La crisis que hoy enfrenta el sistema de salud dominicano no surgió de la nada. Es el resultado de decisiones políticas y económicas que privilegiaron intereses privados bajo la promesa de fortalecer la atención médica, pero que terminaron colocando al Estado y a los ciudadanos en una posición de mayor vulnerabilidad. Mientras el Gobierno de Abinader anunciaba con entusiasmo un fondo de RD$2,000 millones para financiar clínicas privadas mediante préstamos blandos, con tasas preferenciales y plazos de hasta 20 años, el argumento oficial era claro: ampliar la capacidad instalada del sector privado para atender a los afiliados del seguro básico, especialmente a los usuarios de SeNaSa.
El propio presidente Luis Abinader defendió esa decisión asegurando que esos recursos permitirían construir, ampliar y modernizar clínicas, adquirir equipos de última generación e incorporar nuevas tecnologías para beneficiar a la población.
Sin embargo, apenas tiempo después, la realidad parece demostrar que la estrategia tenía una falla fundamental.
La pregunta es inevitable:
¿Qué ganó realmente el Estado con esos RD$2,000 millones?
Porque el ciudadano sigue pagando su seguro, el Gobierno continúa financiando parte importante del sistema y, aun así, las clínicas están dispuestas a cerrar sus puertas si sus exigencias económicas no son atendidas.
Ese es precisamente uno de los riesgos cuando un Estado deposita excesiva confianza en intereses privados.
Existe una realidad que muchas veces la política intenta ignorar.
El empresario, en términos generales, no responde a lealtades políticas ni ideológicas. Tampoco actúa por patriotismo como criterio principal de decisión empresarial.
Su obligación es generar rentabilidad.
Y eso no es necesariamente ilegal ni inmoral. Es la lógica del mercado.
El problema aparece cuando los gobiernos diseñan políticas públicas suponiendo que, porque ayudaron económicamente a un sector privado, ese sector responderá priorizando el interés nacional.
La experiencia demuestra lo contrario.
Cuando los costos aumentan, los empresarios reclaman más recursos.
Cuando disminuyen las ganancias, exigen mejores condiciones.
Y si consideran que sus intereses económicos están amenazados, presionan mediante huelgas, suspensión de servicios o negociaciones de fuerza.
No importa quién ocupe el Palacio Nacional.
No importa cuál sea el partido de gobierno.
Lo primero será siempre la rentabilidad del negocio.
En lugar de fortalecer de manera prioritaria la red hospitalaria pública, el Gobierno optó por destinar importantes facilidades financieras al sector privado bajo la expectativa de ampliar la cobertura del sistema.
Pero la situación actual demuestra que el financiamiento no eliminó el conflicto estructural entre clínicas y ARS.
Simplemente trasladó parte del riesgo al Estado.
Ahora los ciudadanos observan cómo:
Es decir, el Estado termina financiando un sistema sobre el cual no tiene control absoluto.
La posible paralización anunciada por ANDECLIP coincide con un paro convocado por el Colegio Médico Dominicano, lo que podría provocar una de las semanas más tensas para el sistema de salud en los últimos años.
Mientras instituciones negocian porcentajes, tarifas y márgenes financieros, quienes realmente sufren las consecuencias son miles de dominicanos que necesitan consultas, cirugías, estudios diagnósticos o tratamientos médicos.
El ciudadano no participa en esas negociaciones.
Pero siempre termina pagando la factura.
Una política pública no debe evaluarse únicamente por las buenas intenciones con las que fue presentada.
Debe evaluarse por sus resultados.
La salud no puede depender permanentemente de conflictos comerciales entre clínicas y ARS.
Porque cuando la atención médica se convierte en una herramienta de presión económica, el paciente deja de ser el centro del sistema y pasa a ser la principal víctima.
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