La libertad de expresión nunca ha sido un regalo del poder. Ha sido una conquista de los ciudadanos. Es el derecho que permitió denunciar la corrupción de gobiernos pasados, revelar escándalos administrativos, cuestionar ministros, ridiculizar presidentes, publicar investigaciones periodísticas y exigir transparencia cuando las instituciones guardaban silencio. Sin esa libertad, el presidente Luis Abinader y el PRM jamás habría llegado al poder.
Y precisamente por eso resulta tan preocupante que hoy sea ese mismo partido el que impulse un marco jurídico que, según numerosos juristas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, podría restringir el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo de investigación.
No estamos hablando de una simple diferencia política.
Estamos hablando de un principio constitucional.
El artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin censura previa.
No dice «excepto cuando se critique al gobierno».
No dice «excepto cuando se incomode a un funcionario».
Dice toda persona.
Y la Constitución no hace esa afirmación por casualidad.
La hace porque la libertad de expresión constituye la primera línea de defensa contra el abuso del poder.
Del discurso de oposición al discurso del poder
Publicaban documentos.
Acusaban ministros.
Cuestionaban contratos.
Criticaban decisiones gubernamentales.
Exigían investigaciones.
Jamás escuchamos al entonces candidato Luis Abinader pedir que un periodista fuera procesado penalmente por publicar una investigación.
Jamás vimos al PRM defender que un funcionario debía tener una protección penal especial frente a la crítica ciudadana.
Porque en ese momento entendían algo muy sencillo:
La libertad de expresión era indispensable para fiscalizar al poder.
Hoy, que ellos son el poder, el discurso parece haber cambiado.
El problema es quién termina protegido por la ley.
Toda sociedad necesita normas que castiguen la extorsión, la amenaza, el chantaje, la suplantación de identidad, la difusión ilícita de imágenes íntimas o el fraude digital.
Eso nadie lo discute.
Lo que genera preocupación es cuando esas normas terminan otorgando una protección privilegiada precisamente a quienes administran el poder público.
El nuevo Código Penal introduce figuras que diversos sectores consideran problemáticas.
Entre ellas, el delito de ultraje contra funcionarios públicos.
En una democracia moderna ocurre exactamente lo contrario.
Los funcionarios públicos deben soportar un mayor nivel de crítica que cualquier ciudadano común.
No lo dice Hackeando el Sistema.
Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Casos como Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), Kimel vs. Argentina (2008) y Canese vs. Paraguay (2004) establecieron que quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un escrutinio mucho más intenso porque administran recursos públicos y toman decisiones que afectan a toda la sociedad.
El control ciudadano no es un abuso.
Es una obligación democrática.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, protege la libertad de pensamiento y expresión y advierte que las restricciones indirectas también constituyen una forma de censura.
No hace falta cerrar un periódico para limitar la libertad de prensa.
Basta con crear suficiente miedo para que nadie quiera investigar.
Basta con que un periodista piense dos veces antes de publicar un documento.
Basta con que un productor de televisión elimine un reportaje porque el costo de defenderse en los tribunales resulta más alto que guardar silencio.
Eso se llama autocensura.
Y la autocensura es el triunfo más silencioso del autoritarismo.
Otro aspecto preocupante es la posibilidad de extender responsabilidades penales a personas jurídicas.
Eso significa que una investigación periodística no solo podría afectar al periodista.
También podría comprometer al canal de televisión.
A la emisora.
Al periódico.
Al portal digital.
A la empresa propietaria.
El resultado es evidente.
Los dueños de medios comenzarán a preguntarse:
¿Vale la pena publicar esto?
¿Vale la pena enfrentar una demanda?
¿Vale la pena arriesgar la empresa?
Y cuando esa pregunta sustituye el criterio periodístico, pierde toda la sociedad.
Aquí también hay que hablarle claro a quienes hoy se presentan como oposición.
Porque defender la libertad de expresión únicamente cuando se está fuera del poder es una enorme hipocresía.
Si legisladores de oposición respaldan normas que podrían restringir derechos fundamentales, también son responsables.
La Constitución no distingue entre oficialistas y opositores.
Los derechos fundamentales tampoco.
La libertad de expresión no pertenece al PRM.
No pertenece a la Fuerza del Pueblo.
No pertenece al PLD.
Pertenece al pueblo dominicano.
Y quien vote una ley que debilite ese derecho deberá responder ante la historia, sin importar el color de su bandera.
Desde Hackeando el Sistema no defendemos el libertinaje.
No defendemos la difamación.
No defendemos el chantaje.
No defendemos las noticias falsas.
Quien cometa delitos reales debe responder ante la justicia.
Pero tampoco aceptaremos que, bajo el discurso de combatir los excesos digitales, se construya un marco jurídico que pueda utilizarse para intimidar periodistas, comunicadores, investigadores y ciudadanos.
Las democracias no mueren únicamente con tanques en las calles.
También comienzan a deteriorarse cuando el poder descubre que es más fácil controlar las voces críticas que responder las preguntas incómodas.
La misma libertad de expresión que hoy incomoda al gobierno fue la que le permitió conquistar el poder.
Si ayer era un derecho fundamental, hoy no puede convertirse en un problema político.
Porque cuando un gobierno comienza a proteger más la sensibilidad de los funcionarios que el derecho de los ciudadanos a fiscalizarlos, deja de fortalecer la democracia.
Empieza, poco a poco, a debilitarla.
Por Melvin Sena
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