Raquel Peña, Santiago Hazim y Adolfo Pérez: la conexión política detrás de dos funcionarios rodeados de escándalos
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Por Melvin Sena
Hay coincidencias políticas que merecen ser observadas con atención.
En la República Dominicana, donde la memoria pública suele ser corta y los escándalos administrativos rápidamente son sustituidos por nuevas noticias, hay historias que no deberían analizarse de manera aislada.
La de Santiago Hazim y la de Adolfo Pérez son dos de ellas.
Ambos llegaron a ocupar posiciones estratégicas dentro del Gobierno del presidente Luis Abinader. Ambos estuvieron al frente de instituciones que manejan recursos públicos destinados directamente a la población. Ambos han terminado vinculados públicamente a controversias de enorme gravedad.
Y existe un elemento político que conecta sus historias:
Raquel Peña.
Hazim fue uno de los dirigentes que públicamente promovió el liderazgo presidencial de la vicepresidenta. En marzo de 2025 llegó a afirmar que Peña reunía las condiciones para dirigir el país y que contaba con un equipo dispuesto a respaldarla. (Proceso)
Hoy, sin embargo, Hazim enfrenta uno de los procesos judiciales por corrupción más graves que ha golpeado al Gobierno del PRM.
Y mientras Hazim está sometido a la Justicia, Adolfo Pérez —según la información política que rodea su proyecto— se encuentra precisamente en el entorno de la campaña presidencial de Raquel Peña.
¿Es esto una prueba de que existe una estructura política detrás de ambos casos?
No.
Sería irresponsable afirmarlo sin evidencia.
Pero sí existe una coincidencia política demasiado importante como para ignorarla.
Santiago Hazim: de promotor de Raquel Peña a prisión preventiva
En marzo de 2025, Santiago Hazim no era un personaje marginal dentro del proyecto político del PRM.
Era coordinador nacional del Sector Externo con Luis Abinader y públicamente promovía el liderazgo de Raquel Peña.
Su mensaje fue inequívoco: Peña tenía las condiciones para liderar la nación y contaba con un equipo que la respaldaría. (Proceso)
Meses después, todo cambió.
Hazim terminó arrestado dentro de la denominada Operación Cobra, una investigación del Ministerio Público sobre un supuesto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público atribuyó al supuesto entramado un fraude superior a RD$15,000 millones y señaló a Hazim como una de las principales figuras del expediente. (Listín Diario)
Posteriormente, el tribunal le impuso 18 meses de prisión preventiva en Najayo. (Periódico elCaribe)
Hay que insistir en algo elemental: prisión preventiva no significa condena. Hazim conserva su derecho a la presunción de inocencia y corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad penal.
Pero políticamente el caso es devastador.
Porque estamos hablando del antiguo director de la principal aseguradora pública de salud, acusado por el Ministerio Público de participar en un supuesto esquema de corrupción de dimensiones extraordinarias.
Y aquí aparece Raquel Peña.
Cuando el escándalo explotó, la vicepresidenta calificó como “inadmisible” el supuesto desfalco y manifestó su indignación por lo ocurrido. (El Día)
La reacción es comprensible.
Pero hay una pregunta política que permanece:
¿Qué responsabilidad tiene la estructura política que rodeaba a quienes ocuparon posiciones de tanta importancia?
Y entonces aparece Adolfo Pérez
Si Santiago Hazim representa un escándalo judicial de enormes proporciones, Adolfo Pérez representa otro tipo de problema para el Gobierno: la acumulación de controversias administrativas, contrataciones cuestionadas y denuncias alrededor de instituciones estratégicas.
Pérez dirigió PROMESE/CAL durante casi cinco años.
Durante su administración, la propia Presidencia destacó que la institución ejecutó más de RD$52,170 millones en compras públicas entre agosto de 2020 y junio de 2025. (Presidencia de la República Dominicana)
Eso coloca su gestión en una dimensión económica gigantesca.
Y precisamente por eso las denuncias y cuestionamientos que puedan surgir alrededor de esa administración deben ser tratados con extrema seriedad.
Pérez defendía públicamente sus procesos de contratación y, en febrero de 2025, encabezó una licitación de más de RD$3,167 millones para medicamentos e insumos destinados a Farmacias del Pueblo y al sistema público de salud. (Presidencia de la República Dominicana)
Pero meses después, en agosto de 2025, reconocía públicamente que la demanda de medicamentos de las Farmacias del Pueblo superaba ampliamente el presupuesto disponible y que podían producirse situaciones de desabastecimiento. (CuartaSemana.com.do)
Finalmente, dejó PROMESE/CAL y pasó a dirigir el INABIE.
Y ahí comenzó otro capítulo.
INABIE: zapatos, licitaciones y nuevas preguntas
La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló en agosto de 2025 25 adjudicaciones de calzado escolar realizadas por INABIE.
La investigación de la DGCP concluyó que el comité de compras de INABIE había incurrido en actuaciones contrarias a principios de transparencia, igualdad y libre competencia. El órgano rector también ordenó medidas relacionadas con la reevaluación de ofertas y la identificación de funcionarios responsables. (Catastro y Registro)
Eso es un hecho institucional, no una opinión.
Y posteriormente han aparecido denuncias públicas sobre zapatos escolares entregados gratuitamente por el Estado que terminarían siendo comercializados en plataformas como Marketplace.
Aquí tampoco corresponde afirmar que Adolfo Pérez personalmente haya ordenado desviar un solo zapato.
No existe base suficiente para afirmar eso.
Pero sí existe una pregunta que el director de la institución tiene que responder políticamente:
¿Cómo productos comprados con dinero público terminan en el mercado informal?
Y si hay una estructura interna responsable, ¿quién la permitió?
El problema no es una denuncia: es la acumulación
Aquí está el punto central de este análisis.
Una denuncia puede ser falsa.
Un suplidor inconforme puede utilizar los medios para presionar al Gobierno.
Una licitación puede ser anulada por errores administrativos sin que exista corrupción.
Un funcionario puede heredar problemas de su antecesor.
Todo eso es posible.
De hecho, en el caso de las contrataciones públicas también existe la versión oficial de que algunos conflictos pueden estar relacionados con proveedores que presionan cuando no resultan adjudicados.
Por eso sería incorrecto convertir cada acusación en una sentencia.
Pero también sería ingenuo hacer lo contrario:
tratar cada escándalo como un episodio completamente independiente y nunca hacer la pregunta de fondo.
¿Qué está ocurriendo alrededor de estas instituciones?
¿Quién controla realmente los procesos?
¿Quién responde por las decisiones?
¿Quién supervisa a los funcionarios?
¿Y quién asume responsabilidad política cuando las instituciones quedan atrapadas en controversias sucesivas?
Y aquí es donde Raquel Peña entra nuevamente en escena
Esta es la parte más delicada del análisis.
Santiago Hazim respaldó públicamente a Raquel Peña antes de terminar sometido a prisión preventiva.
Adolfo Pérez, por su parte, aparece ahora vinculado políticamente al proyecto presidencial de Peña, de acuerdo con la información proporcionada para este análisis.
Eso no demuestra que Raquel Peña tenga responsabilidad alguna en las actuaciones atribuidas a Hazim o en las denuncias relacionadas con Pérez.
Sería una conclusión sin fundamento.
Pero políticamente sí genera una pregunta legítima:
¿Por qué figuras vinculadas al proyecto político de Raquel Peña aparecen recurrentemente en el centro de controversias que golpean al Gobierno?
Esa pregunta merece respuesta.
Porque una candidatura presidencial no se construye solamente con discursos, encuestas y estructuras territoriales.
También se construye con reputación.
Y si alrededor de quienes ocupan posiciones importantes dentro de una estructura política empiezan a acumularse expedientes, denuncias, investigaciones y cuestionamientos, tarde o temprano la sombra termina alcanzando al proyecto político completo.
La política de las responsabilidades indirectas
Raquel Peña no puede ser responsabilizada por los actos de un funcionario simplemente porque ese funcionario la haya apoyado.
Eso sería absurdo.
Pero tampoco puede pretenderse que las relaciones políticas no existen.
Los partidos funcionan mediante equipos, alianzas, lealtades y estructuras.
Hazim no era simplemente un médico cualquiera cuando apoyó públicamente a Peña. Era un dirigente político con una posición relevante dentro del oficialismo. (Proceso)
Pérez tampoco es simplemente un funcionario administrativo aislado si, como se sostiene, desempeña un papel central en la construcción política de la candidatura de Peña.
Por eso el asunto adquiere una dimensión mayor.
No estamos investigando una candidatura porque un funcionario tenga problemas.
Estamos preguntando si una candidatura presidencial está construyendo alrededor suyo una red de figuras cuya reputación puede terminar convirtiéndose en un problema político.
Y esa es una pregunta completamente válida.
El verdadero problema de Abinader
Aquí hay otro perjudicado que no puede ignorarse:
Luis Abinader.
El presidente llegó al poder prometiendo un cambio en la manera de administrar el Estado.
Cuando un funcionario enfrenta un problema judicial o una institución bajo su responsabilidad queda atrapada en cuestionamientos, el costo político no se queda necesariamente en esa persona.
También afecta al Gobierno que lo nombró.
Y el caso SeNaSa demuestra hasta qué punto puede llegar ese costo.
El Ministerio Público habla de un supuesto fraude de más de RD$15,000 millones. El tribunal envió a Hazim a prisión preventiva por 18 meses. (Listín Diario)
Eso no es una simple crisis de comunicación.
Es una crisis de confianza en la administración pública.
Y ahora el Gobierno tiene que evitar que otro funcionario termine convirtiéndose en una nueva fuente de desgaste institucional.
La solución no es proteger a Adolfo Pérez
Si Pérez es inocente de las acusaciones que se han formulado, perfecto.
Que se investigue y que salga limpio.
Si existen errores administrativos, que se establezcan responsabilidades.
Si existen irregularidades, que se corrijan.
Y si una investigación encuentra delitos, entonces que el Ministerio Público actúe y que los tribunales determinen las consecuencias.
Lo que no puede hacer un Gobierno serio es convertir la lealtad política en un sustituto de la rendición de cuentas.
Porque si algo enseñó el caso SeNaSa es precisamente eso:
un funcionario puede ser políticamente cercano, tener relaciones, tener trayectoria y ocupar una posición importante; nada de eso debe colocarlo por encima de la Justicia.
Raquel Peña tiene que entender el problema
Si Peña aspira a convertirse en la candidata presidencial del PRM, tendrá que demostrar que su proyecto puede construir una cultura política diferente.
Y eso comienza por algo muy sencillo:
no proteger a nadie.
Ni a Santiago Hazim.
Ni a Adolfo Pérez.
Ni a ningún dirigente que pueda comprometer su proyecto.
Hazim tiene que responder ante la Justicia por las acusaciones que enfrenta.
Pérez debe responder políticamente por las instituciones que ha dirigido y por cualquier denuncia seria que aparezca durante sus gestiones.
Y si una investigación demuestra que hubo delitos, los responsables deben ser condenados conforme a la ley, con la máxima pena que corresponda a los hechos que efectivamente sean probados.
Eso no es persecución.
Eso es Estado de derecho.
Tres nombres y una pregunta
Al final, esta historia puede resumirse en tres nombres:
Santiago Hazim.
Adolfo Pérez.
Raquel Peña.
Hazim terminó en prisión preventiva después de que el Ministerio Público lo señalara como parte central de un supuesto desfalco de más de RD$15,000 millones en SeNaSa. (Listín Diario)
Pérez salió de PROMESE/CAL después de dirigir una institución que ejecutó decenas de miles de millones de pesos en compras públicas y posteriormente asumió la dirección del INABIE, donde han surgido nuevos cuestionamientos alrededor de procesos de contratación y distribución de útiles escolares. (Presidencia de la República Dominicana)
Y Peña es el elemento político que conecta esta historia: Hazim fue públicamente uno de sus promotores políticos y Pérez aparece ahora asociado a su proyecto presidencial.
¿Es una conspiración?
No hay evidencia suficiente para decirlo.
¿Es una coincidencia política que merece escrutinio?
Indiscutiblemente.
Porque la política no solamente consiste en ganar elecciones.
También consiste en escoger cuidadosamente a las personas que estarán al lado del candidato cuando llegue al poder.
Y si Raquel Peña quiere convencer al país de que representa una nueva etapa del PRM, tendrá que demostrar que entiende una regla elemental:
La lealtad política jamás puede estar por encima de la transparencia.
Porque cuando alrededor de un proyecto presidencial comienzan a aparecer demasiadas sombras, el candidato puede no ser responsable de ellas.
Pero tarde o temprano tendrá que explicar por qué decidió caminar acompañado de quienes las proyectan.
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