El gobierno del presidente Luis Abinader enfrenta probablemente el momento político más complejo desde que asumió el poder en agosto de 2020. No se trata de una sola crisis. Se trata de una acumulación de conflictos que comienzan a converger peligrosamente.
Mientras una parte importante de la población expresa preocupación por las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la libertad de expresión, miles de afiliados al sistema de salud observan con incertidumbre el conflicto entre las ARS y las clínicas privadas. Al mismo tiempo, sectores empresariales mantienen una confrontación abierta con el Gobierno por la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, mientras el costo de la vida continúa presionando el bolsillo de los dominicanos.
Como si fuera poco, en las calles comienza a sentirse un malestar que ya no responde a un solo tema.
Es una sensación acumulada.
Y eso, en política, siempre es peligroso.
Los gobiernos no caen por un solo problema.
Los gobiernos se desgastan cuando deciden enfrentar diez conflictos al mismo tiempo y no resuelven ninguno.
Un conflicto con sectores empresariales.
Otro con parte de la prensa y los comunicadores.
Otro con organizaciones preocupadas por el Código Penal.
Otro con el sistema de salud.
Otro con una ciudadanía que siente cada vez más presión económica.
Cada uno, por separado, puede administrarse.
Todos juntos pueden convertirse en una tormenta política.
Uno de los principales errores que ha cometido esta administración ha sido creer que el Estado puede dirigirse como si fuera una corporación privada.
No.
La política no funciona como una junta de accionistas.
Un empresario está acostumbrado a tomar decisiones buscando eficiencia económica.
Un gobernante debe tomar decisiones buscando legitimidad política.
No siempre coinciden.
En una empresa basta con que la decisión genere beneficios.
En un gobierno también debe generar estabilidad, confianza y consenso.
Cuando un gobierno olvida esa diferencia, comienza a administrar números y deja de gobernar personas.
El Gobierno necesita menos tecnócratas explicando decisiones y más dirigentes políticos construyendo acuerdos.
Necesita escuchar.
Negociar.
Rectificar cuando sea necesario.
Abrir espacios de diálogo antes de que los conflictos lleguen a las calles.
La política existe precisamente para administrar diferencias.
Cuando un gobierno pierde capacidad política, cada decisión termina convirtiéndose en una crisis.
Y hoy eso parece estar ocurriendo.
Los empresarios son fundamentales para generar inversión, empleo y crecimiento económico.
Pero gobernar un país requiere habilidades diferentes.
La función del empresario es producir riqueza.
La función del político es administrar conflictos.
Cuando se confunden esos papeles, el resultado suele ser un gobierno eficiente en algunas áreas administrativas, pero débil para interpretar el estado de ánimo de la sociedad.
Y eso termina pasando factura.
Es momento de hacer cambios.
Pero para hacerlo debe reconocer que la política no puede seguir subordinada exclusivamente a una lógica gerencial.
Hace falta fortalecer el liderazgo político del Gobierno.
Incorporar figuras con capacidad de diálogo.
Escuchar a los sectores sociales.
Reducir la confrontación.
Buscar consensos.
Y entender que gobernar no consiste únicamente en tener razón.
Consiste en lograr que la sociedad acompañe las decisiones del Estado.
Los gobiernos no suelen caer por falta de crecimiento económico.
Tampoco por una protesta aislada.
Se desgastan cuando dejan de escuchar.
Cuando minimizan el malestar.
Cuando responden con soberbia.
Cuando creen que la administración sustituye a la política.
Y cuando permiten que varios conflictos pequeños se unan hasta convertirse en uno solo.
La República Dominicana necesita estabilidad.
Necesita diálogo.
Necesita instituciones fuertes.
Pero también necesita un gobierno que recuerde una de las reglas más antiguas de la democracia:
Los problemas políticos se resuelven con política, no únicamente con hojas de cálculo, indicadores económicos o decisiones administrativas.
Porque un país no es una empresa.
Y un presidente no puede gobernar como si dirigiera un consejo de administración.
Todavía hay tiempo para rectificar.
La pregunta es si el Gobierno está dispuesto a escuchar antes de que la presión social termine imponiendo la conversación que hoy intenta evitar.
Por Melvin Sena
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