Milton Morrison y el costo de las oportunidades: ¿Abinader volvió a equivocarse?

Hay momentos en la administración pública en los que una decisión deja de ser simplemente el nombramiento de un funcionario y comienza a convertirse en una cuestión de responsabilidad política del presidente que lo designa.

El caso de Milton Morrison merece ser observado precisamente desde esa perspectiva.

Morrison llegó al Gobierno de Luis Abinader con una carta de presentación importante: ingeniero eléctrico, experiencia en el sector energético y una trayectoria al frente de Edesur. El presidente lo designó gerente general de esa distribuidora en 2020. (Edesur)

Cuatro años después, Abinader volvió a confiar en él, pero esta vez para dirigir el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), una institución cuya naturaleza técnica y complejidad generó cuestionamientos desde el momento del nombramiento. En 2024, incluso se señaló públicamente que no estaba claro que Morrison tuviera experiencia específica en tránsito y transporte.

Y aquí aparece la pregunta que hoy debería hacerse el Gobierno:

¿Cuántas oportunidades necesita un funcionario para demostrar que merece seguir ocupando posiciones estratégicas del Estado?

Una denuncia que exige pruebas

Morrison ha defendido públicamente su gestión en el Intrant bajo los conceptos de eficiencia y transparencia. La propia institución ha destacado sus calificaciones en los portales de transparencia y diferentes iniciativas desarrolladas durante su administración. (Intrant)

Precisamente por eso, cualquier señalamiento relacionado con la utilización de los últimos días de una gestión para realizar cancelaciones o nombramientos debe ser tomado con seriedad, pero también con rigor.

Hackeando el Sistema ha recibido de una fuente una versión no confirmada: que, tras conocer que no continuaría al frente del Intrant, Morrison estaría realizando cancelaciones y nombramientos de última hora, algunos de los cuales supuestamente no contarían con la aprobación correspondiente del Ministerio de Administración Pública.

No presentamos esto como un hecho probado.

Es un señalamiento que debe ser investigado.

Y si existen resoluciones, comunicaciones, nóminas, acciones de personal o documentos que demuestren esos movimientos, deben hacerse públicos.

Porque una cosa es que un director ejerza las facultades que legalmente le corresponden mientras permanece en funciones y otra muy distinta sería utilizar los últimos días de una administración para dejarle al sucesor una institución cargada de decisiones administrativas difíciles de revertir.

¿Se estaría repitiendo una conducta?

Aquí es donde el asunto adquiere mayor gravedad política.

La fuente sostiene que Morrison habría utilizado una práctica similar durante su salida de Edesur.

Eso también requiere documentación.

Pero si las autoridades descubrieran que existe un patrón —nombramientos de última hora, cancelaciones, compromisos administrativos o decisiones tomadas durante períodos de transición— entonces ya no estaríamos ante una simple controversia entre funcionarios.

Estaríamos hablando de un problema de gobernanza.

Y el primer responsable político no sería solamente quien ejecutó la acción.

También habría que mirar hacia quien lo nombró.

El verdadero error podría ser de Abinader

Aquí está el punto central de este artículo.

Si Morrison efectivamente hubiera cometido una irregularidad, la responsabilidad administrativa sería individual, pero la responsabilidad política por haberle entregado nuevamente una institución estratégica a una persona cuestionada recaería también sobre el presidente.

Porque Abinader no solamente lo nombró una vez.

Lo colocó primero en Edesur y posteriormente lo trasladó al Intrant. La Presidencia confirmó en 2024 su designación al frente de esta última institución. (Presidencia de la República Dominicana)

Eso significa que el Gobierno tuvo tiempo suficiente para evaluar su desempeño, su estilo de gestión, su capacidad administrativa y cualquier antecedente relevante antes de darle una segunda posición de alta responsabilidad.

Por eso, si ahora aparecen denuncias sobre actuaciones durante su salida, la pregunta no debería limitarse a:

“¿Qué hizo Milton Morrison?”

También debe formularse:

“¿Por qué Luis Abinader volvió a confiar en él?”

La transición no puede convertirse en tierra de nadie

Una administración pública seria necesita transiciones ordenadas.

Cuando un funcionario sabe que será sustituido, el interés institucional debe estar por encima de cualquier interés personal, político o grupal.

El próximo director del Intrant debería recibir:

• una institución funcionando;

• una nómina clara;

• procesos administrativos documentados;

• contratos identificados;

• compromisos financieros transparentes;

• decisiones de personal debidamente sustentadas;

• y una relación precisa de los asuntos pendientes.

No una institución donde tenga que comenzar preguntándose:

“¿Qué se decidió durante los últimos días y por qué?”

Además, el MAP tiene un papel institucional precisamente en materia de organización y gestión pública. De hecho, el Manual de Organización y Funciones del Intrant fue refrendado por ese ministerio en 2024. (SISMAP)

Por eso, si realmente existen nombramientos que requerían aprobación o validación del MAP y fueron realizados sin ella, corresponde determinar qué ocurrió, quién autorizó las acciones y cuáles son sus efectos jurídicos.

No se trata de una persecución contra Morrison

Este punto es fundamental.

Morrison tiene derecho a defender su gestión.

De hecho, el propio Intrant ha presentado resultados favorables de su administración, incluyendo iniciativas de seguridad vial y modernización institucional. (Intrant)

Pero precisamente porque ha ocupado posiciones importantes dentro del Estado, el estándar de escrutinio debe ser mayor, no menor.

Un funcionario público no puede pedir que se le reconozcan sus éxitos y, al mismo tiempo, pretender que las denuncias sobre sus decisiones administrativas sean descartadas sin investigación.

Si las acusaciones son falsas, que se demuestre.

Si son ciertas, que se establezcan responsabilidades.

Y si todo está dentro de la ley, que se publiquen los documentos y se cierre la discusión.

El problema de fondo

El caso Morrison plantea una pregunta más incómoda para el Gobierno de Abinader:

¿Existe realmente una política de evaluación de funcionarios basada en resultados y comportamiento institucional o seguimos dependiendo demasiado de la confianza personal del presidente?

Porque si un funcionario pasa de dirigir una distribuidora eléctrica a dirigir la institución responsable del tránsito nacional, y después surgen cuestionamientos sobre su gestión y su salida, el problema ya no es únicamente la persona.

Es el sistema de selección, evaluación y permanencia de los funcionarios.

Abinader ha hablado repetidamente de institucionalidad, transparencia y eficiencia. Por eso, la mejor respuesta ante esta denuncia no debería ser defender automáticamente a Morrison ni condenarlo anticipadamente.

Debería ser mucho más sencilla:

Auditar. Documentar. Publicar. Investigar.

Y si no hubo irregularidad, que los documentos lo demuestren.

Pero si la investigación confirma que un funcionario utilizó sus últimos días para comprometer la institución que administraba, entonces habrá que preguntarse por qué el Gobierno permitió que una persona que ya había tenido una primera oportunidad recibiera una segunda.

Porque al final, los funcionarios pueden equivocarse. Pero cuando el presidente insiste en darles oportunidades, el error deja de ser solamente del funcionario: también empieza a ser del que lo sigue nombrando.