El dinero de las AFP no puede convertirse en capital barato para unos pocos mientras el trabajador asume el riesgo
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El caso de César Iglesias obliga a revisar cómo se utilizan los fondos de pensiones, qué papel juegan los puestos de bolsa vinculados a grandes grupos financieros y si la Ley 87-01 necesita una reforma profunda.
Hay una discusión que República Dominicana ya no puede seguir evitando.
¿Para quién está diseñado realmente el sistema de pensiones?
La respuesta legal es clara: para proteger al trabajador y garantizarle ingresos durante su retiro.
Pero el dinero acumulado por los trabajadores tiene otra función mientras llega ese momento: se convierte en uno de los mayores reservorios de capital de la economía dominicana.
Y ahí comienza el problema que debemos discutir.
No porque invertir los fondos sea ilegal.
No porque las AFP puedan hacer lo que quieran.
Y tampoco porque toda inversión empresarial sea mala.
El problema es mucho más sencillo:
¿Quién asume el riesgo cuando se invierte el dinero obligatorio del trabajador y quién obtiene el beneficio de movilizar ese capital?
El caso de César Iglesias permite mirar esta pregunta con números concretos.
RD$3,492 millones del dinero de los trabajadores entraron en César Iglesias
En agosto de 2023, las AFP Reservas, Crecer y Siembra compraron 27,104,859 acciones de César Iglesias por RD$3,492,190,033.56.
Esa compra representó el 70 % de las acciones ofrecidas al mercado, mientras que la oferta completa correspondía al 30 % del capital de la compañía.
Según SIPEN, las tres AFP representaban entonces el 62.41 % de los recursos acumulados y el 65.51 % de los trabajadores del sistema de capitalización individual.
En consecuencia, 3,072,249 afiliados se convirtieron indirectamente en accionistas de César Iglesias. (SIPEN)
El precio de adquisición fue de RD$128.84 por acción.
Hasta aquí, todo está documentado.
Y también hay que decir algo que suele desaparecer en las discusiones políticas:
la operación fue autorizada por el sistema regulatorio.
La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión aprobó el instrumento mediante la Resolución 228 y, según SIPEN, la empresa tenía una calificación AA, considerada de alta calidad crediticia. (SIPEN)
Por tanto, no estamos frente a una inversión clandestina.
Estamos frente a una inversión legalmente autorizada.
Y precisamente por eso podemos analizarla sin necesidad de inventar una conspiración.
Pero tres años después los números cambiaron
La acción que costó RD$128.84 llegó a cotizar en RD$90 en marzo de 2026.
Eso representa una caída de aproximadamente 30.1 % respecto al precio de emisión. (Periódico elDinero)
Si simplemente multiplicamos la diferencia de precio —RD$38.84— por las 27,104,859 acciones adquiridas originalmente por las AFP, obtenemos aproximadamente:
RD$1,052.8 millones
de disminución en el valor de mercado de esa posición respecto al precio original.
Pero cuidado:
eso no significa automáticamente que las AFP hayan materializado una pérdida de RD$1,052.8 millones.
Una acción puede subir o bajar sin que exista una pérdida realizada hasta que se venda, y además pueden existir dividendos, otras transacciones, cambios de valoración y otros elementos contables.
La cifra representa una pérdida de valor de mercado respecto al precio de adquisición, no necesariamente una pérdida definitiva realizada.
Esta distinción es fundamental.
Porque investigar no significa exagerar.
Significa poner todos los números sobre la mesa.
¿Y dónde estaba el banco?
Aquí la operación se vuelve todavía más interesante.
La oferta pública de César Iglesias fue estructurada por BHD Puesto de Bolsa.
Los agentes colocadores fueron:
BHD Puesto de Bolsa
Inversiones Popular, Puesto de Bolsa
Y como agentes distribuidores participaron:
Alpha Inversiones
PARVAL.
Eso está documentado por la Bolsa de Valores, el Grupo Popular y la propia documentación del prospecto. (BVRD)
Además, el prospecto establecía que los fondos captados serían utilizados principalmente para saldar deuda en dólares con Banco Popular, entre otras obligaciones. (Cesar Iglesias)
Y aquí aparece una pregunta legítima que no debe confundirse con una acusación:
¿Cómo se manejan los posibles conflictos de interés cuando en una misma operación aparecen fondos de pensiones, puestos de bolsa pertenecientes a grandes grupos financieros y una empresa que tiene obligaciones con uno de esos grupos?
No estoy afirmando que exista una operación ilegal.
No encontré evidencia que permita afirmar eso.
Pero sí existe una estructura suficientemente compleja como para exigir transparencia absoluta.
Porque el dinero del trabajador no es dinero voluntario
Aquí está la diferencia fundamental.
Si un empresario decide invertir RD$100 millones en una empresa y pierde 30 %, tomó voluntariamente ese riesgo.
Si un inversionista compra acciones de César Iglesias a RD$128.84 y luego las ve caer a RD$90, asumió conscientemente el riesgo de renta variable.
Pero el trabajador dominicano no decidió libremente entrar al sistema de capitalización individual.
La cotización previsional es obligatoria.
Por eso la exigencia de protección debe ser extraordinariamente alta.
El trabajador puede no saber que su fondo terminó invertido en determinadas acciones, bonos, fideicomisos o fondos de inversión.
Y mucho menos puede decidir:
"No quiero invertir en esta empresa; prefiero un instrumento de menor riesgo."
La arquitectura del sistema toma esa decisión por él.
Entonces aparece la pregunta que nadie quiere contestar
Si el trabajador está obligado a aportar...
Si la AFP decide dónde invertir...
Si el trabajador asume indirectamente el riesgo...
¿Por qué no debería tener también una capacidad mucho mayor de decidir cómo se administra su ahorro?
Aquí entra una propuesta que merece discutirse:
reformar la Ley 87-01 para ampliar la libertad de elección del afiliado, establecer mecanismos de competencia real entre administradoras y evaluar alternativas de participación voluntaria dentro de límites que preserven el objetivo previsional.
Eso no significa simplemente:
"Devuélvanle el dinero a todo el mundo mañana."
Sería irresponsable.
Una reforma seria tendría que garantizar que una parte del ahorro continúe protegida para la jubilación.
Pero sí puede discutirse un sistema con mayor libertad, mayor competencia y mayor capacidad de elección del trabajador.
¿Y qué pasa con el "capital barato"?
Aquí debemos ser precisos.
La operación de César Iglesias fue una compra de acciones, no un préstamo bancario convencional.
Por tanto, no podemos decir que las AFP "prestaron dinero a 9 %" a César Iglesias.
Las AFP compraron acciones.
Y una acción no tiene una tasa fija ni una garantía de devolución del capital como un bono con cupón o un préstamo garantizado.
Eso hace todavía más importante la discusión sobre riesgo.
Porque en una inversión de renta variable:
si la empresa crece, el accionista participa en el potencial aumento de valor; si el mercado la castiga, el precio puede caer.
SIPEN reconoce expresamente que la compra de César Iglesias fue una forma de diversificar el portafolio de los fondos de pensiones. (SIPEN)
La pregunta no es entonces:
"¿Por qué le regalaron dinero a César Iglesias?"
La pregunta correcta es:
¿Fue adecuada la relación entre riesgo, precio, liquidez y rendimiento esperado para los fondos de los trabajadores?
Esa sí es una pregunta financiera seria.
Y el mercado ya dio una señal
La acción llegó a RD$169.99 durante las primeras semanas de cotización.
Después bajó.
Cerró 2024 alrededor de RD$132.99.
Terminó 2025 alrededor de RD$121.
Y en marzo de 2026 llegó a RD$90. (Periódico elDinero)
No significa que la empresa esté quebrada.
De hecho, en 2026 ha mostrado indicadores operativos mejores en algunos aspectos y la cotización posteriormente se recuperó parcialmente. Pero el descenso respecto al precio de emisión es un hecho que no puede ignorarse.
Y existe otro dato importante:
En 2025, César Iglesias registró una fuerte caída de sus beneficios netos, de RD$438.4 millones en 2024 a aproximadamente RD$4.5 millones en 2025, según sus estados financieros auditados reportados recientemente. (Dominican Today)
Eso no prueba que la inversión de las AFP haya sido equivocada.
Pero demuestra algo fundamental:
las inversiones empresariales tienen riesgo real.
Y cuando el capital proviene de fondos previsionales obligatorios, ese riesgo merece ser vigilado con lupa.
¿Quién protege al trabajador?
Aquí aparece el papel de SIPEN.
La institución sostiene que la Comisión Clasificadora evalúa los instrumentos considerando factores financieros, riesgos, capacidad de generación de flujos, desempeño y perspectivas, y establece límites de inversión y diversificación. (SIPEN)
Además, las AFP no pueden invertir libremente en cualquier instrumento: deben mantenerse dentro de los instrumentos permitidos por la Ley 87-01 y las normas correspondientes. (SIPEN)
Eso es importante.
Pero también significa que la discusión debe trasladarse al diseño de las reglas.
Porque una inversión puede cumplir todos los requisitos legales y posteriormente perder valor.
La regulación reduce riesgos.
No los elimina.
El verdadero debate no es contra las empresas
Yo no tengo ningún problema con que los fondos de pensiones financien empresas dominicanas.
Al contrario.
Un mercado de capitales desarrollado necesita inversionistas institucionales.
Las empresas necesitan capital.
El país necesita inversión.
Y los trabajadores necesitan que sus fondos produzcan rentabilidad.
El problema aparece cuando el sistema parece estar diseñado principalmente para responder a las necesidades de:
empresas → bancos → mercado de capitales
y no con la misma intensidad a:
trabajador → patrimonio → vivienda → pensión digna.
Ahí es donde debemos poner la lupa.
Los trabajadores tienen derecho a exigir una reforma
No hace falta acusar a nadie de ladrón.
No hace falta llamar corrupto a ningún empresario.
No hace falta inventar "maletines".
Hay suficiente material documentado para abrir una discusión nacional.
El trabajador debería exigir:
1. Mayor transparencia
Que cada afiliado pueda conocer fácilmente dónde está invertido su dinero, cuánto rinde cada instrumento y cuánto riesgo tiene.
2. Transparencia sobre conflictos de interés
Cuando AFP, bancos, puestos de bolsa, emisores y grupos empresariales tengan relaciones societarias o comerciales, estas deben estar claramente identificadas.
3. Mayor competencia
La administración de los fondos no debería depender de una estructura que concentre demasiado poder económico.
4. Libertad de elección
Debe estudiarse un sistema que permita al afiliado escoger entre diferentes perfiles de inversión y, eventualmente, mecanismos voluntarios adicionales, sin destruir la protección previsional.
5. Revisión de la Ley 87-01
Después de décadas de funcionamiento, es razonable preguntarse si las reglas originales continúan siendo las mejores para los trabajadores actuales.
¿Y qué pueden hacer los trabajadores?
Aquí no hace falta violencia ni intimidación.
Los trabajadores tienen mecanismos democráticos y legales para reclamar:
organizarse, exigir información, acudir a sus sindicatos, presentar propuestas ante el Congreso, participar en consultas públicas, reclamar ante los organismos reguladores, ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y exigir públicamente una reforma.
Incluso una campaña ciudadana de "brazos caídos", si se realiza, tendría que ser pacífica, organizada y respetuosa de los derechos de terceros y de la legislación laboral.
La decisión de participar corresponde a cada trabajador.
Pero el principio es válido:
un sistema construido alrededor del ahorro obligatorio de millones de trabajadores no debería reformarse sin escuchar a esos mismos trabajadores.
El caso César Iglesias debería abrir la discusión, no cerrarla
Tres millones de trabajadores fueron convertidos indirectamente en accionistas de una empresa mediante sus fondos de pensiones.
Eso fue presentado en 2023 como un hito para el mercado de capitales dominicano. Y efectivamente lo fue. (SIPEN)
Pero tres años después tenemos una pregunta igualmente histórica:
¿Qué pasa cuando el activo pierde valor?
¿Quién responde?
¿Quién explica?
¿Quién evalúa si la decisión fue correcta?
¿Quién determina si el precio pagado originalmente reflejaba adecuadamente el riesgo?
¿Y qué mecanismos tiene el trabajador para decir:
"Yo no quiero que mi ahorro previsional vuelva a asumir ese tipo de riesgo"?
Esas preguntas no son antiempresariales.
Son preguntas pro-trabajador.
El dinero debe trabajar para quien lo produjo
Las AFP pueden invertir.
Las empresas pueden financiarse.
Los bancos pueden participar.
Los puestos de bolsa pueden ganar comisiones.
El mercado de valores puede crecer.
Todo eso puede coexistir.
Pero hay una condición que debería estar por encima de todas:
el trabajador tiene que ser el centro del sistema.
No puede ser solamente el que aporta.
Tiene que ser también quien reciba una rentabilidad adecuada al riesgo asumido.
Y si las reglas actuales no consiguen garantizarlo suficientemente, entonces toca discutir una reforma.
No para destruir las AFP.
No para destruir el mercado de capitales.
No para impedir que las empresas obtengan financiamiento.
Sino para devolverle al trabajador algo que nunca debió perder: capacidad de decisión sobre el destino de su propio ahorro.
Porque RD$3,492 millones pueden parecer simplemente una cifra financiera.
Pero detrás de esos RD$3,492 millones hay 3,072,249 trabajadores convertidos indirectamente en accionistas.
Y cuando se trata del dinero con el que esas personas esperan financiar su vejez, cada peso, cada inversión y cada decisión merece una explicación.
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