado asume buena parte de esos costos, determinados empresarios han defendido un modelo laboral basado en una elevada disponibilidad de mano de obra extranjera.

Entonces hay que preguntar:

¿Quién asume el costo cuando ese modelo genera problemas?

¿El hotel?

¿El Estado?

¿La comunidad?

¿El trabajador dominicano?

¿El contribuyente?

Porque no puede existir una fórmula donde las ganancias sean privadas y las consecuencias sean públicas.

Friusa no puede convertirse en una zona de excepción

Bávaro y Punta Cana son uno de los principales activos económicos de República Dominicana.

Precisamente por eso no pueden convertirse en territorios donde la informalidad migratoria, laboral y criminal avance hasta que sea demasiado tarde.

Si existe una amenaza, hay que actuar ahora.

No cuando aparezcan las primeras víctimas.

No cuando comiencen las cancelaciones.

No cuando los videos de delincuencia circulen por redes sociales.

No cuando un turista extranjero sea víctima de un delito y la imagen de Punta Cana termine dando la vuelta al mundo.

Porque el turismo vive de algo mucho más frágil que las estadísticas:

la confianza.

Un turista puede perdonar que llueva.

Puede perdonar que una excursión salga mal.

Puede incluso regresar después de una mala experiencia.

Pero cuando percibe inseguridad, simplemente escoge otro destino.

Y aquí Cuba vuelve a entrar en la conversación

Santiago Matías planteó una preocupación que muchos han tomado como una exageración: ¿qué ocurriría si Cuba logra abrirse completamente al turismo internacional y se convierte en un competidor formidable?

Yo creo que esa pregunta merece atención.

Pero ahora aparece una segunda amenaza que es mucho más inmediata:

¿qué ocurre si nosotros mismos deterioramos las condiciones que hicieron competitivo a Punta Cana?

Porque no necesitamos que Cuba nos quite los turistas si nosotros mismos comenzamos a perder la seguridad, el orden y la confianza que los atrae.

Y aquí el Ministerio de Turismo tiene una responsabilidad que va mucho más allá de contar visitantes.

No basta con anunciar récords de llegadas.

Hay que garantizar que el destino sea seguro.

No basta con inaugurar hoteles.

Hay que garantizar que las comunidades donde esos hoteles operan tengan servicios públicos adecuados.

No basta con atraer inversión extranjera.

Hay que exigir responsabilidad empresarial.

Los empresarios también tienen que asumir su parte

Si una industria necesita trabajadores extranjeros, debe contratarlos legalmente.

Si necesita mano de obra, debe cumplir las leyes laborales.

Si necesita comunidades estables alrededor de sus instalaciones, debe contribuir a que esas comunidades sean sostenibles.

Y si un hotel obtiene enormes beneficios de una zona turística, tampoco debería considerar que su única responsabilidad termina en la puerta de su propiedad.

No estoy hablando de sustituir al Estado.

Estoy hablando de responsabilidad social empresarial real.

Porque si una empresa obtiene beneficios extraordinarios gracias a un territorio cuya infraestructura, seguridad y servicios son financiados en buena medida por los contribuyentes, lo mínimo que podemos exigir es que también contribuya a preservar las condiciones que hacen posible su negocio.

No quiero que delinquen contra los turistas

Y aquí quiero ser absolutamente claro.

No deseo que ningún turista sea víctima de un delito.

Ni estadounidense, ni canadiense, ni europeo, ni haitiano, ni dominicano.

El turista no tiene ninguna responsabilidad por las decisiones de los empresarios.

El trabajador tampoco.

La responsabilidad corresponde a quienes delinquen y, cuando corresponda, a quienes faciliten, encubran o se beneficien de esas actividades.

Pero sí quiero que quede una cosa clara:

si el sector empresarial ha defendido durante años determinadas políticas porque le resultan económicamente convenientes, también debe estar dispuesto a asumir los costos de las consecuencias cuando esas políticas sean mal administradas.

No pueden privatizarse las ganancias y socializarse los problemas.

El verdadero debate

Friusa debería servir para abrir una discusión nacional.

¿Qué modelo migratorio necesita el turismo?

¿Qué tipo de trabajador necesita la industria?

¿Cuánto empleo de calidad estamos creando para los dominicanos?

¿Qué responsabilidad tienen los hoteles sobre su entorno?

¿Cuánto dinero aporta el sector a las comunidades donde genera sus ganancias?

¿Y qué mecanismos existen para impedir que los polos turísticos terminen convirtiéndose en espacios vulnerables al crimen organizado?

Estas preguntas son mucho más importantes que discutir si alguien está a favor o en contra del turismo.

Porque yo no estoy contra el turismo.

Estoy contra un modelo que pretenda que el Estado pague la infraestructura, el contribuyente pague los incentivos, la sociedad asuma las consecuencias y algunos empresarios se queden exclusivamente con los beneficios.

Si la información sobre Friusa es cierta, que el Estado actúe con contundencia.

Y si no es cierta, que también lo diga con la misma contundencia.

Pero que nadie espere que República Dominicana vuelva a cometer el mismo error de siempre:

esperar a que el problema se convierta en una crisis para comenzar a actuar.