El estado dominicano es del tipo Socialista para los Ricos, y Capitalista para los Pobres

SOCIALISMO PARA LOS RICOS, CAPITALISMO PARA LOS POBRES

Hay una frase que resume una de las mayores contradicciones del modelo económico dominicano: cuando el poderoso necesita al Estado, el Estado aparece; cuando el ciudadano común necesita al Estado, aparece una tarjeta, un bono o un subsidio.

No es socialismo. Tampoco es capitalismo puro.

Es algo mucho más criollo: socializar parte de los costos de quienes tienen poder económico y administrar la pobreza de quienes no lo tienen.

Y el actual gobierno del PRM no inventó esta lógica, pero la ha convertido en una maquinaria bastante sofisticada.

Empecemos por reconocer lo que dicen los números.

La pobreza monetaria dominicana cayó de 23% en 2023 a 18.98% en 2024, y posteriormente a 17.3% en 2025. En 2025, además, aumentaron el empleo y los ingresos laborales. Por tanto, sería intelectualmente deshonesto decir que el Gobierno simplemente "creó pobreza". Los datos muestran exactamente lo contrario en el indicador de pobreza monetaria.

Pero reducir pobreza no es lo mismo que construir prosperidad.

Y ahí comienza el problema.

En 2025, República Dominicana tenía 5.14 millones de personas ocupadas, pero todavía 54.1% de los trabajadores estaban en la informalidad. Es decir, millones de dominicanos trabajan sin estar plenamente integrados a la estructura formal que debería permitirles acumular derechos, protección social y capacidad económica.

Entonces aparece el Estado.

En el primer semestre de 2025, el programa Supérate tenía asignados aproximadamente RD$48,600 millones, de los cuales había ejecutado RD$26,587 millones a junio.

Y solamente durante enero-marzo de ese año, los programas de protección social ejecutados desde la Presidencia movilizaron RD$12,283.6 millones, incluyendo Aliméntate, Bono Luz, subsidios al GLP y otras ayudas. En ese período, casi 1.5 millones de hogares recibieron algún tipo de apoyo económico o en especie.

¿Es malo ayudar a una familia pobre?

Por supuesto que no.

El problema comienza cuando la transferencia sustituye a la transformación.

Porque una tarjeta puede ayudar a comprar alimentos.

Un bono puede pagar una factura.

Un subsidio puede evitar que una familia se hunda.

Pero ninguno de ellos, por sí mismo, crea una empresa, aumenta la productividad, formaliza un trabajador, reduce el costo de producir o convierte a una familia vulnerable en propietaria de activos.

Y aquí aparece la paradoja dominicana.

Para el pobre: subsidio.

Para la clase media: impuesto.

Para determinados sectores empresariales: incentivo.

La propia DGII reconoce la existencia de numerosos regímenes especiales que otorgan exenciones tributarias a sectores como zonas francas, turismo, construcción, agropecuaria, exportación, cine y otros.

Y el cálculo oficial de gasto tributario estimaba para 2025 unos RD$65,904.9 millones en exenciones relacionadas con el impuesto sobre la renta, de los cuales RD$53,008.6 millones correspondían a personas jurídicas. Además, el gasto tributario por ITBIS se estimaba en RD$192,190 millones.

Aquí está la pregunta incómoda:

¿Por qué el Estado puede renunciar a miles de millones en impuestos para estimular determinados sectores económicos, pero cuando una familia pobre necesita apoyo la solución principal termina siendo una transferencia para consumir?

El problema no es que existan incentivos empresariales. Un país necesita inversión privada.

El problema es cuando los incentivos se convierten en privilegios permanentes sin una evaluación suficientemente agresiva de cuánto empleo de calidad, productividad, innovación y movilidad social producen a cambio.

Porque eso también es intervención estatal.

Solo que existe una diferencia política:

al rico se le llama "incentivo".
Al pobre se le llama "ayuda".

Y mientras tanto, la clase media queda atrapada en el medio.

No recibe muchos de los programas diseñados para los más vulnerables, pero tampoco tiene capacidad para negociar las condiciones tributarias que pueden obtener determinados sectores empresariales.

Paga impuestos.

Paga colegio.

Paga seguro.

Paga transporte.

Paga electricidad.

Paga vivienda.

Y cuando el costo de vida aumenta, su respuesta no es necesariamente un subsidio.

Es trabajar más.

Eso no es capitalismo saludable.

Es un sistema donde una parte importante de la población tiene que financiar su propia supervivencia mientras otra parte negocia con el Estado las condiciones de acumulación y otra depende del Estado para completar su consumo básico.

Y existe otra contradicción todavía mayor.

El Gobierno puede presumir —con razón— de que la pobreza bajó.

Pero si más de la mitad de los ocupados continúa en la informalidad, la pregunta no debería ser solamente cuántas personas salieron estadísticamente de la pobreza.

La pregunta debería ser:

¿Cuántas personas están construyendo una vida que ya no dependa de volver a caer en ella?

Porque sacar a una familia de la pobreza mediante una transferencia es una política social.

Sacar a esa familia de la pobreza mediante empleo formal, mejores salarios, educación útil, vivienda accesible, productividad, crédito, propiedad y acumulación de patrimonio es desarrollo.

La primera evita que alguien se hunda.

La segunda cambia su destino.

Y República Dominicana necesita mucho más de la segunda.

Por eso la crítica correcta al Gobierno no es decir que "los bonos crean pobreza".

Eso sería demasiado fácil y, según los propios datos oficiales, falso como descripción del resultado agregado.

La crítica verdaderamente incómoda es otra:

un Estado puede ser extraordinariamente eficiente administrando la pobreza y, al mismo tiempo, insuficientemente ambicioso construyendo las condiciones para que esa pobreza deje de reproducirse.

Ese es el peligro de convertir la política social en una permanente administración de la precariedad.

Porque cuando el ciudadano necesita al Estado para comer, pagar la luz, comprar gas o sobrevivir al próximo mes, el Estado deja de ser solamente un instrumento de movilidad social.

Se convierte en parte estructural de su economía familiar.

Y entonces aparece la pregunta que ningún gobierno debería temer:

¿Queremos ciudadanos que necesiten menos al Estado o ciudadanos que necesiten cada vez más al gobierno de turno?

La diferencia entre ambas cosas es, precisamente, la diferencia entre desarrollo y dependencia.