Durante años el debate sobre el precio de los combustibles en República Dominicana se ha concentrado en los impuestos, los subsidios o el precio internacional del petróleo. Sin embargo, una nueva denuncia de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANADEGAS) revela un actor que pocas veces aparece en la discusión pública: las entidades financieras y las procesadoras de tarjetas.
La organización, que representa unas 780 estaciones de combustibles, asegura que las comisiones cobradas por los pagos electrónicos están absorbiendo entre una cuarta parte y más de un tercio del margen de comercialización que reciben las estaciones.
No se trata de un aumento en el precio del combustible ni de un nuevo impuesto. Se trata de un costo financiero que termina reduciendo significativamente la rentabilidad de quienes venden gasolina.
Cada viernes, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) publica el precio oficial de los combustibles.
Ese precio no es arbitrario. Se construye mediante una fórmula que incluye varios componentes.
Es el costo del combustible en el mercado internacional.
Depende de:
Corresponde al transporte del combustible hasta República Dominicana.
Incluye:
Aquí se agregan gastos como:
Es el componente más grande del precio.
Entre ellos se encuentran:
En muchos casos los impuestos representan entre 35 % y 45 % del precio final del combustible.
Aquí participan varios actores.
Reciben un margen autorizado.
También reciben un margen regulado.
Es el margen que más se discute actualmente.
Según ANADEGAS:
Ese dinero debe cubrir:
Es decir, los RD$27.07 no son utilidad neta.
Son el ingreso bruto de la estación.
Aquí aparece el problema denunciado por ANADEGAS.
Cuando un consumidor paga con tarjeta:
la transacción pasa por:
Cada uno recibe una parte de la comisión.
Actualmente estas comisiones oscilan entre:
1.95 % y 2.50 %.
Según ANADEGAS:
Por cada galón vendido:
Eso significa que:
de los RD$27.07 que recibe la estación,
los bancos pueden quedarse con:
31 % del margen bruto (aproximadamente, usando RD$8.45 sobre RD$27.07).
En otras palabras:
Casi uno de cada tres pesos que gana la estación termina en el sistema financiero.
RD$27.07
RD$8.45
RD$18.62
Pero de esos RD$18.62 todavía deben salir:
Es decir, la utilidad real termina siendo mucho menor.
Porque no pueden.
A diferencia de cualquier supermercado o tienda:
las estaciones no fijan el precio.
El precio lo determina semanalmente el MICM.
Si una estación decide cobrar más:
incurriría en una violación regulatoria.
Eso significa que no tiene forma de trasladar el costo financiero al consumidor.
En una venta de gasolina participan varios actores.
Obtiene impuestos.
Es uno de los principales beneficiarios del precio final.
Reciben su margen regulado.
Reciben otro margen regulado.
Recibe el margen regulado de comercialización.
Cobran un porcentaje sobre el valor total de la venta.
Y aquí está la diferencia.
Mientras la estación gana un monto fijo por galón,
la comisión bancaria se calcula sobre el valor de la transacción.
Cuando sube el precio del combustible,
también aumenta automáticamente el ingreso de las procesadoras.
ANADEGAS señala que en Europa:
las comisiones para este tipo de comercios oscilan entre
0.3 % y 0.8 %.
2.50 %.
Es decir,
las estaciones dominicanas pagan entre tres y ocho veces más que muchos establecimientos europeos por aceptar tarjetas.
Hace apenas unos años la mayoría de las ventas eran en efectivo.
Hoy la realidad cambió.
Entre 50 % y 70 % de todas las ventas de combustibles se realizan mediante tarjetas.
Además,
el sector combustibles representa aproximadamente el 10 % de todas las transacciones con tarjetas del país.
Es un volumen enorme para el sistema financiero.
La organización no plantea eliminar el uso de tarjetas.
Tampoco propone volver al efectivo.
Lo que solicita es:
Argumenta que los bancos cuentan con otras fuentes de ingresos —como intereses por financiamiento, cargos por mora y membresías—, por lo que un tratamiento especial para el sector no comprometería la sostenibilidad del sistema financiero.
Este caso abre una discusión que trasciende a las estaciones de combustibles.
Si el Estado fija el precio de venta y también fija el margen de comercialización, pero un tercero puede descontar una parte significativa de ese margen mediante comisiones financieras, surge una pregunta legítima sobre el equilibrio del modelo regulatorio.
No se trata únicamente de cuánto cuesta un galón de gasolina. También se trata de cómo se distribuye cada peso que paga el consumidor, quién asume los costos del sistema de pagos y si las reglas actuales reflejan las condiciones de un mercado donde la mayoría de las transacciones ya se realizan electrónicamente.
Porque mientras el ciudadano observa el precio final en el surtidor, detrás de ese monto existe una cadena de distribución donde el Estado recauda, los importadores y mayoristas reciben márgenes regulados, las estaciones operan con un margen fijo y las entidades financieras cobran una comisión porcentual sobre cada venta. La controversia planteada por ANADEGAS pone el foco precisamente en ese último eslabón de la cadena.
Por HackeandoElSistema.net
A todos los medios y “comunicadores” que seguramente leerán este análisis y encontrarán en él insumos para sus propios contenidos: utilizar información es parte del ejercicio periodístico, pero el crédito también lo es. Reconocer a Hackeandoelsistema.net no solo es un acto de ética profesional, sino que además fortalece su propia credibilidad ante la audiencia, proyectándolos como comunicadores serios, con criterio, fuentes y capacidad real de análisis. Dar crédito no resta; al contrario, suma rigor, transparencia y respeto en un ecosistema mediático que cada vez exige más responsabilidad
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las últimas noticias, ofertas exclusivas, y contenido especial directamente en tu bandeja de entrada. ¡Únete a nuestra comunidad y mantente al día con todo lo que tenemos para ofrecer!
