La historia política suele ser cruel con quienes olvidan el camino que los llevó al poder. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) no llegó al Palacio Nacional únicamente por el desgaste del PLD. Llegó impulsado por una ciudadanía indignada que convirtió la Plaza de la Bandera en el símbolo más poderoso de la defensa de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión de las últimas décadas.
Desde su llegada al poder, el gobierno del PRM ha impulsado o respaldado diversas iniciativas legislativas que han generado preocupación entre periodistas, juristas y organizaciones de la sociedad civil por su posible impacto sobre la libertad de expresión. Entre ellas se encuentran la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y fue ampliamente cuestionada por las facultades de requerir información; el anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que abrió un intenso debate sobre la regulación del ecosistema digital; y, más recientemente, el nuevo Código Penal (Ley 74-25), cuyos artículos 208, 210, 310 y 311 han sido criticados por diversos sectores debido a que podrían tener un efecto inhibidor sobre la crítica pública, el periodismo de investigación y la libertad de expresión.
Para muchos analistas, más allá de la intención declarada de combatir delitos reales, la acumulación de estas iniciativas ha alimentado la percepción de que existe una tendencia hacia un mayor control legal sobre el debate público y las voces críticas.
Aquella plaza no la llenaron los funcionarios.
La llenaron jóvenes.
Periodistas.
Influencers.
Comunicadores.
Ciudadanos comunes.
Medios digitales.
Programas de opinión.
Redes sociales.
Cinco años después, la pregunta es inevitable.
¿Qué pasó con aquel discurso?
Porque quienes ayer defendían el derecho de todos a denunciar, hoy impulsan un Código Penal que contiene disposiciones que diversos juristas y sectores de la prensa consideran preocupantes para la libertad de expresión.
No toda la reforma merece rechazo. La República Dominicana necesita actualizar su legislación penal para enfrentar nuevas modalidades delictivas.
El problema aparece cuando algunas figuras penales pueden convertirse en herramientas para intimidar el ejercicio del periodismo y la crítica política.
Entre ellas destacan los artículos 208 y 210, que mantienen la penalización de la difamación y la injuria, incluso en contextos relacionados con plataformas digitales y nuevos medios de comunicación. Aunque la protección del honor es un derecho legítimo, la utilización del derecho penal en este ámbito ha sido cuestionada por organismos internacionales por su posible efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
También preocupa el artículo 304, que incorpora el delito de ultraje contra funcionarios públicos. En una democracia constitucional, quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un mayor nivel de escrutinio precisamente porque administran recursos del Estado y toman decisiones que afectan a millones de personas.
Finalmente, el artículo 311 ha sido señalado por diversos sectores debido al alcance que podría tener respecto de expresiones dirigidas contra autoridades públicas, alimentando el debate sobre si su aplicación podría extenderse más allá de la protección legítima del orden público.
Individualmente, cada artículo puede parecer razonable.
Pero juntos crean un escenario que merece una discusión profunda.
Porque las leyes no solo se analizan por lo que dicen.
También por cómo pueden utilizarse.
La Constitución Dominicana, en su artículo 49, reconoce el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin censura previa.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, va aún más lejos.
Establece que la libertad de pensamiento y expresión comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y prohíbe las restricciones indirectas destinadas a impedir la circulación de opiniones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en casos como Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Canese vs. Paraguay y Kimel vs. Argentina que los funcionarios públicos deben soportar un mayor nivel de crítica que los ciudadanos particulares.
¿Por qué?
Porque el poder público pertenece a los ciudadanos.
Y quien administra recursos públicos debe aceptar un escrutinio más intenso.
Publicaban documentos.
Difundían expedientes.
Realizaban transmisiones en vivo.
Se apoyaban en periodistas independientes.
Respaldaban investigaciones periodísticas.
Convocaban protestas.
Participaban en la Plaza de la Bandera.
Defendían el derecho ciudadano a cuestionar al gobierno.
Nunca pidieron que esas voces fueran limitadas.
Nunca hablaron de castigar penalmente a quienes los apoyaban difundiendo denuncias.
Porque aquella libertad les resultaba útil.
Hoy, desde el poder, el discurso parece ser distinto.
Y esa contradicción preocupa.
Porque los derechos fundamentales no pueden cambiar dependiendo de quién ocupe el Palacio Nacional.
Durante esta administración han surgido distintas iniciativas que, desde diversos sectores, han sido interpretadas como intentos de ampliar el control estatal sobre la información, los medios o el debate público.
Cada proyecto ha generado un intenso debate nacional.
Cada intento ha encontrado resistencia de periodistas, abogados constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos.
Y cada vez el Gobierno ha respondido afirmando que su intención no es limitar derechos.
Sin embargo, la repetición de estos episodios alimenta una percepción que el propio Gobierno debería tomar en serio.
La confianza democrática también se pierde por acumulación.
Desde Hackeando el Sistema no defendemos la impunidad.
Quien extorsiona debe responder.
Quien amenaza debe responder.
Quien chantajea debe responder.
Quien fabrica pruebas debe responder.
Quien invade la privacidad de otra persona debe responder.
Pero una cosa es perseguir delitos claramente definidos.
Y otra muy distinta es redactar normas con un margen de interpretación tan amplio que puedan terminar utilizándose para perseguir periodistas, comunicadores, medios digitales o ciudadanos que investigan asuntos de interés público.
La República Dominicana necesita un Código Penal moderno.
Pero también necesita preservar uno de los pilares esenciales de cualquier democracia: la libertad de expresión.
Porque sin periodistas incómodos no hay fiscalización.
Sin fiscalización no hay transparencia.
Y sin transparencia la corrupción deja de tener vigilancia.
El PRM debería recordar que no llegó al poder únicamente por una campaña electoral.
Llegó porque existía una ciudadanía libre para protestar.
Porque había comunicadores dispuestos a denunciar.
Porque había periodistas investigando.
Porque había jóvenes llenando la Plaza de la Bandera para exigir instituciones más fuertes.
Pretender gobernar limitando las mismas herramientas que hicieron posible ese cambio sería una de las mayores contradicciones de la historia política reciente.
La libertad de expresión no pertenece al PRM.
No pertenece a la oposición.
No pertenece a los medios.
Pertenece al pueblo dominicano.
Y cuando un gobierno comienza a legislar de manera que las voces críticas perciben un mayor riesgo al denunciar, la pregunta deja de ser jurídica.
Se convierte en política.
Porque ninguna democracia se fortalece haciendo que los ciudadanos tengan más miedo de hablar que los funcionarios de rendir cuentas.
Por Melvin Sena
A todos los medios y “comunicadores” que seguramente leerán este análisis y encontrarán en él insumos para sus propios contenidos: utilizar información es parte del ejercicio periodístico, pero el crédito también lo es. Reconocer a Hackeandoelsistema.net no solo es un acto de ética profesional, sino que además fortalece su propia credibilidad ante la audiencia, proyectándolos como comunicadores serios, con criterio, fuentes y capacidad real de análisis. Dar crédito no resta; al contrario, suma rigor, transparencia y respeto en un ecosistema mediático que cada vez exige más responsabilidad
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
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