ABINADER Y EL DESCONTROL DEL PAÍS: LA FAMILIA DOMINICANA TRABAJA CADA VEZ MÁS PARA VIVIR CADA VEZ PEOR

Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net

Hay una realidad que millones de dominicanos conocen demasiado bien: el dinero se termina antes de que termine el mes. Los salarios pierden capacidad de compra, llenar el tanque cuesta más, el dólar encarece los productos importados y las facturas eléctricas se convierten en una preocupación permanente para hogares que ya tienen sus presupuestos al límite.

Mientras tanto, el Gobierno continúa administrando el país como si los indicadores económicos fueran suficientes para demostrar que las cosas marchan bien.

Pero gobernar no consiste solamente en presentar cifras de crecimiento, inaugurar obras o anunciar inversiones. Gobernar significa conseguir que el crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para la población. Y cuando las familias sienten que cada mes pueden comprar menos con el mismo salario, el presidente de la República no puede evadir su responsabilidad.

Luis Abinader lleva la responsabilidad política principal por el rumbo de su Gobierno, por las prioridades de su administración y por las medidas que adopta —o deja de adoptar— para enfrentar el deterioro de la economía familiar.

No es responsable atribuirle personalmente cada movimiento del mercado internacional, cada variación cambiaria o cada problema heredado. Pero sí corresponde exigirle que responda por las decisiones económicas de su administración, por la calidad de los servicios públicos y por los resultados de las políticas que prometió utilizar para mejorar la vida de los dominicanos.

Y ahí es donde comienzan las preguntas incómodas.

1. La gasolina: RD$30,420 menos de capacidad de compra al año

Tomemos como referencia las cifras planteadas: la gasolina regular pasó de RD$272.50 por galón en octubre del año pasado a RD$317.50, para un incremento de RD$45 por galón.

La diferencia parece manejable cuando se observa únicamente el precio de un galón. Pero el impacto cambia cuando se calcula cuánto representa para una familia que utiliza su vehículo semanalmente.

Si el tanque tiene una capacidad de 13 galones y se llena una vez por semana, el cálculo es el siguiente:

• Aumento por galón: RD$45.

• Consumo semanal considerado: 13 galones.

• Sobrecosto semanal: RD$585.

• Sobrecosto anual: RD$30,420.

Esto significa que, bajo ese supuesto de consumo, una persona que gana RD$50,000 mensuales estaría destinando el equivalente al 5.07 % de su ingreso anual al costo adicional de la gasolina, en comparación con el precio anterior.

Y hay que hacer una precisión: esos RD$30,420 no representan necesariamente una reducción equivalente de su salario nominal, sino el dinero adicional que necesita para comprar la misma cantidad de combustible.

La diferencia es importante porque revela el verdadero problema: el salario puede permanecer igual mientras el costo de mantener el mismo nivel de vida aumenta.

El trabajador no necesariamente gana menos pesos, pero puede comprar menos alimentos, ahorrar menos, aplazar una reparación o reducir otros gastos para cubrir el combustible.

¿Y qué hace el Gobierno frente a esa presión? ¿Presenta medidas verificables para proteger la capacidad de compra de los hogares? ¿Explica con claridad los factores que determinan los precios? ¿Evalúa el impacto acumulado del transporte sobre la canasta básica?

El presidente Abinader debe responder por la política económica que dirige su administración y por la efectividad de las medidas que adopta para contener esa presión.

No basta con pedir paciencia mientras el ciudadano paga la diferencia.

2. El dólar sube y la factura termina llegando al consumidor

Según la cotización señalada, el dólar se sitúa en RD$61.34, con un incremento de RD$2.70 respecto al valor de referencia utilizado.

Para quien compra diez dólares, la diferencia puede parecer pequeña. Para una empresa que necesita adquirir USD$10,000, el efecto es otro.

Una variación de RD$2.70 por dólar representa RD$27,000 adicionales para comprar esos USD$10,000, siempre que se compare el mismo monto y que el cambio de RD$2.70 corresponda efectivamente a la diferencia entre ambas cotizaciones.

Ese costo puede afectar a importadores, comerciantes y empresas que necesitan pagar mercancías, materias primas, equipos o servicios en moneda extranjera.

Y cuando esos mayores costos se trasladan al mercado, pueden terminar reflejándose en los precios que pagan los consumidores dominicanos.

No todo aumento de precios puede atribuirse exclusivamente al dólar. También intervienen los costos internacionales, el transporte, los márgenes comerciales, los impuestos y las condiciones de oferta y demanda. Pero eso no elimina la responsabilidad del Gobierno de vigilar el mercado cambiario, preservar la estabilidad macroeconómica y explicar sus decisiones.

La pregunta es inevitable: ¿qué mecanismos está utilizando la administración de Abinader para evitar que las variaciones cambiarias se conviertan en otra carga desproporcionada para las familias?

El ciudadano común no recibe ingresos en dólares para compensar cada depreciación del peso. Cobra en pesos y compra en un mercado donde muchos costos dependen directa o indirectamente de la moneda estadounidense.

Por eso, la estabilidad económica no puede medirse solamente desde las oficinas gubernamentales. También debe evaluarse desde el presupuesto de quienes viven de un salario.

3. La electricidad: cuando pagar la factura se convierte en una angustia

A los gastos de combustible y al encarecimiento de numerosos productos se suma la preocupación por las facturas eléctricas.

Se han denunciado casos de usuarios que reciben facturas muy superiores a sus pagos habituales, incluso por montos que multiplican varias veces lo que acostumbraban pagar. Cada caso debe examinarse con su historial de consumo, la lectura del medidor, la tarifa aplicada y cualquier ajuste correspondiente; no es correcto afirmar que todos los hogares han experimentado el mismo incremento.

Sin embargo, cuando una familia denuncia que su factura se ha multiplicado y siente que no tiene otra alternativa que pagarla, el problema deja de ser una simple controversia administrativa.

Para una familia de ingresos limitados, una factura extraordinaria puede significar sacrificar la compra de alimentos, retrasar el pago del alquiler, endeudarse o dejar de cubrir otra necesidad básica.

La electricidad no es un lujo prescindible. Es indispensable para conservar alimentos, estudiar, trabajar y mantener condiciones mínimas de bienestar.

Por eso, el Gobierno debe exigir transparencia en la facturación, mecanismos efectivos para reclamar cobros cuestionados y explicaciones sobre las causas de los incrementos. También debe rendir cuentas sobre la eficiencia del sistema eléctrico, las pérdidas, la calidad del servicio y el uso de los recursos públicos destinados al sector.

No se puede exigir al ciudadano que pague puntualmente por un servicio esencial sin garantizarle facturación transparente, atención efectiva y una explicación cuando el monto cobrado se dispara.

La administración de Abinader debe asumir su responsabilidad por la gestión del sector eléctrico y demostrar, con resultados, qué está haciendo para corregir los problemas que afectan a los usuarios.

4. La canasta básica: el golpe que se siente todos los días

El combustible no se consume de manera aislada. La electricidad tampoco se paga fuera del presupuesto familiar. Ambos gastos compiten con la comida, el transporte, la educación, la salud y la vivienda.

Cuando aumentan los costos de movilizar mercancías, operar negocios y mantener servicios, puede generarse presión sobre otros precios. A eso se suma la evolución de los alimentos, los alquileres y los productos que dependen de importaciones.

El resultado es una familia obligada a reorganizar sus gastos una y otra vez.

Antes podía comprar determinada cantidad de carne, arroz, habichuelas, aceite y otros productos. Ahora compara precios, sustituye marcas, reduce cantidades o elimina artículos de la compra.

Antes podía guardar una parte del salario para una emergencia. Ahora utiliza ese dinero para completar la compra del supermercado o pagar una factura.

Y cuando llega una avería del vehículo, una enfermedad o un gasto escolar inesperado, la familia descubre que no tiene reservas suficientes para responder.

Esa es una de las consecuencias más preocupantes de la pérdida de capacidad de compra: no solamente reduce el consumo presente, sino que debilita la capacidad de los hogares para enfrentar emergencias y construir patrimonio.

El Gobierno no puede controlar todos los precios, pero sí puede evaluar el impacto de sus políticas, fortalecer la competencia, mejorar los servicios públicos, reducir ineficiencias y dirigir los recursos hacia las necesidades que más afectan a la población.

Por eso, la pregunta no es solamente cuánto creció la economía. La pregunta es cuánto de ese crecimiento llegó a las familias que viven de su trabajo.

5. Abinader debe asumir el descontrol y explicar cuáles son sus prioridades

Un presidente no puede atribuirse los éxitos de su administración y, al mismo tiempo, presentar todos sus problemas como consecuencias de factores externos.

Si el Gobierno destaca la inversión, el crecimiento, el turismo y la estabilidad macroeconómica como resultados de su gestión, también debe aceptar el escrutinio cuando los ciudadanos denuncian que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

La responsabilidad política consiste precisamente en responder por el conjunto de las decisiones públicas, no solamente por aquellas que resultan favorables.

Eso no significa afirmar que Abinader controla personalmente el precio internacional del petróleo, el mercado de divisas o todas las tarifas eléctricas. Significa reconocer que, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene la obligación de coordinar políticas, establecer prioridades, corregir deficiencias y explicar por qué las medidas de su Gobierno son suficientes o insuficientes para proteger a la población.

Cuando se acumulan las quejas sobre el costo de la vida, la calidad de los servicios y la capacidad de los salarios para cubrir los gastos, el Gobierno debe dejar de responder únicamente con explicaciones generales y presentar resultados que puedan comprobarse.

¿Está mejorando la capacidad de compra de los trabajadores?

¿Se están reduciendo los costos que soportan las pequeñas empresas?

¿Los servicios públicos ofrecen una calidad proporcional a lo que paga la ciudadanía?

¿Se están utilizando los recursos del Estado para aliviar las necesidades más urgentes?

¿Existen mecanismos efectivos para corregir los abusos, las ineficiencias y las irregularidades?

Estas preguntas no son ataques contra el país. Son exigencias legítimas a quienes lo gobiernan.

El verdadero descontrol aparece cuando los problemas se acumulan, las respuestas no producen resultados suficientes y la población termina acostumbrándose a vivir bajo presión.

6. ¿Estamos entrando en una forma de esclavitud económica?

La expresión es dura, pero describe una sensación que merece atención: trabajar durante todo el mes y aun así vivir con la preocupación permanente de no poder cubrir los gastos.

No se trata de esclavitud en el sentido jurídico de la palabra. Se trata de una dependencia económica que reduce la libertad real de las personas.

Quien destina casi todo su salario a sobrevivir tiene menos capacidad para estudiar, emprender, ahorrar, participar en la vida pública o exigir cambios sin temor a perder su fuente de ingresos.

Quien vive endeudado puede aceptar condiciones laborales desfavorables porque no puede darse el lujo de quedarse sin empleo.

Quien dedica sus días a resolver cómo pagar la electricidad, comprar alimentos y trasladarse al trabajo tiene menos tiempo y energía para organizarse, fiscalizar a las autoridades y reclamar soluciones.

La presión económica no elimina los derechos ciudadanos, pero puede limitar la capacidad práctica de ejercerlos.

Y ahí existe un peligro para la democracia: que la lucha diaria por sobrevivir termine desplazando el debate sobre las decisiones que producen o agravan esas dificultades.

El Gobierno no puede ignorar esa realidad. Su obligación es crear condiciones para que trabajar signifique avanzar, no simplemente mantenerse a flote.

7. ¿Cómo podemos salir de esta trampa? No basta con indignarse

Criticar al Gobierno es legítimo. Publicar en las redes sociales también puede ayudar a visibilizar los problemas. Participar en política es importante.

Pero ninguna de esas acciones, por sí sola, garantiza una transformación.

La indignación sin organización se agota. Las publicaciones sin seguimiento desaparecen del debate. Y la participación política que se limita a apoyar a un partido sin exigirle resultados termina convirtiendo al ciudadano en espectador de decisiones que afectan su propia vida.

¿Qué podemos hacer entonces?

Primero: convertir las quejas en evidencia. Guardar facturas, comparar precios, documentar los aumentos y presentar reclamaciones formales. Los datos verificables permiten distinguir un problema aislado de una falla sistemática y dificultan que las autoridades respondan con generalidades.

Segundo: exigir rendición de cuentas. Preguntar a las instituciones qué medidas adoptarán, cuál es el presupuesto asignado, quién es responsable y en qué fecha deben presentar resultados. La fiscalización ciudadana no debe terminar después de una rueda de prensa.

Tercero: organizarnos en nuestras comunidades. Las asociaciones de vecinos, organizaciones de consumidores, sindicatos, gremios profesionales y grupos comunitarios pueden convertir problemas individuales en demandas colectivas. Una factura cuestionada puede parecer un caso aislado; cientos de casos documentados requieren una respuesta institucional.

Cuarto: votar con memoria y exigir compromisos concretos. No basta con elegir a una persona porque pertenece al partido de nuestra preferencia. Hay que evaluar sus resultados, exigir propuestas verificables y reclamar coherencia entre las promesas y las decisiones tomadas desde el poder.

Quinto: participar en los asuntos públicos durante todo el año. La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. Incluye conocer los presupuestos, acudir a los mecanismos de participación disponibles, fiscalizar las instituciones y exigir que los representantes expliquen sus decisiones.

Sexto: mejorar nuestras capacidades económicas sin aceptar que toda la responsabilidad recaiga sobre el individuo. Aprender nuevas habilidades, buscar mejores oportunidades, emprender cuando sea viable y administrar con cuidado los recursos personales puede ayudar. Pero ninguna estrategia individual sustituye la necesidad de empleos dignos, servicios eficientes, competencia justa y políticas públicas responsables.

Séptimo: exigir resultados, no solamente discursos. Cada medida gubernamental importante debe poder evaluarse por su impacto sobre el empleo, los ingresos, los precios y la calidad de vida. Si no produce los resultados prometidos, corresponde revisarla.

La transformación del país no depende exclusivamente de la política partidaria, pero tampoco puede producirse al margen de las instituciones y de quienes toman las decisiones.

Necesitamos ciudadanos más organizados y autoridades más responsables.

8. El problema no es solamente cuánto cuesta vivir, sino qué oportunidades tiene el dominicano para progresar

Una economía puede mostrar crecimiento y, al mismo tiempo, mantener a una parte de sus trabajadores bajo una presión financiera considerable.

Por eso, la discusión debe ir más allá de los porcentajes del producto interno bruto. También debe incluir los salarios reales, el costo de la vivienda, el acceso al crédito, la calidad de la educación, el transporte, la electricidad y las oportunidades de movilidad social.

Si una persona trabaja ocho o diez horas al día, cumple con sus obligaciones y aun así no consigue ahorrar ni construir estabilidad, el país debe preguntarse qué está fallando.

Si una pequeña empresa enfrenta costos que le impiden contratar personal o mejorar los salarios, el Gobierno debe evaluar las condiciones que dificultan su crecimiento.

Si los hogares destinan una proporción creciente de sus ingresos a cubrir gastos indispensables, es necesario examinar cómo las políticas públicas pueden reducir esas presiones sin crear nuevos desequilibrios.

La responsabilidad de un Gobierno no es garantizar que todos los problemas desaparezcan de inmediato. Es demostrar que entiende las dificultades, establece prioridades razonables y utiliza sus recursos para producir mejoras concretas.

En ese sentido, la administración de Luis Abinader debe ser juzgada no solo por lo que anuncia, sino por lo que los ciudadanos pueden comprobar en su vida cotidiana.

Conclusión: un Gobierno no puede declararse exitoso mientras ignora la presión que soportan las familias

El aumento de la gasolina, la evolución del dólar y las denuncias sobre facturas eléctricas extraordinarias representan problemas distintos, pero todos tienen algo en común: pueden reducir el margen económico de los hogares y hacer más difícil cubrir las necesidades básicas.

Las cifras utilizadas en este análisis permiten ilustrar el impacto de esos aumentos, aunque cada indicador debe contrastarse con sus fuentes oficiales y con el período exacto de comparación antes de atribuirle una causa determinada.

Lo que no admite discusión es el derecho de la ciudadanía a exigir explicaciones y resultados.

Luis Abinader es el presidente de la República y debe asumir la responsabilidad política por las prioridades, las decisiones y el desempeño de su administración. No puede controlar todos los factores externos, pero sí debe responder por la manera en que su Gobierno enfrenta sus consecuencias y por las medidas que adopta para proteger a la población.

El país necesita una gestión que convierta el crecimiento económico en oportunidades reales, que garantice servicios públicos confiables y que no obligue a las familias a vivir permanentemente al borde de la próxima factura.

Porque gobernar no consiste en lograr que la gente se acostumbre a pagar más. Consiste en crear las condiciones para que pueda vivir mejor.

Y si después de años de Gobierno una parte importante de la población siente que trabaja más, ahorra menos y tiene menos capacidad para resolver sus necesidades, la pregunta que debe responder el presidente no es por qué la gente se queja.

La pregunta es qué está haciendo su Gobierno para cambiar esa realidad.

La indignación puede iniciar una conversación, pero solo la organización ciudadana, la fiscalización constante y la exigencia de responsabilidades pueden convertirla en una fuerza capaz de cambiar el rumbo del país.

República Dominicana no necesita una ciudadanía resignada a sobrevivir. Necesita ciudadanos capaces de exigir que el Estado funcione y gobernantes que entiendan que el éxito de una administración no se mide únicamente desde el Palacio Nacional, sino también desde la mesa de cada familia dominicana.