El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, afirmó durante la presentación de las memorias de su gestión que recibió una oferta de US$1 millón en efectivo, además de RD$3 millones mensuales durante cinco años, para favorecer intereses relacionados con el sistema de licencias de conducir.
Si la denuncia es cierta, estaríamos frente a uno de los intentos de corrupción más graves revelados por un funcionario público en los últimos años.
Pero precisamente por la gravedad de la acusación surge una pregunta inevitable:
¿Dónde está la denuncia penal?
No estamos hablando de un rumor político ni de un comentario realizado en un programa de televisión.
Estamos hablando del director de una institución pública que asegura que intentaron comprar su voluntad con decenas de millones de dólares durante cinco años.
Una afirmación de esa magnitud no puede quedarse únicamente en un discurso institucional.
Debe traducirse en acciones concretas.
¿Quién ofreció el dinero?
¿Dónde ocurrió?
¿Quiénes estaban presentes?
¿Existe una grabación?
¿Hay mensajes?
¿Se presentó una querella ante el Ministerio Público?
Hasta el momento, esas respuestas no han sido ofrecidas públicamente.
La Constitución establece que la administración pública debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al interés general.
Asimismo, la Ley núm. 41-08 de Función Pública impone a los servidores públicos el deber de actuar con honestidad y denunciar hechos que puedan constituir delitos contra la administración.
Por su parte, el Código Procesal Penal reconoce la posibilidad y, en determinados casos, el deber de poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos punibles para que sean investigados.
Si un funcionario afirma haber sido víctima de un intento de soborno relacionado con recursos públicos, lo esperable es que ese hecho sea formalmente investigado por las autoridades competentes.
Porque un soborno no es un asunto político.
Es un posible delito.
Habló de chantajes.
Habló de amenazas.
Habló de campañas de descrédito.
Pero no identificó públicamente a las personas responsables ni informó que hubiera presentado una querella específica por esos hechos.
Eso genera un problema de credibilidad.
No porque necesariamente esté mintiendo.
Sino porque una denuncia tan seria necesita el respaldo institucional correspondiente.
De lo contrario, queda reducida a una declaración política imposible de verificar.
Las declaraciones llegan en un momento particularmente complejo para la imagen pública del INTRANT.
Durante los últimos meses, la institución ha sido objeto de fuertes críticas por la situación del tránsito, las fiscalizaciones, el funcionamiento de la Digesett y diversos cuestionamientos ciudadanos.
En ese contexto resulta legítimo preguntarse si este anuncio forma parte de una estrategia para destacar logros institucionales y fortalecer la imagen de la gestión.
Eso no significa afirmar que la denuncia sea falsa.
Significa reconocer que, mientras no existan investigaciones abiertas o responsables identificados, la ciudadanía solo dispone de la palabra del funcionario.
Y en una democracia, las instituciones no pueden pedir actos de fe.
Deben presentar evidencias.
Si realmente alguien ofreció un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales durante cinco años para manipular una licitación pública, el país merece conocer toda la verdad.
Los responsables deben ser identificados.
Procesados.
Y, de ser hallados culpables, condenados.
No hacerlo enviaría un mensaje peligroso: que es posible intentar comprar funcionarios públicos sin enfrentar consecuencias.
Precisamente por eso, el estándar que debe aplicarse a su propia denuncia también debe ser alto.
La transparencia no termina cuando se hace una declaración pública.
Comienza cuando esa declaración llega al Ministerio Público acompañada de pruebas.
Mientras eso no ocurra, la denuncia seguirá generando una duda razonable.
No sobre la existencia o inexistencia del supuesto soborno.
Sino sobre por qué un hecho que, de ser cierto, podría constituir uno de los mayores escándalos de corrupción recientes, no ha sido presentado con la contundencia jurídica que exige el Estado de derecho.
Por Melvin Sena
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