¿Por qué República Dominicana debe pagar colegios privados mientras Haití no garantiza escuelas para sus propios niños?
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El inicio del año escolar 2026-2027 acaba de colocar sobre la mesa una pregunta que el Gobierno dominicano ya no puede seguir esquivando:
¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad financiera de República Dominicana frente a una presión migratoria que también tiene consecuencias directas sobre su sistema educativo?
El Ministerio de Educación informó que recibió 157,000 solicitudes de nuevos cupos para el año escolar 2026-2027 y que logró atenderlas mediante distintas alternativas. Una de ellas fue incorporar aproximadamente 15,000 estudiantes a colegios privados mediante el Programa de Apoyo a la Asistencia Escolar. A esos estudiantes se suman más de 10,000 que ya estaban bajo ese esquema.
La decisión tiene una justificación comprensible: ningún niño debería quedarse sin estudiar porque no haya espacio en una escuela pública.
Pero existe una pregunta mucho más incómoda:
¿Por qué la solución a la falta de espacio en las escuelas públicas tiene que ser, cada vez más, que el Estado dominicano pague colegios privados?
Y todavía hay una pregunta mayor:
¿Cuánto de esa presión adicional está relacionado con el crecimiento de la población extranjera y, particularmente, de la población haitiana?
Los números obligan a abrir el debate
El Anuario de Estadísticas Educativas 2024-2025 del MINERD registra 205,369 estudiantes haitianos en el sistema educativo dominicano.
Los datos oficiales disponibles para el sector público muestran que en 2023-2024 había 149,624 estudiantes haitianos en escuelas públicas, mientras la matrícula pública total superaba los dos millones.
No es correcto decir que todos esos estudiantes son indocumentados.
Tampoco sería correcto afirmar que todos ellos son inmigrantes recientes.
Y mucho menos responsabilizar a un niño por la situación migratoria de sus padres.
Pero sí es perfectamente legítimo preguntar cuánto representa esa matrícula para las finanzas públicas.
Porque cada estudiante adicional significa demanda de:
- aulas;
- docentes;
- pupitres;
- alimentación escolar;
- libros;
- transporte;
- infraestructura;
- servicios administrativos;
- electricidad;
- mantenimiento.
La educación pública tiene un costo.
Y cuando la población atendida aumenta considerablemente, ese costo también aumenta.
El Estado dominicano está pagando dos veces
Aquí aparece la paradoja.
Cuando una familia dominicana no encuentra cupo en una escuela pública, el Estado busca una solución.
Puede construir un aula.
Puede alquilar un espacio.
Puede trasladar al estudiante a otra escuela.
O puede pagarle a un colegio privado.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo nuevamente en 2026.
El MINERD informó que, además de los colegios privados, recurrió a reubicaciones y alquiler de espacios para responder a la demanda.
Pero el problema es que pagar colegios privados resuelve el síntoma, no la causa.
Si cada año aumenta la presión sobre determinados distritos educativos, el Estado terminará convirtiendo un mecanismo temporal de emergencia en una política permanente.
Y eso puede ser financieramente mucho más costoso que construir capacidad pública suficiente.
La propuesta: convertir el problema educativo en una responsabilidad bilateral
Aquí es donde debe cambiar la discusión.
La República Dominicana no debería plantear:
“Saquemos a los niños haitianos de nuestras escuelas.”
Esa sería una solución jurídicamente problemática, humanamente cuestionable y, además, poco inteligente.
La propuesta debería ser otra:
“Haití y República Dominicana deben compartir la responsabilidad financiera y educativa derivada de la movilidad de ciudadanos haitianos.”
¿Por qué no negociar un mecanismo bilateral?
República Dominicana tiene un antecedente institucional para hacerlo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores registra como vigente el Acuerdo Dominico-Haitiano sobre Educación y Cultura, firmado el 19 de junio de 1998.
También está vigente un Memorando de Entendimiento sobre el tratamiento de trabajadores y estudiantes extranjeros, firmado por ambos países en 2014.
Por tanto, no sería necesario inventar una relación diplomática nueva.
Lo que hace falta es utilizarla para negociar responsabilidades concretas.
Primera opción: Haití debe garantizar plazas educativas en su territorio
Para los niños que tengan su residencia efectiva en Haití, el Estado haitiano debería garantizar el acceso a su propio sistema educativo.
Eso parece elemental.
Un Estado no puede transferir indefinidamente a otro país la responsabilidad de educar a su población.
Si Haití tiene cientos de miles de niños que necesitan educación, su obligación primaria debe ser desarrollar la infraestructura necesaria para atenderlos.
Y si la situación institucional de Haití impide hacerlo, entonces la comunidad internacional debe discutir cómo financiar esa educación.
Pero no puede convertirse República Dominicana en el sustituto permanente del sistema educativo haitiano.
Segunda opción: un fondo educativo bilateral
Para los niños haitianos que residan legalmente en República Dominicana, puede establecerse un Fondo Educativo Dominico-Haitiano.
La fórmula podría ser sencilla:
República Dominicana aporta una parte.
Haití aporta otra.
Y los organismos internacionales que financian programas relacionados con migración y niñez pueden complementar el fondo.
Así se evita que todo el costo recaiga sobre el presupuesto dominicano.
Y, sobre todo, se convierte un problema migratorio en una política de cooperación bilateral con números transparentes.
Tercera opción: cooperación internacional directamente a las escuelas haitianas
Hay otra alternativa todavía más eficiente.
En lugar de que toda la asistencia internacional relacionada con la población haitiana termine financiando servicios en territorio dominicano, parte de esos recursos debería destinarse a construir y recuperar escuelas dentro de Haití.
Si el problema es que miles de niños haitianos no tienen acceso a educación en su país, la solución sostenible no consiste únicamente en trasladar la demanda educativa hacia República Dominicana.
Consiste en aumentar la capacidad educativa de Haití.
Eso permitiría que miles de niños reciban educación cerca de sus comunidades y reduciría la presión sobre los sistemas públicos dominicanos.
Cuarta opción: un sistema de becas transfronterizas
También podría estudiarse un programa específico.
Niños haitianos residentes en zonas fronterizas podrían recibir educación en centros ubicados en Haití financiados parcialmente mediante cooperación dominicana, haitiana e internacional.
En otras palabras:
en vez de pagar para ampliar indefinidamente la presión sobre las escuelas dominicanas, invertir en ampliar la oferta educativa del otro lado de la frontera.
Eso sería mucho más estratégico.
Pero hay una línea roja
Todo esto debe hacerse respetando los derechos fundamentales de los niños.
No se puede decir:
“Como eres haitiano, sales de la escuela dominicana.”
Eso sería convertir la nacionalidad del menor en el criterio determinante.
La pregunta correcta es otra:
¿Cuál es el mecanismo financieramente sostenible y jurídicamente compatible para garantizar la educación de todos los niños sin destruir la capacidad del Estado dominicano para atender a su propia población?
Esa es una discusión completamente diferente.
Porque el problema no es un niño haitiano: es la capacidad del Estado
Imaginemos que una escuela tiene capacidad para 500 alumnos.
De repente recibe 650.
Hay dos posibilidades.
La primera es construir capacidad adicional.
La segunda es redistribuir la demanda.
Lo que no puede hacerse indefinidamente es pretender que los mismos 500 pupitres, los mismos profesores y las mismas aulas atiendan a 650 estudiantes sin consecuencias.
Y cuando finalmente el Estado tiene que pagar colegios privados para resolver la emergencia, la ciudadanía tiene derecho a preguntar por qué no se planificó antes.
¿Y si parte de esos recursos se utilizara para construir aulas?
Aquí está la discusión que debería tener el Congreso Nacional.
Si el Gobierno está pagando colegios privados porque no existen suficientes espacios públicos, debe presentar públicamente:
- cuánto está pagando por estudiante;
- cuánto costará el programa durante cinco años;
- cuánto costaría construir las aulas necesarias;
- cuántos centros educativos adicionales necesita el país;
- dónde están las mayores concentraciones de matrícula extranjera;
- y cuánto cuesta anualmente atender esa población.
Porque quizás el Estado esté utilizando una solución aparentemente barata que termina siendo cara en el largo plazo.
El propio programa de colegios privados no es nuevo. En 2022 el MINERD había anunciado un bono de US$500 por estudiante para quienes no consiguieran cupo público, y el mecanismo volvió a utilizarse en 2024.
Eso significa que ya no estamos hablando necesariamente de una emergencia aislada.
Existe el riesgo de que la excepcionalidad se convierta en normalidad.
La pregunta que Abinader debe responder
El Gobierno de Luis Abinader puede defender que ha garantizado que ningún niño quede fuera de las aulas.
Eso es positivo.
Pero garantizar un asiento hoy no responde necesariamente a la pregunta de cuánto costará mantener esa política durante los próximos diez o veinte años.
Y tampoco responde a la pregunta demográfica:
¿Qué ocurrirá si la demanda continúa creciendo?
El Estado dominicano necesita una política de largo plazo.
No puede cada agosto descubrir que faltan aulas.
No puede convertir cada déficit de infraestructura en un subsidio a colegios privados.
Y mucho menos puede ignorar la dimensión migratoria del problema.
El dato que falta: cuánto cuesta la matrícula haitiana
Este debería ser un requerimiento ciudadano inmediato al MINERD.
El Ministerio debe publicar un informe específico:
¿Cuánto dinero del presupuesto educativo dominicano se destina anualmente a estudiantes extranjeros?
Y dentro de ese informe:
- número de estudiantes haitianos;
- distribución público/privada;
- costo promedio por estudiante;
- alimentación escolar;
- libros;
- docentes;
- infraestructura;
- transporte;
- servicios complementarios;
- costo por provincia;
- evolución de los últimos diez años.
No para excluir a nadie.
Para saber cuánto cuesta realmente la política pública.
Sin ese dato, el debate es político, pero no todavía financiero.
Haití también tiene que asumir su responsabilidad
Hay una realidad diplomática que República Dominicana debe comenzar a plantear con mayor firmeza.
La solidaridad dominicana con Haití puede y debe existir.
Pero solidaridad no significa sustitución del Estado haitiano.
República Dominicana puede ayudar.
Puede cooperar.
Puede recibir estudiantes.
Puede atender emergencias.
Puede participar en programas internacionales.
Pero no debería convertirse indefinidamente en el proveedor de servicios públicos que Haití no consigue garantizar.
Porque entonces el incentivo perverso es evidente:
cuanto peor funcione el Estado haitiano, mayor será la presión sobre el Estado dominicano.
Eso no es sostenible.
La propuesta no es cerrar las escuelas: es repartir la responsabilidad
La solución que proponemos es mucho más seria que simplemente sacar estudiantes.
1. Mantener la garantía educativa para los niños mientras se diseña la transición.
Ningún menor debe quedar abandonado.
2. Auditar el costo real de la matrícula extranjera.
El país necesita saber cuánto paga.
3. Negociar con Haití un acuerdo específico de corresponsabilidad educativa.
No declaraciones diplomáticas: cifras, aportes y metas.
4. Crear un Fondo Educativo Dominico-Haitiano.
Con aportes de ambos Estados y cooperación internacional.
5. Construir capacidad educativa en Haití.
Especialmente en las zonas próximas a la frontera.
6. Priorizar la expansión de la infraestructura pública dominicana donde exista déficit estructural.
El voucher debe ser una herramienta excepcional, no la solución permanente.
7. Publicar anualmente el costo por nacionalidad y territorio.
Con metodología transparente y protección de datos personales.
La educación dominicana no puede convertirse en una factura sin límite
Aquí está el fondo del problema.
No se trata de decidir quién merece una escuela.
Se trata de decidir cómo se financia un sistema educativo cuando la población que demanda ese sistema cambia aceleradamente.
República Dominicana tiene obligaciones constitucionales y humanitarias.
Pero también tiene obligaciones fiscales.
Y tiene que planificar para sus ciudadanos.
Por eso, la discusión madura no debería ser:
“¿Sacamos a los niños haitianos?”
Debería ser:
“¿Por qué República Dominicana tiene que asumir sola una responsabilidad que debe ser compartida con Haití y con la comunidad internacional?”
Esa pregunta cambia completamente el debate.
Porque si la comunidad internacional considera que República Dominicana debe atender una parte significativa de las consecuencias de la crisis haitiana, entonces también debe estar dispuesta a financiar proporcionalmente esa responsabilidad.
Y si Haití quiere que sus ciudadanos reciban educación, debe recuperar progresivamente la capacidad de garantizarla en su propio territorio.
No se trata de expulsar niños. Se trata de dejar de improvisar
El Estado dominicano no puede seguir reaccionando cada año cuando comienzan las clases.
Primero fueron cientos de miles de solicitudes.
Ahora son 15,000 estudiantes adicionales enviados a colegios privados.
Mañana podrían ser más.
Y cuando el Gobierno paga para resolver la emergencia, alguien termina pagando la factura:
el contribuyente dominicano.
Por eso ha llegado el momento de cambiar la pregunta.
No:
“¿Dónde metemos a los estudiantes que no caben?”
Sino:
“¿Qué población debemos atender, cuánto cuesta y quién debe asumir ese costo?”
República Dominicana puede ser solidaria con Haití sin convertirse en el sustituto de Haití.
Puede garantizar los derechos de los niños sin renunciar a exigir planificación migratoria.
Puede recibir estudiantes extranjeros sin permitir que el déficit estructural de otro Estado se convierta en una obligación financiera ilimitada para el contribuyente dominicano.
Y puede defender su sistema educativo sin convertir a los niños en el enemigo.
La propuesta, entonces, no es sacar niños de las aulas.
Es mucho más sencilla:
que República Dominicana garantice la educación mientras exige a Haití y a la comunidad internacional una corresponsabilidad financiera y educativa real.
Porque si el problema haitiano es una responsabilidad regional, la factura tampoco puede ser exclusivamente dominicana.
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