El Código 29: cuando la respuesta al crimen puede terminar sembrando más violencia

En República Dominicana ha comenzado a ganar espacio una narrativa peligrosa:

celebrar que determinados jóvenes señalados como delincuentes terminen muertos durante actuaciones policiales. El problema no es solamente policial. Es institucional, social y jurídico. Un Estado de derecho no puede sustituir los tribunales por ejecuciones ni convertir la muerte del sospechoso en una política pública.

Hay una frase que comienza a escucharse con demasiada naturalidad en las conversaciones sobre delincuencia en República Dominicana:

“a ese hay que ponerlo en 29”.El llamado “Código 29” es una expresión popular, no una categoría jurídica que autorice a la Policía Nacional a ejecutar delincuentes. Precisamente por eso hay que tener cuidado con lo que estamos normalizando. Reportes recientes han utilizado esa expresión para describir muertes ocurridas durante intervenciones policiales, pero también advierten que no existe evidencia pública de que sea un código oficial que autorice ejecuciones. Clave Digital RDY aquí comienza el verdadero problema.

El delincuente debe enfrentar la justicia, no una sentencia policial

Podemos estar indignados.

Podemos conocer historias terribles de atracos, asesinatos, robos y violencia cometidos por jóvenes que parecen haber perdido cualquier límite.

Podemos exigir que la Policía actúe con firmeza.

Pero hay una línea que un Estado democrático no puede cruzar: convertir la muerte de una persona sospechosa de delinquir en la respuesta ordinaria del Estado.

La función de la Policía es prevenir, perseguir, investigar y detener.

La función de los fiscales es acusar.

La función de los tribunales es juzgar.

Y la función del sistema penitenciario es ejecutar las penas impuestas por los tribunales.

Cuando eliminamos una de esas etapas y sustituimos el proceso por una bala, dejamos de hablar de justicia y comenzamos a hablar de otra cosa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece que el uso de la fuerza policial debe sujetarse a legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que la fuerza potencialmente letal solo puede utilizarse en circunstancias estrictamente necesarias para proteger la vida frente a una amenaza inminente. Knowledge Gateway

Eso no significa que la Policía deba quedarse indefensa frente a un delincuente armado.

Significa algo mucho más sencillo:

la fuerza debe responder a la amenaza, no a la identidad del sospechoso.

¿Qué estamos celebrando realmente?

Aquí aparece una contradicción que la sociedad dominicana debe discutir.

Muchos ciudadanos, cansados de los robos y de la violencia, celebran cuando un delincuente muere durante un enfrentamiento con la Policía.

Es comprensible que una sociedad atemorizada quiera respuestas.

Pero una cosa es exigir una Policía efectiva y otra muy diferente es construir una cultura en la que la muerte del presunto delincuente se convierta en la prueba de que la Policía “hizo su trabajo”.

No.

La prueba de que la Policía hizo su trabajo debería ser que identificó al responsable, lo capturó, preservó las evidencias y consiguió que un tribunal pudiera condenarlo conforme a la ley.

Ese resultado es mucho más difícil que apretar el gatillo.

Y precisamente por eso es el que debemos exigir.

El propio Gobierno reconoce que el uso de la fuerza necesita controles

Esto no es una discusión inventada por críticos de la Policía.

El propio Gobierno dominicano ha reconocido la necesidad de corregir problemas históricos relacionados con el uso de la fuerza.

Cuando presentó el proceso de reforma policial, el presidente Luis Abinader identificó como uno de los problemas existentes un enfoque que podía resultar erróneo y desproporcionado frente a los ciudadanos y sus derechos humanos. Presidencia Dominicana

En 2022, el Gobierno anunció medidas para fortalecer la supervisión de los agentes, incluyendo formación en derechos humanos, gestión de crisis y uso de la fuerza, además de mecanismos de control e investigación interna. Presidencia Dominicana

Y en julio de 2026, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, declaró que cualquier agente que actuara contra la ley debía responder por sus actos. También señaló que la nueva legislación policial busca regular el uso de la fuerza y fortalecer los controles internos. Presidencia Dominicana

Entonces la pregunta es inevitable:

¿Cómo podemos hablar de una reforma policial basada en derechos humanos y, simultáneamente, permitir que socialmente se normalice la idea de que al delincuente simplemente hay que “ponerlo en 29”?

Las dos cosas chocan.

La seguridad no se resuelve solamente con balas

Hay que reconocer un dato que complica todavía más esta discusión.

Los indicadores oficiales muestran una reducción importante de la tasa de homicidios en los últimos años.

La Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.16 homicidios por cada 100,000 habitantes al 29 de mayo de 2026, frente a 8.40 en el mismo período de 2025. Policía Nacional

Y el Gobierno informó en junio una tasa acumulada de 6.98, junto con reducciones reportadas en homicidios, robos y personas heridas. Policía Nacional

Estos datos deben ser reconocidos.

Pero también hay que entender algo:

una reducción estadística de los homicidios no elimina el problema de fondo ni convierte cualquier actuación policial en legítima.

La seguridad ciudadana se mide también por la confianza que tiene la población en las instituciones, la capacidad de investigar delitos, la prevención, la persecución del crimen organizado, la protección de víctimas y la capacidad del sistema judicial para producir condenas cuando corresponda.

¿Y qué hacemos con los jóvenes delincuentes?

Aquí es donde la discusión se vuelve mucho más incómoda.

Hay jóvenes que delinquen.

Hay jóvenes violentos.

Hay jóvenes que participan en atracos, robos, venta de drogas y otros delitos.

Y cuando alguien comete un delito debe responder por él.

Pero un joven que delinque también puede ser el resultado de un sistema social que falló mucho antes de que apareciera el delito.

Eso no lo convierte en inocente.

Lo convierte en un problema mucho más complejo.

UNICEF ha documentado múltiples formas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en República Dominicana y ha señalado vulnerabilidades relacionadas con violencia, maltrato, explotación y otros factores que afectan su desarrollo. UNICEF

La respuesta inteligente no consiste en escoger entre “proteger a las víctimas” o “proteger a los jóvenes”.

Hay que hacer ambas cosas.

Proteger a la sociedad de quien delinque y, al mismo tiempo, evitar que nuevas generaciones terminen incorporándose al delito.

Porque si solamente eliminamos delincuentes sin modificar las condiciones que producen nuevos delincuentes, tendremos que enfrentar nuevos delincuentes mañana.

El problema de la impunidad selectiva

Y aquí llegamos al punto que más incomoda.

¿Por qué exigimos que un muchacho que roba un celular sea capturado, juzgado y condenado —como debe ser— mientras históricamente la sociedad también ha observado casos de corrupción, abuso de poder y delitos económicos en los que los procesos pueden prolongarse durante años?

La ley debe ser una sola.

El Estado de derecho no puede tener una justicia rápida para el delincuente pobre y una justicia interminable para el poderoso.

Si alguien roba, que responda.

Si alguien mata, que responda.

Si alguien trafica drogas, que responda.

Si un policía abusa de su autoridad, que responda.

Si un militar delinque, que responda.

Si un empresario comete un delito, que responda.

Y si un funcionario público utiliza su posición para delinquir, también debe responder.

No existe un Código 29 para los pobres y un Código de abogados para los poderosos.

La misma institucionalidad debe proteger a todos.

Porque mañana la lógica puede volverse contra nosotros

Esta es la parte que deberíamos pensar antes de celebrar cualquier muerte.

Si aceptamos que el Estado puede eliminar a alguien porque supuestamente es un delincuente, mañana alguien puede utilizar exactamente el mismo argumento contra otra persona.

¿Y qué ocurre si un grupo de ciudadanos decide que un político es corrupto y, en lugar de denunciarlo ante la justicia, decide tomar la justicia por sus propias manos?

¿Lo vamos a justificar?

Naturalmente que no.

Entonces tampoco podemos construir una cultura jurídica basada en el principio de que “si era delincuente, bien muerto está”.

Porque el Estado de derecho funciona precisamente para impedir que cada ciudadano, cada policía o cada grupo decida quién merece vivir y quién merece morir.

29 x 29

El verdadero peligro del llamado Código 29 no es solamente lo que ocurre con un delincuente.

Es lo que puede ocurrir después.

Porque una sociedad que responde a la violencia con más violencia puede terminar creando un círculo difícil de detener:

violencia → respuesta violenta → resentimiento → más violencia → más represión → más violencia.

29 × 29.

Y entonces habremos construido una sociedad donde cada generación aprende que la fuerza es la forma de resolver los conflictos.

Eso es exactamente lo contrario de lo que debería producir una reforma policial.

La Policía necesita autoridad, pero también límites

No se trata de desarmar a la Policía.

No se trata de impedir que los agentes respondan cuando sus vidas o las de terceros están en peligro.

No se trata de pedirle a un policía que negocie eternamente con una persona que está disparando.

La Policía tiene derecho a defenderse y a proteger a terceros.

Pero cuando el uso de fuerza potencialmente letal sea necesario, debe existir una razón concreta, verificable y proporcional a la amenaza.

Las normas internacionales son claras: la fuerza debe ser necesaria, proporcional y sometida a mecanismos de rendición de cuentas. OHCHR Search Library

Y cuando una persona ya está sometida o controlada, la utilización de fuerza adicional no puede justificarse simplemente porque se trate de un supuesto delincuente. UN Human Rights Office

Eso protege al ciudadano.

Pero también protege al buen policía.

Porque un agente que actúa correctamente necesita que exista una investigación capaz de demostrarlo.

La solución no puede ser matar el problema

República Dominicana necesita seguridad.

Necesita una Policía profesional.

Necesita inteligencia criminal.

Necesita investigación científica.

Necesita fiscales capaces de construir casos sólidos.

Necesita tribunales que funcionen.

Necesita cárceles que no sean escuelas del crimen.

Necesita prevención en los barrios.

Necesita oportunidades para los jóvenes.

Necesita combatir las drogas y las estructuras criminales que reclutan adolescentes.

Y necesita perseguir también la corrupción y las redes de protección que permiten que determinados delincuentes —sean de barrio, de cuello blanco, militares, empresarios o funcionarios— permanezcan fuera del alcance efectivo de la justicia.

Porque si el mensaje del Estado es simplemente “al delincuente hay que eliminarlo”, estaremos renunciando precisamente a la herramienta que diferencia al Estado de derecho de la ley del más fuerte:

la justicia.

El delincuente debe ser perseguido.

El delincuente debe ser capturado.

El delincuente debe ser procesado.

Y si un tribunal demuestra su culpabilidad, debe cumplir la condena correspondiente.

Pero la sentencia no puede ser decidida en la calle por una patrulla policial.

La República Dominicana no necesita un Código 29.

Necesita que el Código Penal, la Constitución y el Estado de derecho funcionen para todos.