De la protesta al poder: cuando quienes denunciaban el sistema terminaron administrándolo
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El caso de los combustibles plantea una pregunta incómoda:
¿cuántos de quienes construyeron su capital político denunciando los abusos del viejo poder terminaron incorporándose al nuevo sin transformar las reglas que cuestionaban?
En República Dominicana existe una lista que vuelve periódicamente a las redes sociales.
Son nombres de periodistas, comunicadores, activistas y figuras de movimientos ciudadanos que, durante los gobiernos del PLD, fueron particularmente críticos con la corrupción, el costo de vida, los combustibles, la impunidad y el funcionamiento del Estado.
Después de 2020, algunos de ellos pasaron a ocupar posiciones dentro del Gobierno del PRM.
Y ahí nació una pregunta que merece algo más que una pelea en Twitter:
¿La crítica al sistema era una convicción destinada a transformarlo o, para algunos, terminó convirtiéndose en una escalera hacia el poder?
No se puede responder esa pregunta acusando colectivamente a todas las personas de corrupción o de haber actuado por interés económico personal. No hay evidencia suficiente para hacer una afirmación de ese tipo sobre todos los integrantes de la lista.
Pero sí podemos comparar lo que algunos denunciaban antes de 2020 con las posiciones que asumieron después, y observar qué cambió y qué permaneció intacto.
Y ahí aparece una contradicción política difícil de ignorar.
El combustible fue una de las banderas de la protesta
Durante los gobiernos del PLD, los aumentos semanales de los combustibles fueron utilizados como argumento recurrente para cuestionar la política económica.
En 2018, por ejemplo, el movimiento Marcha Verde llegó a solicitar una investigación contra el entonces ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, por supuestas irregularidades relacionadas con resoluciones que incrementaban los precios de los combustibles. Entre los participantes que hicieron pública esa denuncia estaba Manuel Robles, vocero del movimiento. (El Faro del Sur)
Marcha Verde había convertido la indignación social en movilización nacional.
Carlos Pimentel, entonces vinculado a Participación Ciudadana, también era una de las figuras visibles del movimiento ciudadano. Listín Diario documentó que Pimentel fue posteriormente designado por Luis Abinader como director general de Contrataciones Públicas. (Listín Diario)
Jhonatan Liriano y Manuel Robles, por su parte, fueron identificados por Listín Diario como parte del equipo que coordinaba Marcha Verde en Santo Domingo. (Listín Diario)
Aquello no era una protesta marginal.
Era parte de una corriente social que exigía cambio político e institucional.
Y finalmente el cambio político llegó.
Pero llegó el PRM y el problema de los combustibles no desapareció
Aquí comienza la parte interesante.
La Ley 112-00 continuó siendo la base legal del mecanismo de fijación semanal de los combustibles. Su artículo 8 establece que los precios deben actualizarse semanalmente tomando en cuenta los precios internacionales y la tasa de cambio. (DGII)
El reglamento 307-01 establece además la fórmula de paridad de importación, que incorpora el costo internacional, flete, seguros, impuestos y márgenes, entre otros componentes. (Energy Alternatives Ministry)
Es decir:
el mecanismo estructural que durante años había sido objeto de críticas continuó vigente.
Y no estamos hablando de una interpretación.
En junio de 2026, el propio ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, reconoció que había que revisar y reformar la Ley 112-00. (Presidencia de la República Dominicana)
Entonces tenemos una paradoja:
quienes denunciaban el sistema llegaron al Gobierno, pero el sistema que denunciaban permaneció.
"Ahora no es lo mismo porque hay subsidios"
Aquí debemos hacer justicia al Gobierno.
No es correcto decir que la administración de Luis Abinader simplemente dejó que los precios internacionales se trasladaran al consumidor.
Hizo exactamente lo contrario en varios momentos.
En 2021, el Gobierno informó que destinó alrededor de RD$13,000 millones para subsidiar combustibles y evitar trasladar completamente las alzas a la población. Además, asumió pagos pendientes a importadores, llevando el monto total de esa deuda a RD$15,360 millones. (Presidencia de la República Dominicana)
En 2022, durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania y el fuerte aumento del petróleo, los subsidios fueron todavía mayores.
En noviembre de ese año, el Gobierno informó que los subsidios extraordinarios acumulados superaban RD$34,600 millones. (Presidencia de la República Dominicana)
Y en junio de 2022 llegó a destinar RD$1,631 millones en una sola semana para evitar aumentos derivados de un WTI que promediaba US$111.87. (Presidencia de la República Dominicana)
Por tanto, decir que el Gobierno simplemente abandonó al consumidor sería incorrecto.
El Gobierno utilizó recursos públicos para amortiguar el impacto.
Pero aquí aparece otra pregunta:
¿Y dónde quedó la reforma estructural que muchos exigían cuando estaban fuera del poder?
El subsidio no es una reforma
Un subsidio puede ser necesario.
Puede proteger a las familias.
Puede evitar que una crisis internacional se convierta en una crisis social.
Pero el subsidio no modifica la estructura del mercado.
Es el Estado poniendo dinero para evitar que el ciudadano pague todo el costo.
Por eso la discusión tiene dos niveles:
Nivel uno: ¿cómo protegemos al consumidor cuando el petróleo sube?
Nivel dos: ¿cómo construimos un sistema energético y de combustibles menos vulnerable a esas fluctuaciones?
Y ahí la propia administración actual reconoce que hay trabajo pendiente.
En 2026, el MICM anunció que impulsaría una reforma de la Ley 112-00 para modernizar el mercado de combustibles. (Presidencia de la República Dominicana)
La transformación también llegó a algunos de los críticos
Y aquí está el fenómeno político que merece analizarse.
Carlos Pimentel pasó de Participación Ciudadana a dirigir Contrataciones Públicas mediante el Decreto 329-20. (Listín Diario)
Bartolomé Pujals, que había participado en movimientos de oposición al PLD y en espacios de movilización ciudadana, fue designado director general de OGTIC. La propia institución registra su juramentación y vinculación con la Agenda Digital 2030. (OGTIC)
Juan Bolívar Díaz, durante años crítico de los gobiernos del PLD, fue designado embajador dominicano en España. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores registra que ocupó esa posición desde febrero de 2021 hasta marzo de 2025. (Dominican Embassy MX)
Iván Ruiz fue designado director general de CERTV en 2022. (Certv)
Estos no son rumores de redes sociales.
Son nombramientos oficiales.
Y no hay nada ilegal en que un gobierno nombre a personas provenientes de la sociedad civil, los medios de comunicación o movimientos ciudadanos.
Incluso puede ser positivo incorporar experiencia externa al Estado.
El problema aparece cuando una persona construye parte de su credibilidad pública denunciando determinadas prácticas y luego, desde el poder, deja de exigir los cambios que antes consideraba indispensables.
Ahí está la verdadera prueba
No es:
"¿Aceptaste un cargo?"
Aceptar un cargo público no convierte automáticamente a nadie en vendido, corrupto ni oportunista.
La pregunta importante es:
¿Qué hiciste después de llegar al poder?
Porque el verdadero examen de un activista no ocurre cuando está protestando frente al Palacio Nacional.
Ocurre cuando él tiene las llaves del Palacio Nacional.
Cuando puede modificar una resolución.
Cuando puede impulsar una ley.
Cuando puede denunciar a un funcionario.
Cuando puede exigir transparencia.
Cuando puede enfrentar a un empresario.
Cuando puede decirle "no" a su propio Gobierno.
Ahí se descubre si la crítica era realmente institucional o simplemente partidaria.
El caso de Pimentel resulta especialmente simbólico
Carlos Pimentel no llegó a Contrataciones Públicas desde un partido tradicional.
Llegó desde Participación Ciudadana, una organización cuyo discurso estaba precisamente relacionado con transparencia, institucionalidad y lucha contra la corrupción.
Y desde su posición en Contrataciones Públicas impulsó auditorías y denuncias sobre situaciones de administraciones anteriores.
En 2023, por ejemplo, informó que una auditoría había encontrado asignaciones de combustible en la DGCP por encima de lo establecido legalmente durante el período auditado 2017-2020. También señaló que bajo su gestión se habían reducido esas asignaciones. (Listín Diario)
Esto demuestra algo importante:
no todos los antiguos críticos dejaron de cuestionar problemas al llegar al Estado.
Por eso sería injusto meter a todos en el mismo saco.
El problema es otro.
Es que el país debe medirlos por los mismos estándares que ellos utilizaban para medir a los gobiernos anteriores.
¿Dónde están aquellos estándares?
Esta es la pregunta que debe hacerse el ciudadano.
Si antes era criticable:
el aumento del combustible;
el costo de vida;
las exoneraciones;
los contratos;
el gasto público;
las botellas;
el uso político del Estado;
la corrupción;
la impunidad;
¿por qué deja de ser criticable cuando gobiernan personas con las que compartimos espacio político?
El principio debería ser exactamente el mismo.
Si estaba mal cuando lo hacía el PLD, debería estar mal cuando lo hace el PRM.
Y si estaba mal cuando gobernaba el PLD, no puede convertirse en "gestión responsable" simplemente porque ahora lo administra alguien que admiramos.
La tentación del poder
Aquí aparece una de las grandes enfermedades de la política dominicana.
La oposición denuncia.
La ciudadanía protesta.
El movimiento social crece.
El partido opositor llega al Gobierno.
Y entonces una parte de los críticos termina incorporándose al Estado.
Hasta ahí, normal.
El problema aparece cuando la incorporación trae consigo la pérdida de la capacidad crítica.
El ciudadano que antes escribía diez mensajes contra un aumento ahora encuentra diez explicaciones para justificarlo.
El que antes exigía transparencia ahora pide "esperar las investigaciones".
El que antes cuestionaba un nombramiento político ahora habla de "confianza".
El que antes denunciaba privilegios ahora descubre que "las circunstancias son diferentes".
Y entonces la crítica deja de ser un principio.
Se convierte en una herramienta de posición.
Eso es precisamente lo que debe investigarse y discutirse.
No todos cambiaron
Y esto es fundamental.
No todos los nombres que circulan en esas listas pueden ser presentados como personas que "vendieron" su discurso.
Algunos continuaron criticando al Gobierno.
Otros ocuparon cargos por períodos determinados.
Otros participaron en política electoral.
Otros permanecieron como comunicadores o activistas.
Incluso algunos siguen defendiendo posiciones que pueden resultar incómodas para el propio oficialismo.
Por eso un artículo serio no debe condenar colectivamente.
Debe comparar discursos y acciones individualmente.
La pregunta que queda
La República Dominicana no necesita una nueva generación de políticos que simplemente cambie quién administra el mismo sistema.
Necesita una generación que cambie las reglas.
Porque cambiar al PLD por el PRM no debía significar simplemente cambiar quién ocupa los despachos.
El ciudadano esperaba cambios en:
instituciones, transparencia, combustible, energía, justicia, gasto público, corrupción y calidad de los servicios.
Y algunas cosas efectivamente cambiaron.
Pero otras permanecieron.
Y algunas de las figuras que ayudaron a construir la indignación social terminaron formando parte del nuevo aparato estatal.
Por eso la pregunta no debería ser:
"¿Te convertiste en funcionario?"
La pregunta debería ser mucho más incómoda:
"¿Para qué protestabas?"
¿Para cambiar el sistema?
¿Para sacar al PLD?
¿Para llegar al Gobierno?
¿Para conseguir un puesto?
¿O porque realmente creías que República Dominicana necesitaba instituciones diferentes?
Porque si la respuesta era cambiar el sistema, entonces el trabajo no terminó el 16 de agosto de 2020.
Ahí comenzaba.
Y seis años después, el país tiene derecho a mirar a quienes ayer eran sus principales críticos y preguntarles:
¿Qué cambió porque ustedes llegaron al poder?
Y si las mismas leyes continúan, los mismos mecanismos permanecen, los mismos problemas reaparecen y las mismas justificaciones sustituyen las antiguas denuncias, entonces el ciudadano también tiene derecho a hacerse una pregunta todavía más dura:
¿Cambiamos el sistema o simplemente cambiamos quién se beneficia de él?
Esa pregunta no pertenece al PLD.
Tampoco al PRM.
Pertenece al ciudadano.
Y debería hacerse independientemente de quién gobierne.
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