Abinader prometió poner fin al desorden migratorio: seis años después, la realidad lo obliga a rendir cuentas
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En política hay promesas que se pueden medir. No hace falta interpretar discursos, revisar encuestas ni recurrir a propaganda partidaria. Basta comparar lo que se prometió con lo que ocurrió.
Y en materia migratoria, el presidente Luis Abinader tiene una deuda política que ya no puede esconder detrás del argumento de que su Gobierno ha deportado más haitianos que cualquier administración anterior.
Porque esa es apenas una parte de la historia.
Antes de llegar al Palacio Nacional, Abinader construyó buena parte de su discurso migratorio sobre una idea contundente: República Dominicana debía recuperar el control de su territorio y terminar con el desorden migratorio.
En 2019, siendo candidato presidencial, afirmó que los gobiernos del PLD no habían aplicado rigurosamente la Ley de Migración y aseguró que, de llegar al poder, pondría “la casa en orden”, de manera que no hubiera en el país “un solo irregular” de Haití ni de ningún otro país.
No era una declaración secundaria.
El propio Abinader advertía entonces que una migración no regulada tenía consecuencias sobre salud, educación, empleo, seguridad y prestación de servicios públicos.
Hoy, seis años después de su llegada al poder, la pregunta es inevitable:
¿Dónde está esa casa ordenada?
El Gobierno puede mostrar deportaciones récord; eso no significa que haya resuelto la inmigración irregular
Aquí hay que reconocer un hecho que sus críticos no pueden ignorar.
La administración Abinader sí ha incrementado considerablemente las deportaciones.
La Dirección General de Migración reportó alrededor de 85,000 repatriaciones en 2021, 171,000 en 2022 y 174,602 en 2023. Para 2024, las estadísticas oficiales registran 272,713 haitianos reconducidos, de los cuales 167,069 fueron clasificados como deportados y 105,644 como repatriados.
Y durante 2025 el ritmo siguió siendo extraordinario. Para junio de ese año, la DGM informó que había deportado 30,757 haitianos solamente durante ese mes, mientras acumulaba 184,001 repatriaciones en los primeros cinco meses.
Por tanto, decir que Abinader simplemente “no deporta” sería falso.
Pero aquí aparece el problema político de fondo.
Si después de semejante volumen de deportaciones el problema continúa creciendo o reproduciéndose, entonces deportar no está resolviendo por sí solo el problema estructural.
Y eso también es responsabilidad del Gobierno.
La pregunta que Abinader debe responder
Si el Estado deporta cientos de miles de personas y simultáneamente continúan apareciendo grandes cantidades de personas en situación migratoria irregular, hay solamente unas cuantas posibilidades:
siguen entrando grandes cantidades de personas irregularmente;
muchos deportados regresan posteriormente;
existen deficiencias en los mecanismos de control fronterizo;
el Estado no consigue identificar adecuadamente a toda la población irregular;
o existe una combinación de todas las anteriores.
Cualquiera de esas explicaciones requiere una política pública más profunda que simplemente anunciar nuevos operativos.
Porque deportar mucho no necesariamente significa controlar mucho.
El verdadero indicador de éxito debería ser la reducción sostenible de la población irregular.
La contradicción de las escuelas
Aquí aparece uno de los datos más difíciles de ignorar.
El Anuario de Estadísticas Educativas 2024-2025 del MINERD registra 205,369 estudiantes de nacionalidad haitiana, frente a 2,379,680 dominicanos.
La cifra de estudiantes haitianos ha aumentado extraordinariamente durante las últimas dos décadas.
Y hay una precisión fundamental: no puede afirmarse que los 205,369 sean indocumentados. La estadística es de nacionalidad, no de estatus migratorio.
Pero precisamente ahí está la falla del Estado.
Si República Dominicana sabe cuántos estudiantes haitianos tiene, debería poder determinar cuántos poseen documentación migratoria válida, cuántos están en proceso, cuántos tienen una condición regular y cuántos carecen de ella.
No hacerlo es una deficiencia de información estatal.
Y esa información es indispensable para planificar.
El problema no es que un niño haitiano vaya a una escuela
Esta discusión debe hacerse con seriedad.
Un niño no tiene responsabilidad sobre la situación migratoria de sus padres.
Por eso, utilizar la matrícula escolar como argumento para perseguir o excluir niños sería no solamente injusto, sino también una pésima política pública.
El problema está en otro lugar:
¿Cómo puede el Estado planificar su sistema educativo si no vincula sus estadísticas educativas con la realidad migratoria?
Si hay 205,369 estudiantes haitianos, el Gobierno debe saber:
cuántos están en escuelas públicas;
cuántos están en colegios privados;
dónde están concentrados;
cuál es su situación documental;
cuánto cuesta atenderlos;
cuántos nuevos estudiantes ingresan cada año;
y qué capacidad adicional necesitará el sistema.
Eso es planificación.
La salud cuenta otra historia
También aquí los datos obligan a corregir cualquier argumento simplista.
En 2024, los hospitales públicos registraron 33,000 partos de madres haitianas, aproximadamente el 36 % del total de partos reportados por la red pública durante ese año.
Pero el dato más reciente demuestra algo importante: la situación ha cambiado.
En 2025 se registraron 18,434 partos de madres haitianas en hospitales públicos, según reportes basados en estadísticas del Servicio Nacional de Salud.
Y durante enero-abril de 2026 fueron 3,626, frente a 9,314 en el mismo período de 2025, una reducción del 61 %.
Por tanto, afirmar que bajo Abinader “cada vez hay más parturientas haitianas” tampoco sería correcto.
Pero el dato anterior demuestra algo más importante:
el Estado tuvo que adoptar nuevas medidas porque el volumen alcanzado era suficientemente grande como para convertirse en un asunto de política pública.
Ese es el punto.
¿Y las visas?
Aquí también hay que separar el dato de la acusación.
Los consulados dominicanos emitieron 41,161 visas en 2025, frente a 29,675 en 2024: un aumento de 38.7 %.
Eso es verificable.
Lo que no está demostrado con la información pública consultada es que esas 41,161 visas fueran principalmente para haitianos.
Sí existe una denuncia histórica de que los consulados dominicanos en Haití habrían convertido la expedición de visas en un negocio. El exdirector de Migración Enrique García llegó a afirmar que nueve de cada diez visas se otorgaban a haitianos. Pero esa declaración corresponde a una denuncia de 2020, no a una estadística oficial que permita afirmar que esa proporción se mantuvo durante el Gobierno de Abinader.
Precisamente por eso hay una pregunta que el Gobierno debería contestar:
¿Cuántas visas fueron expedidas específicamente a ciudadanos haitianos durante cada año de la administración Abinader?
Si no hay nada que ocultar, publicar esa información debería ser sencillo.
El mercado laboral tampoco puede ser ignorado
La economía dominicana utiliza una cantidad significativa de mano de obra haitiana.
El Instituto Nacional de Migración señala que la tasa de participación laboral de los inmigrantes haitianos alcanzó 73.6 % en 2024, frente a 64.7 % entre dominicanos.
En determinados sectores la dependencia es todavía mayor.
Un estudio del INM estimó que en 2022 había 111,048 trabajadores de origen haitiano vinculados específicamente al cultivo de arroz, plátano y habichuela, representando aproximadamente el 60.7 % del requerimiento total de trabajadores de esos tres cultivos.
Y el propio INM reconoce que la informalidad laboral facilita la contratación de trabajadores extranjeros en condición irregular, especialmente en sectores como la agricultura.
Aquí aparece una responsabilidad que tampoco puede cargarse exclusivamente sobre el inmigrante.
Si un haitiano trabaja ilegalmente, alguien lo está contratando.
Y si alguien lo contrata, alguien está incumpliendo la legislación laboral o migratoria.
Por eso resulta insuficiente detener al trabajador mientras se deja intacto al empresario, intermediario, traficante o propietario que participa en el mecanismo que hace posible esa contratación.
La verdadera prueba de Abinader no es cuántos deporta
Este es el punto central.
El Gobierno puede decir:
“Estamos deportando más que nunca”.
Y probablemente tenga razón.
Pero la ciudadanía puede responder:
“Entonces explíquenos por qué, después de seis años y cientos de miles de deportaciones, seguimos hablando de una presencia irregular de esta magnitud.”
Porque el éxito de una política migratoria no debería medirse exclusivamente por el número de personas expulsadas.
Debe medirse por:
menos entradas irregulares + menos reincidencia + menos tráfico de personas + menos empleo ilegal + mejor control documental + menos permanencia irregular.
Si esos indicadores no mejoran de manera sostenida, el Estado está administrando el problema, no resolviéndolo.
La frontera no termina en Dajabón
Este es otro error de enfoque.
Una frontera controlada no sirve de mucho si después un extranjero irregular puede conseguir transporte, alojamiento, empleo y documentación irregular dentro del país.
La política migratoria tiene que perseguir toda la cadena.
Al que cruza ilegalmente.
Al traficante.
Al transportista.
Al empleador que deliberadamente contrata trabajadores sin autorización.
Al propietario que facilita alojamiento cuando la ley se lo prohíbe.
Al funcionario que vende o facilita documentos.
Al agente que cobra para mirar hacia otro lado.
La inmigración irregular no es solamente un problema del inmigrante. Es un mercado.
Y mientras exista demanda, habrá oferta.
Abinader heredó un problema, pero ya no puede seguir gobernando como si lo hubiera heredado ayer
Este es probablemente el punto político más importante.
Abinader tiene razón cuando recuerda que el problema migratorio viene de gobiernos anteriores.
Pero esa explicación dejó de ser suficiente hace tiempo.
En 2019, él mismo responsabilizaba al PLD de no aplicar rigurosamente la Ley de Migración.
En 2026, después de casi seis años de gobierno, ya no puede responsabilizar exclusivamente a sus antecesores.
Ahora tiene el control de Migración.
Tiene las Fuerzas Armadas.
Tiene el Ministerio de Interior.
Tiene la Cancillería.
Tiene el Ministerio de Trabajo.
Tiene el Ministerio de Educación.
Tiene el Servicio Nacional de Salud.
Tiene los consulados.
Tiene el presupuesto.
Tiene la mayoría política.
Tiene una verja fronteriza.
Y tiene cifras de deportaciones que ningún gobierno anterior había alcanzado.
Por tanto, la pregunta ya no es:
“¿Qué hicieron los gobiernos anteriores?”
La pregunta es:
“¿Qué resultado consiguió usted después de seis años?”
No basta con deportar: hay que impedir que el sistema vuelva a llenarse
Una política migratoria verdaderamente efectiva tendría que incorporar un mecanismo de control permanente.
Cada extranjero que entra legalmente debería quedar registrado.
Cada visa debería poder ser auditada.
Cada permiso de trabajo debería estar vinculado a un empleador real.
Cada trabajador extranjero debería poder ser identificado.
Cada empleador que contrate irregularmente debería enfrentar consecuencias.
Cada persona deportada debería quedar registrada biométricamente para impedir su reingreso ilegal.
Cada funcionario involucrado en tráfico de visas debería responder penalmente.
Y la frontera debe convertirse en una barrera tecnológica, militar y administrativa difícil de vulnerar.
Pero sobre todo:
el Gobierno debe publicar los números.
¿Cuántos haitianos hay legalmente?
¿Cuántos están irregularmente?
¿Cuántos entraron?
¿Cuántos salieron?
¿Cuántos regresaron después de ser deportados?
¿Cuántas visas se emitieron?
¿Cuántas residencias?
¿Cuántos permisos de trabajo?
¿Cuántos estudiantes?
¿Cuántas personas utilizan servicios públicos?
Sin esos datos, el país discute a oscuras.
El presidente tiene una promesa pendiente
No es necesario inventarle una promesa a Abinader.
Está documentada.
Dijo que terminaría con el desorden migratorio.
Dijo que cumpliría rigurosamente la Ley de Migración.
Dijo que no debía permitirse que personas permanecieran irregularmente en el país.
Y dijo que esa migración no regulada afectaba la salud, educación, empleo, seguridad y servicios públicos.
Hoy puede defender legítimamente que su Gobierno ha hecho más deportaciones que los anteriores.
Pero eso no responde completamente a la pregunta.
¿Por qué seis años después la República Dominicana continúa enfrentando una población irregular que obliga al Gobierno a anunciar nuevas medidas, nuevos operativos y nuevas restricciones?
Esa es la rendición de cuentas que corresponde.
No se trata de odiar a Haití.
No se trata de perseguir haitianos.
No se trata de negar derechos fundamentales.
Se trata de algo mucho más sencillo:
un Estado tiene que saber quién está dentro de su territorio y bajo qué condición legal permanece.
Abinader llegó al poder prometiendo poner la casa en orden.
Ya no puede seguir explicando el desorden únicamente por lo que hicieron quienes gobernaron antes que él.
Después de seis años, la casa también es responsabilidad suya.
Y si todavía hay un problema migratorio de esta magnitud, el presidente tiene que explicar por qué su promesa de terminar con el desorden migratorio todavía no se ha convertido en una realidad.
Porque en una democracia, las promesas electorales no son contratos eternos, pero sí son compromisos políticos.
Y cuando los números no coinciden con las promesas, el ciudadano tiene derecho a preguntar.
¿Presidente Abinader: cuándo exactamente estará terminada la tarea que usted prometió hacer?
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