Las escuelas dominicanas no pueden pagar el precio de una política migratoria sin control del presidente Abinader
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Hay debates que durante demasiado tiempo han sido evitados por miedo a ser malinterpretados.
La presión migratoria sobre los servicios públicos dominicanos es uno de ellos. Y ahora los propios números del sistema educativo obligan a mirar de frente una realidad que ya no puede esconderse detrás de discursos políticamente correctos.
El dato es contundente: la matrícula de estudiantes de nacionalidad haitiana registrada en el sistema educativo preuniversitario pasó de 25,158 en el año escolar 2007-2008 a 205,369 en 2024-2025. Es decir, se multiplicó más de ocho veces en aproximadamente 17 años.
Y hay algo todavía más importante: el crecimiento no se produjo de manera lineal.
En 2005-2006 eran 20,767; en 2006-2007, 22,378; en 2007-2008, 25,158. Luego comenzaron a acelerarse los registros: 32,013 en 2010-2011, 44,310 en 2012-2013, 57,880 en 2015-2016, 73,586 en 2016-2017, 94,740 en 2018-2019, 105,305 en 2019-2020 y 145,106 en 2021-2022.
En el último anuario oficial disponible, el MINERD registra 205,369 estudiantes haitianos, frente a 2,379,680 dominicanos. También aparecen estudiantes estadounidenses, venezolanos, españoles, puertorriqueños y de otras nacionalidades.
Eso significa que el problema no es imaginario.
Pero tampoco debemos cometer el error contrario: convertir una estadística migratoria en una acusación contra los niños haitianos.
Los niños no diseñaron la política migratoria.
Los niños no decidieron cruzar una frontera.
Los niños no decidieron permanecer legal o ilegalmente en un territorio.
Y mucho menos pueden ser utilizados como responsables de las decisiones de los adultos.
El problema, por tanto, no son los niños.
El problema es un Estado que no parece estar planificando adecuadamente las consecuencias de una transformación demográfica que lleva casi dos décadas ocurriendo delante de sus ojos.
¿Dónde está la planificación?
La pregunta fundamental no debería ser si un niño haitiano merece educación.
La Constitución dominicana ya respondió esa pregunta.
El artículo 63 establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad y en igualdad de condiciones, y dispone que el Estado garantiza la educación pública gratuita y obligatoria en los niveles correspondientes.
La Ley General de Educación 66-97 también establece que corresponde al Estado ofrecer educación gratuita en los niveles inicial, básico y medio a los habitantes del país.
Por eso, negarle una escuela a un niño por su nacionalidad no puede ser la solución.
Pero reconocer ese derecho no significa que el Estado dominicano deba renunciar a controlar sus fronteras, conocer la población que reside en su territorio o planificar sus servicios públicos.
Ahí está precisamente la contradicción que las autoridades deben resolver.
Si la matrícula de una determinada población crece durante casi dos décadas, el Estado tiene que saberlo, proyectarlo y presupuestarlo.
No puede esperar a que las aulas estén llenas para descubrir que necesita más escuelas.
No puede esperar a que los padres dominicanos estén buscando desesperadamente un cupo para comenzar a preguntarse dónde están los espacios.
No puede convertir la falta de planificación en un problema de los padres.
El verdadero dueño del presupuesto es el ciudadano
Aquí debemos hacer una precisión importante.
Las escuelas públicas no son propiedad privada de los dominicanos. Son bienes públicos administrados por el Estado y financiados fundamentalmente con los impuestos de la sociedad.
Pero hay una verdad política que nadie debería tener miedo de decir:
el Estado dominicano tiene una responsabilidad primaria con sus ciudadanos.
El padre dominicano que paga impuestos tiene derecho a exigir que sus hijos encuentren una escuela pública disponible.
El ciudadano dominicano que sostiene el presupuesto nacional tiene derecho a exigir que el Estado conozca cuántos habitantes tiene, cuántos estudiantes tendrá dentro de cinco, diez o quince años y cuántas aulas necesitará.
Eso no es xenofobia.
Eso se llama planificación nacional.
Y una nación que no planifica su territorio, su población y sus servicios públicos termina dejando que las circunstancias decidan por ella.
La paradoja que debe investigarse
Los datos muestran además un fenómeno que merece un análisis mucho más profundo.
Mientras la matrícula haitiana creció aceleradamente, la matrícula dominicana descendió.
Para 2024-2025, el Anuario del MINERD registra 2,379,680 estudiantes dominicanos y 205,369 haitianos.
Esto no significa automáticamente que un estudiante haitiano haya desplazado a un estudiante dominicano.
Sería estadísticamente incorrecto afirmar eso sin analizar la distribución territorial, la capacidad instalada, las aulas disponibles, la migración interna, la natalidad, el traslado hacia colegios privados y otros factores demográficos.
Pero precisamente por eso la pregunta es inevitable:
¿Dónde están los estudios oficiales que explican qué está ocurriendo con la capacidad instalada del sistema educativo dominicano?
Porque una cosa es saber cuántos estudiantes tenemos.
Otra muy distinta es saber:
dónde están;
cuántas aulas ocupan;
cuántos profesores requiere esa matrícula;
qué proporción se concentra en determinados distritos;
cuántos centros tienen sobrepoblación;
cuántos estudiantes dominicanos están siendo enviados a colegios privados por falta de espacio;
cuánto cuesta esa presión adicional al presupuesto;
y cuánto tendrá que invertir el Estado durante la próxima década para responder a ella.
Eso es lo que el Gobierno debería estar publicando.
La solución no puede ser sacar niños de las escuelas
Aquí es donde debe terminar el populismo y comenzar la política de Estado.
No se trata de construir una política para expulsar niños de las aulas.
Se trata de construir una política para que ningún niño dominicano pierda su oportunidad educativa porque el Estado no fue capaz de anticipar el crecimiento de la demanda.
La solución debe tener al menos cinco componentes.
Primero: un censo educativo real y permanente
El MINERD debe publicar anualmente la matrícula por nacionalidad, edad, grado, provincia, distrito, centro educativo y sector —público, privado o cogestión—.
No para perseguir estudiantes.
Para saber exactamente qué está ocurriendo.
Segundo: un mapa nacional de presión migratoria sobre las aulas
El Gobierno debe identificar los distritos donde la matrícula extranjera representa una proporción excepcionalmente alta y determinar cuánto cuesta atender esa concentración.
Una escuela donde el 5 % de los estudiantes sean extranjeros no enfrenta necesariamente el mismo problema que un centro donde la proporción sea 40 %, 50 % o 70 %.
La planificación debe hacerse con datos locales.
Tercero: capacidad educativa antes que improvisación
Cada año el Estado debe proyectar cuántos niños dominicanos entrarán al sistema durante los siguientes cinco y diez años.
Primero se garantiza la infraestructura necesaria para la población dominicana proyectada.
Y luego se agrega la capacidad necesaria para absorber los cambios demográficos adicionales.
La solución no es sacar a nadie de un aula.
La solución es construir suficientes aulas.
Cuarto: política migratoria y política educativa deben hablar entre sí
Aquí está probablemente el mayor fracaso.
Migración trabaja por un lado.
Educación por otro.
Salud por otro.
Planificación por otro.
Y mientras tanto, la realidad demográfica avanza.
Una nación seria necesita un sistema donde la entrada, permanencia y salida de personas del territorio sea considerada en las proyecciones de educación, salud, vivienda, seguridad y presupuesto.
Control migratorio no significa negar derechos humanos.
Significa que el Estado debe saber quién entra, bajo qué condición entra, cuánto tiempo puede permanecer y cuáles son las consecuencias de esa presencia sobre las capacidades públicas.
Quinto: crear un Fondo Nacional de Compensación por Presión Migratoria
Esta debería ser una discusión nacional.
Si el Estado determina que determinadas zonas están experimentando un crecimiento extraordinario de su matrícula como consecuencia de la dinámica migratoria, debe cuantificar ese costo y establecer un mecanismo presupuestario transparente para financiar la expansión de infraestructura, contratación docente, alimentación escolar, materiales y servicios complementarios.
Ese dinero no debería salir simplemente de reducir otros programas educativos.
Debe existir una contabilidad específica de la presión demográfica sobre los servicios públicos.
Y si existen mecanismos de cooperación internacional destinados a atender población migrante, el Estado dominicano debe exigir que esos recursos lleguen realmente al territorio donde se produce la presión.
Nacionalismo no es odiar al extranjero
República Dominicana tiene derecho a defender sus intereses.
Tiene derecho a proteger su frontera.
Tiene derecho a exigir el cumplimiento de sus leyes migratorias.
Tiene derecho a saber cuántas personas viven dentro de su territorio.
Tiene derecho a planificar sus escuelas de acuerdo con su realidad demográfica.
Y tiene derecho a exigir que quienes administran el Estado expliquen cuánto cuesta cada decisión.
Pero defender a República Dominicana no requiere convertir al niño haitiano en enemigo.
El niño no es el problema. La ausencia de planificación sí.
El nacionalismo responsable no consiste en cerrar los ojos ante la realidad ni en insultar al extranjero.
Consiste en defender la capacidad del Estado dominicano para decidir su propio futuro.
Porque una nación que no controla sus fronteras, que no conoce exactamente su población y que no puede garantizar la infraestructura necesaria para sus propios ciudadanos termina perdiendo una de las funciones esenciales del Estado: planificar el futuro de su sociedad.
Y aquí hay una línea que ningún gobierno debería cruzar:
ningún niño dominicano debería quedarse sin escuela porque su Gobierno fue incapaz de anticipar una realidad migratoria que llevaba años apareciendo en sus propias estadísticas.
Pero tampoco debemos resolver ese problema violando el derecho fundamental de otro niño.
La solución verdaderamente nacionalista es mucho más difícil y mucho más seria:
control migratorio, planificación demográfica, expansión de la infraestructura educativa, transparencia presupuestaria y garantía efectiva de que ningún dominicano quede desplazado por falta de capacidad estatal.
Porque las escuelas públicas se financian con recursos de la nación.
Y esos recursos deben administrarse con una pregunta permanentemente sobre la mesa:
¿Está el Estado dominicano preparando las aulas que necesitarán los dominicanos de hoy y de mañana?
Si la respuesta es no, el problema no comenzó en la frontera.
Comenzó en las oficinas donde alguien tenía los datos y decidió no planificar.
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