A todos los gobiernos que les falló la estrategia de seguridad: abrazaron el 29
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Cuando el Estado abandona la prevención, la respuesta termina siendo la fuerza:
el costo de un sistema policial que no aprende. Hay una pregunta que debería estar en el centro del debate sobre seguridad ciudadana en República Dominicana:
¿Qué ocurre cuando el Estado no logra prevenir la criminalidad, pero tampoco consigue reformar de manera efectiva a quienes tienen el monopolio legítimo de la fuerza?
La respuesta puede terminar apareciendo en forma de estadísticas de homicidios, operativos policiales, supuestos intercambios de disparos y familias que pierden a sus integrantes.
Durante décadas, la discusión dominicana sobre seguridad se ha concentrado en una fórmula recurrente: más policías, más operativos y mayor capacidad de respuesta.
Pero existe otra parte de la ecuación que suele recibir menos atención: prevención, investigación criminal, inteligencia, educación, oportunidades económicas, control interno, justicia y rendición de cuentas.
Cuando esas herramientas fallan, el Estado puede terminar enfrentando las consecuencias de la criminalidad principalmente mediante la fuerza.
Y ahí comienza el problema.
Más de 7,000 muertes en tres décadas
Una compilación publicada por el sociólogo Cándido Mercedes en Acento, utilizando datos atribuidos a Participación Ciudadana, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, registra 7,135 personas muertas a manos de la Policía Nacional entre 1996 y el 3 de julio de 2026. La misma compilación señala que alrededor del 77 % de esos casos estuvo relacionado con los denominados "intercambios de disparos". (Acento)
La cifra debe manejarse con precisión: no significa que las 7,135 muertes hayan sido declaradas judicialmente ejecuciones extrajudiciales ni que todas hayan ocurrido por abuso policial. Es una serie de personas muertas en actuaciones de la Policía, construida a partir de distintas fuentes, y existen diferencias entre algunas bases estadísticas.
Pero el volumen sí permite formular una pregunta institucional legítima:
¿Puede una sociedad mantener durante tres décadas un número tan elevado de muertes producidas por actuaciones policiales sin preguntarse qué está fallando en su modelo de seguridad?
Muertes registradas por año
La serie publicada por Acento registra:
(Acento)
Hay que advertir que los períodos presidenciales incluyen años de transición, por lo que no debe interpretarse cada cifra como una atribución personal al presidente de turno. La responsabilidad política relevante es más amplia: corresponde al Estado, a sus instituciones de seguridad, a sus mecanismos de supervisión y a las autoridades responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas.
El problema no comenzó con el gobierno actual
Este punto es fundamental.
La discusión sobre las muertes producidas por agentes policiales no puede convertirse simplemente en un argumento contra un gobierno determinado.
Los datos muestran que el fenómeno atraviesa diferentes administraciones.
Durante el primer gobierno de Leonel Fernández, la serie registra 1,214 muertes entre 1996 y 2000. Durante el gobierno de Hipólito Mejía aparecen 1,060. En los períodos de Leonel Fernández entre 2004 y 2012, la misma fuente registra 2,810.
Durante los ocho años de Danilo Medina aparecen 1,092, mientras que desde agosto de 2020 hasta el 3 de julio de 2026 la compilación registra 959 bajo Luis Abinader. (Acento)
Por tanto, sería incorrecto presentar el problema como si hubiera nacido en 2020.
Es un problema institucional acumulado.
Y precisamente por eso resulta insuficiente responder a cada aumento de la delincuencia con una nueva operación policial.
La pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando falla la prevención?
Aquí aparece la parte más importante del debate.
La Policía tiene una función constitucional definida: salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar delitos, perseguir e investigar infracciones y mantener el orden público. La Ley Orgánica 590-16 también establece como objetivos la profesionalización, la eficiencia y el respeto a los derechos humanos. (Policía Nacional Dominicana)
Eso significa que la seguridad no consiste exclusivamente en perseguir delincuentes después de que ocurre un delito.
También significa prevenirlo.
Si un Estado tiene barrios donde la criminalidad se reproduce durante años, jóvenes sin oportunidades, comunidades con presencia limitada de servicios públicos, sistemas de investigación deficientes y una justicia incapaz de producir consecuencias oportunas, el problema no desaparece porque aumente el número de patrullas.
La patrulla puede llegar después.
La política pública debe llegar antes.
Cuando el "intercambio de disparos" se convierte en una respuesta habitual
Este es uno de los puntos más delicados.
Una investigación de Diario Libre publicada bajo el nombre "Patrulla Letal" documentó casos en los que sentencias judiciales, testimonios e imágenes contradijeron versiones oficiales de algunas muertes reportadas como intercambios de disparos. La investigación también recopiló casos desde 2004 y señaló problemas relacionados con abuso, errores, corrupción y una política cuestionada de mano dura contra la delincuencia. (Patrulla Letal)
Eso no significa que todo intercambio de disparos sea falso.
Significa algo diferente y mucho más importante:
cada muerte producida por la fuerza pública debe poder ser investigada de manera independiente y verificable.
Si hubo enfrentamiento, debe demostrarse.
Si hubo uso legítimo de la fuerza, debe establecerse.
Si hubo exceso, debe determinarse.
Y si hubo una ejecución, los responsables deben responder ante la justicia.
El Estado no puede pedirle a la ciudadanía que confíe ciegamente en la versión de quien utilizó la fuerza letal.
Ya existían advertencias hace dos décadas
Este tampoco es un fenómeno nuevo.
Amnistía Internacional documentó en 2000 preocupaciones sobre muertes ocasionadas por las fuerzas de seguridad dominicanas y señaló posibles violaciones de las normas internacionales sobre privación arbitraria de la vida y uso de la fuerza letal. (Amnesty International)
En 2005, Amnistía registró 348 personas muertas en intercambios de disparos entre enero y agosto, según estadísticas oficiales, frente a 360 durante todo 2004, y señaló que existían informes no corroborados que sugerían que algunos de esos casos podían corresponder a ejecuciones extrajudiciales. (Amnesty International)
Y en 2012, Amnistía citaba datos de la Procuraduría según los cuales la Policía había matado a 289 personas durante 2011 y señalaba que más de una décima parte de los homicidios registrados ese año habían sido cometidos por la Policía. También cuestionaba la investigación de estos casos y el hecho de que los responsables no siempre enfrentaran justicia. (Amnesty International)
Es decir:
las advertencias llevan décadas sobre la mesa.
El problema de fondo no es solamente la Policía
Aquí conviene hacer una distinción.
Hablar de "negligencia del Estado" no debería significar afirmar que cada muerte policial fue producto de negligencia.
Eso tendría que establecerse caso por caso.
Pero sí puede hablarse de responsabilidad institucional cuando durante décadas persisten problemas conocidos sin una solución suficientemente efectiva.
Y esa responsabilidad involucra mucho más que a los agentes que disparan.
Incluye:
los gobiernos que diseñan las políticas de seguridad;
los organismos responsables de supervisar a la Policía;
el Ministerio Público encargado de investigar;
los tribunales que conocen los casos;
el Congreso que crea el marco jurídico;
las autoridades que administran los recursos;
y la propia estructura policial.
El Estado no solamente tiene la obligación de perseguir al delincuente.
También tiene la obligación de controlar al agente que utiliza la fuerza en nombre del Estado.
El propio Estado reconoce que la fuerza tiene límites
La normativa policial establece que el uso de la fuerza debe respetar los derechos humanos y que el uso excesivo de la fuerza constituye una actuación arbitraria e ilegal. La Policía también establece que la fuerza letal debe ser un recurso excepcional. (Policía Nacional Dominicana)
Por eso existe una contradicción que merece ser discutida.
Si la ley establece que la fuerza letal es excepcional, pero durante décadas se acumulan miles de muertes en actuaciones policiales, la discusión no puede limitarse a cuántos delincuentes fueron sacados de circulación.
Hay que preguntar:
¿Cuántos casos fueron investigados? ¿Cuántos agentes fueron sancionados? ¿Cuántas investigaciones terminaron en condenas? ¿Cuántas muertes fueron justificadas por evidencia independiente?
Sin esas respuestas, el número bruto de muertes puede terminar siendo utilizado para justificar la eficacia policial cuando, en realidad, también puede estar mostrando una falla de los mecanismos de prevención, control y rendición de cuentas.
Y la delincuencia sigue siendo el argumento
Aquí está la paradoja.
Cuando aumenta la criminalidad, la sociedad exige seguridad.
La Policía responde con mayor presencia.
Los delincuentes responden con mayor violencia.
El Estado aumenta nuevamente la presión policial.
Y entonces aparecen más enfrentamientos.
Pero si la política pública se limita a esa secuencia, se puede crear un círculo difícil de romper:
más delincuencia → más presión policial → más enfrentamientos → más muertes → más desconfianza → menos cooperación ciudadana → mayores dificultades para investigar delitos.
La seguridad sostenible requiere romper ese círculo.
2026 demuestra que el problema todavía existe
La discusión tampoco pertenece únicamente al pasado.
Diario Libre reportó que hasta el 21 de agosto de 2026 habían muerto 156 personas en intervenciones de agentes policiales durante los primeros ocho meses del año, aproximadamente cinco por semana. La cifra era 13 menor que la registrada durante el mismo período de 2025. (Diario Libre)
Es decir, hay una reducción respecto al año anterior según esa fuente, pero el fenómeno continúa siendo considerable.
Y el propio Estado reconoce que la reforma policial sigue en proceso.
En septiembre de 2026, la Policía informó avances en formación, modernización tecnológica y transformación institucional, incluyendo la incorporación de 11,001 nuevos agentes y la formación de 8,573 policías. (Policía Nacional Dominicana)
La institución también está trabajando en la actualización de reglamentos relacionados con derechos humanos, uso de la fuerza, transparencia y vínculos comunitarios. (Policía Nacional Dominicana)
Eso es relevante porque demuestra que el propio Estado reconoce que la transformación policial es un proceso todavía en construcción.
El verdadero fracaso sería no aprender
El debate no debería reducirse a defender a la Policía o atacar a la Policía.
Una democracia necesita una Policía capaz de enfrentar a quienes cometen delitos.
Pero también necesita que esa Policía opere bajo reglas estrictas.
Necesita investigación criminal.
Necesita inteligencia.
Necesita prevención.
Necesita fiscales que investiguen.
Necesita jueces independientes.
Necesita controles internos.
Necesita estadísticas transparentes.
Y necesita ciudadanos que puedan denunciar a un delincuente sin sentir que mañana tendrán que defenderse también de la institución encargada de protegerlos.
Porque cuando el Estado abandona la prevención, la fuerza termina ocupando el espacio que debió ocupar la política pública.
Y cuando además falla el control sobre esa fuerza, el problema deja de ser solamente la criminalidad.
Se convierte en un problema de Estado.
La República Dominicana lleva décadas discutiendo la seguridad desde la lógica de "mano dura".
La pregunta que queda pendiente es mucho más profunda:
¿Cuánto tiempo puede un Estado combatir las consecuencias de la criminalidad sin resolver las causas que la producen y, al mismo tiempo, sin garantizar que quienes ejercen el poder coercitivo respondan plenamente por sus actos?
Porque si después de casi treinta años seguimos contando muertos y preguntándonos cómo ocurrió cada enfrentamiento, quizás el problema no sea únicamente que la Policía necesita más fuerza.
Quizás también sea que el Estado necesita demostrar que sabe utilizarla, limitarla y rendir cuentas por ella.
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