República Dominicana debe hacer cumplir su ley migratoria: una protesta nacional por el control de nuestras fronteras
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Hay momentos en los que una sociedad tiene que dejar de discutir entre partidos y comenzar a exigirle al Estado que cumpla una de sus responsabilidades más elementales: saber quién entra a su territorio, quién permanece en él y bajo qué condición legal lo hace.
Por eso, República Dominicana necesita una gran movilización ciudadana, pacífica y nacional para exigir una política migratoria mucho más firme.
No una protesta contra los haitianos.
No una protesta contra los extranjeros.
No una protesta contra ninguna raza.
Una protesta a favor de la ley dominicana.
La exigencia debe ser clara: todo extranjero que permanezca en República Dominicana sin autorización legal debe ser identificado, procesado conforme a la ley y, cuando corresponda, deportado.
Sin privilegios.
Sin excepciones políticas.
Sin selectividad.
Sin mirar hacia otro lado.
Y, sobre todo, sin que el cumplimiento de la ley dependa de quién sea la persona, dónde viva o quién tenga capacidad para protegerla.
No queremos discursos: queremos cumplimiento
La Ley General de Migración 285-04 ya existe.
Por tanto, la discusión no consiste en inventar una nueva legislación cada vez que aparece una crisis.
La propia ley establece los procedimientos aplicables y dispone que las decisiones de deportación deben estar motivadas y preservar los principios de legalidad y debido proceso.
La Dirección General de Migración ya ejecuta operativos.
En junio de 2026 informó que en una sola jornada fueron detenidos 1,323 extranjeros en condición migratoria irregular y que 1,212 fueron deportados después de completar los procesos establecidos.
En marzo de 2026 la institución había informado otro operativo nacional con 1,129 detenciones y 1,037 deportaciones.
Y en febrero reportó 2,481 extranjeros detenidos y 2,560 deportados durante operativos realizados en distintas provincias.
Entonces la pregunta es inevitable:
Si el Estado puede hacerlo, ¿por qué no hacerlo de manera permanente, sistemática y transparente?
La protesta debe exigir operativos nacionales permanentes
La ciudadanía debe exigir que el control migratorio deje de percibirse como una operación ocasional.
Debe convertirse en una política permanente del Estado.
Operativos simultáneos en las provincias.
Controles en zonas de alta concentración migratoria.
Verificación de documentación.
Registro biométrico.
Depuración de antecedentes.
Identificación de personas con órdenes pendientes.
Detección de redes de tráfico y trata.
Y deportación de quienes, después de la verificación correspondiente, no tengan derecho legal a permanecer en territorio dominicano.
La propia DGM ha informado que sus procedimientos incluyen identificación, depuración e incluso registro biométrico antes de la deportación.
Eso es exactamente lo que una política migratoria seria debería hacer.
Pero queremos algo más: cámaras y observadores
Aquí aparece una de las exigencias más importantes de esta protesta.
Si el Gobierno está convencido de que sus operativos se realizan correctamente, ¿por qué no permitir mayor transparencia?
La ciudadanía debe exigir un protocolo mediante el cual observadores acreditados, periodistas y organismos independientes puedan acompañar o supervisar determinadas fases de los operativos, respetando las restricciones necesarias para proteger la identidad, seguridad y privacidad de las personas.
No para obstaculizar a Migración.
No para revelar información sensible.
No para interferir con las detenciones.
Sino para documentar el cumplimiento de la ley.
Cámaras corporales para los agentes.
Registro audiovisual de los procedimientos.
Actas digitales.
Identificación del agente actuante.
Registro biométrico.
Hora y lugar de la interdicción.
Motivo legal de la detención.
Resultado de la depuración.
Destino del procedimiento.
Y estadísticas públicas posteriores.
Si hay legalidad, la transparencia no debería ser una amenaza.
Al contrario.
La transparencia protege al ciudadano frente al abuso y protege al agente frente a acusaciones injustificadas.
Que nadie pueda decir: "no sabía lo que ocurrió"
Una política migratoria moderna no puede depender exclusivamente de comunicados de prensa.
Cada operativo nacional debería producir información verificable.
¿Cuántas personas fueron detenidas?
¿Cuántas resultaron tener residencia?
¿Cuántas tenían permisos vencidos?
¿Cuántas estaban en proceso de regularización?
¿Cuántas tenían órdenes de deportación?
¿Cuántas fueron deportadas?
¿Cuántas fueron liberadas?
¿Por qué?
¿Cuántos menores fueron identificados?
¿Qué procedimiento se siguió con ellos?
¿Cuántos reincidentes fueron detectados?
¿Cuántas redes de tráfico de personas fueron desmanteladas?
Esas preguntas deberían formar parte de un informe público permanente de control migratorio.
Porque el dinero utilizado para ejecutar la política migratoria también pertenece a los ciudadanos.
La protesta debe ser pacífica, pero la exigencia no debe ser tibia
Pacífica no significa silenciosa.
Civilizada no significa complaciente.
Democrática no significa resignada.
Los dominicanos tienen derecho a salir a las calles y decirle al Gobierno:
Cumplan la ley.
Y pueden hacerlo sin agredir a un extranjero, sin destruir una propiedad, sin insultar a un funcionario y sin convertir una reivindicación nacional en una persecución colectiva.
Precisamente porque la causa es nacional, debe ser superior a la violencia.
La protesta debe demostrar que se puede defender la frontera sin odiar al extranjero.
No se trata solamente de Haití
Esta exigencia debe aplicarse a todo extranjero que esté en condición migratoria irregular.
Haitiano, venezolano, cubano, colombiano, estadounidense, europeo o de cualquier otra nacionalidad.
La ley migratoria no puede tener una nacionalidad preferida.
El principio debe ser universal: situación regular, permanencia legal; situación irregular, procedimiento legal y, cuando corresponda, deportación.
Eso también fortalece la posición dominicana frente a cualquier intento de presentar la política migratoria como una persecución racial.
República Dominicana no tiene que perseguir haitianos.
Tiene que hacer cumplir su legislación migratoria.
El verdadero problema es la falta de control
Una nación no puede planificar correctamente su educación, salud, vivienda, seguridad, transporte y presupuesto si desconoce la magnitud y distribución de la población que reside dentro de sus fronteras.
Y esta discusión adquiere todavía mayor importancia cuando hemos visto cómo la matrícula de estudiantes haitianos en el sistema educativo ha crecido exponencialmente durante las últimas dos décadas.
Cuando la población cambia, cambia también la demanda sobre los servicios públicos.
Por eso una política migratoria efectiva no es solamente una política de frontera.
Es también una política de planificación nacional.
No queremos acuerdos que sustituyan la ley
El Estado puede y debe mantener relaciones diplomáticas con Haití.
Puede coordinar retornos.
Puede establecer mecanismos de cooperación.
Puede dialogar con organismos internacionales.
Pero ninguna conversación diplomática puede sustituir la obligación del Estado dominicano de aplicar sus propias leyes.
La diplomacia puede coordinar el procedimiento; no puede eliminar la ley.
Y los acuerdos internacionales tampoco pueden convertirse en una excusa para que la República Dominicana renuncie a ejercer sus competencias soberanas dentro de su territorio.
Una propuesta concreta
La protesta nacional debería exigir al Gobierno cinco compromisos:
1. Operativos permanentes y simultáneos en todo el territorio nacional.
No jornadas ocasionales. Una política continua de control migratorio.
2. Identificación biométrica de toda persona sometida a un procedimiento migratorio.
Para evitar duplicidades, errores de identidad y reincidencia.
3. Deportación efectiva de todo extranjero que, después de la verificación y el debido proceso, carezca de autorización legal para permanecer en el país.
La ley debe cumplirse.
4. Sistema nacional de transparencia migratoria.
Publicación periódica de detenciones, deportaciones, liberaciones, reincidencias y demás resultados, con protección de los datos personales.
5. Observación independiente y documentación audiovisual.
Periodistas y observadores acreditados deben poder supervisar los procedimientos dentro de protocolos que garanticen seguridad, privacidad y no interferencia.
Defender la República Dominicana no es odiar a nadie
Hay que decirlo con claridad porque algunos intentarán convertir esta discusión en otra cosa.
El dominicano tiene derecho a defender su país.
Tiene derecho a exigir una frontera controlada.
Tiene derecho a exigir que las leyes migratorias se cumplan.
Tiene derecho a preguntar cuánto cuesta la inmigración irregular al Estado.
Tiene derecho a exigir que sus escuelas, hospitales y servicios públicos tengan capacidad suficiente.
Y tiene derecho a exigir que ningún gobierno permita que una situación migratoria irregular se convierta, por simple inacción, en una situación permanente.
Pero también tiene una responsabilidad:
no convertir al extranjero en enemigo por el simple hecho de ser extranjero.
La defensa de la soberanía pierde autoridad cuando se transforma en violencia.
La defensa de la nación se fortalece cuando se basa en la ley.
Que esta vez la protesta tenga una sola bandera
No la bandera de un partido.
No la bandera de un candidato.
No la bandera de una organización.
La bandera dominicana.
Una movilización pacífica, multitudinaria y nacional para exigir algo elemental:
Que República Dominicana controle sus fronteras, conozca quién reside en su territorio y haga cumplir su Ley General de Migración.
Sin violencia.
Sin discriminación.
Sin privilegios.
Sin excepciones.
Pero también sin miedo a ejercer la soberanía nacional.
Porque una República que tiene leyes pero no las aplica termina convirtiendo la ley en una sugerencia.
Y la República Dominicana no necesita más discursos sobre control migratorio.
Necesita que el Estado cumpla la ley.
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