La Policía de Abinader: menos homicidios, pero ¿más respeto a los derechos?
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El presidente presentó la reforma policial como uno de los grandes resultados de su gestión, con miles de nuevos agentes, nuevas estaciones, tecnología y una estrategia basada en datos. Pero mientras los indicadores de homicidios muestran una reducción importante, continúan las denuncias sobre muertes en operativos, uso excesivo de la fuerza y cuestionamientos a la transparencia de las investigaciones.
Por Melvin Sena
La seguridad ciudadana fue uno de los capítulos que Luis Abinader utilizó para presentar los avances de su Gobierno durante su más reciente rendición de cuentas.
Y, a diferencia de otras afirmaciones que pueden ser discutidas por su metodología o por la forma en que fueron presentadas, en materia de homicidios hay que reconocer algo desde el principio:
los números han mejorado.
La tasa acumulada de homicidios pasó de 12.29 por cada 100,000 habitantes en julio de 2023 a 9.96 en 2024, 8.27 en 2025 y 7.00 al 10 de julio de 2026, según las estadísticas de la Fuerza de Tarea Conjunta. (Policía Nacional)
Eso representa una reducción significativa.
Por tanto, sería intelectualmente deshonesto afirmar que la política de seguridad del Gobierno no ha producido ningún resultado.
Sí los ha producido.
Pero ahí no termina la historia.
Porque una Policía no se evalúa exclusivamente por la cantidad de homicidios que logra reducir.
También debe evaluarse por cómo utiliza el poder que el Estado le entrega.
Y es justamente ahí donde el discurso presidencial comienza a dejar preguntas sin responder.
Miles de agentes y una nueva Policía sobre el papel
Abinader destacó que entre 2023 y 2025 ingresaron 9,503 nuevos agentes a la Policía Nacional.
También habló de una reforma institucional basada en prevención, inteligencia, control territorial, participación comunitaria y utilización de datos para tomar decisiones.
Y presentó como parte de esa transformación un proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional que contempla evaluación de desempeño, validación de competencias, régimen disciplinario, transparencia administrativa, proporcionalidad en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.
Es decir, el modelo que describe el presidente es exactamente el modelo de Policía que cualquier sociedad democrática debería aspirar a tener.
Una institución profesional.
Disciplinada.
Capacitada.
Sometida a controles.
Respetuosa de la ley.
Y consciente de que el uniforme no coloca al agente por encima del ciudadano.
El problema es que una reforma policial no se demuestra con lo que dice una ley ni con la cantidad de agentes que ingresan.
Se demuestra en la calle.
El ciudadano también tiene una estadística
Mientras el Gobierno exhibe la reducción de homicidios como evidencia del éxito de su política de seguridad, los medios de comunicación continúan documentando un fenómeno que no puede ser ignorado.
Diario Libre registró al menos 82 personas muertas durante supuestos intercambios de disparos con agentes policiales solamente en los primeros seis meses de 2025, casi el doble de las 55 contabilizadas en el mismo período de 2024. El medio también señaló cuestionamientos por el uso de la fuerza letal, presuntas irregularidades y falta de transparencia en algunos operativos. (Diario Libre)
La cifra no es una acusación automática contra cada agente involucrado.
Cada muerte debe investigarse individualmente.
Pero precisamente por eso surge la pregunta:
¿Dónde están esas investigaciones?
¿Qué ocurrió en cada caso?
¿Cuántas muertes fueron legítimos enfrentamientos?
¿Cuántas fueron consecuencia de un uso proporcional de la fuerza?
¿Cuántas terminaron en expedientes disciplinarios?
¿Cuántas llegaron a los tribunales?
¿Cuántos agentes fueron sancionados?
Y, sobre todo:
¿Cuántas investigaciones fueron verdaderamente independientes?
Porque informar que una persona murió en un “intercambio de disparos” no constituye, por sí solo, una investigación.
Cuando la versión oficial no es suficiente
En octubre de 2025, Diario Libre publicó una investigación precisamente sobre este problema: las dudas que surgen después de las muertes reportadas por la Policía como intercambios de disparos y la falta de información pública suficiente sobre las investigaciones posteriores. (Diario Libre)
Ese es uno de los puntos donde la reforma policial debe ser medida.
Porque si la Policía mata a una persona durante una operación, el Estado tiene una obligación adicional de transparencia.
No basta con informar que el fallecido era buscado, que tenía antecedentes o que supuestamente disparó primero.
La pregunta democrática es:
¿qué evidencia existe para sostener esa versión?
¿Dónde están los videos?
¿Dónde están los peritajes balísticos?
¿Dónde está la trayectoria de los disparos?
¿Dónde están las armas supuestamente ocupadas?
¿Dónde están los informes de criminalística?
¿Dónde están las conclusiones del Ministerio Público?
Una Policía moderna no debería tener miedo de demostrar que actuó correctamente.
Al contrario.
La transparencia debería proteger también al policía que actuó correctamente.
El gran contraste del discurso
Y aquí aparece la contradicción que considero más importante.
Abinader dice que su Gobierno está construyendo una Policía sometida a evaluación, disciplina, transparencia y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Pero los casos de muertes durante intervenciones policiales siguen generando cuestionamientos públicos.
En diciembre de 2025, Diario Libre reportó que las muertes atribuidas a agentes del orden durante ese año se acercaban a niveles de letalidad policial registrados una década atrás, según datos recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Diario Libre)
Eso no significa que todas esas muertes hayan sido ilegales.
Significa que existe un problema que merece ser investigado.
Y una reforma policial que aspire a ser profunda debería ser capaz de responderlo con datos.
No se puede medir la Policía solamente por los homicidios
Aquí es donde el Gobierno puede estar utilizando un indicador correcto para responder una pregunta distinta.
La reducción de homicidios responde a una pregunta:
¿Cuántas personas están siendo asesinadas?
Pero no responde otra:
¿Cómo está actuando la Policía para garantizar esa seguridad?
Son dos indicadores diferentes.
Una Policía puede reducir los homicidios y, al mismo tiempo, tener problemas de abuso de autoridad.
Puede ser más efectiva contra el crimen y continuar violando derechos.
Puede detener más delincuentes y, al mismo tiempo, cometer detenciones arbitrarias.
Puede tener más tecnología y continuar investigando mal.
Puede tener mejores estadísticas criminales y continuar teniendo problemas de disciplina interna.
Una cosa no invalida la otra.
La reforma no puede quedarse en edificios, vehículos y uniformes
Abinader también destacó la construcción de nuevas estaciones policiales y el fortalecimiento de la infraestructura.
Eso es importante.
Pero una estación nueva no cambia automáticamente la cultura de un agente.
Un vehículo nuevo no enseña proporcionalidad.
Una cámara no sirve si nadie revisa las grabaciones.
Un arma moderna no garantiza un uso legal de la fuerza.
Y un nuevo uniforme no convierte a una institución en profesional.
La verdadera reforma ocurre cuando el agente sabe que si viola la ley será investigado y sancionado, independientemente de a quién haya detenido, de quién sea la víctima o de cuál sea su rango.
Ahí está el verdadero examen.
El Gobierno tiene un argumento fuerte, pero incompleto
Sería injusto desconocer la reducción de los homicidios.
Las propias estadísticas oficiales muestran que la tendencia descendente se mantiene en 2026. Al 19 de junio, la tasa acumulada estaba en 6.98 por cada 100,000 habitantes, frente a 12.54 en junio de 2023. (Policía Nacional)
Ese resultado debe reconocerse.
Pero precisamente porque el Gobierno utiliza esos números para defender la reforma policial, tiene que aceptar que la evaluación sea más amplia.
Seguridad no es solamente que no te maten.
También es poder caminar, protestar, circular, ser detenido, ser interrogado o ser intervenido por un agente del Estado sin que tus derechos desaparezcan porque el otro lleva un uniforme y un arma.
Ese es el verdadero significado de una Policía democrática.
Entonces, ¿fracasó la reforma policial?
No.
Sería prematuro afirmarlo.
Los indicadores de homicidios muestran resultados positivos y el Gobierno ha realizado inversiones, incorporado personal y promovido cambios institucionales.
Pero tampoco podemos afirmar que la reforma haya resuelto el problema.
Porque los resultados contra el crimen y el respeto a los derechos humanos son dimensiones distintas de la seguridad pública.
Y una reforma no puede declararse concluida simplemente porque disminuyó una estadística.
La pregunta que Abinader debería responder
Después de seis años de Gobierno, ya no basta con preguntar cuántos agentes fueron incorporados.
Hay que preguntar:
¿Cuántos agentes fueron sancionados por violar la ley?
¿Cuántas denuncias contra policías fueron investigadas?
¿Cuántas investigaciones terminaron en sanciones?
¿Cuántos casos de muertes durante operativos fueron esclarecidos?
¿Cuántos agentes fueron separados de las filas?
¿Cuántas cámaras corporales están realmente operativas?
¿Quién revisa esas grabaciones?
¿Se entregan al Ministerio Público cuando ocurre una muerte?
¿Cuánto tiempo tarda una investigación?
¿Y qué porcentaje de los ciudadanos confía actualmente en que una denuncia contra un policía será investigada de manera imparcial?
Esas son las preguntas que pueden determinar si estamos ante una reforma policial real o ante una modernización principalmente administrativa y tecnológica.
Menos homicidios, sí. Pero también más controles.
El Gobierno tiene derecho a celebrar que la tasa de homicidios haya disminuido.
Los dominicanos también tienen derecho a exigir que ese éxito no se consiga sacrificando garantías fundamentales.
Porque el objetivo de una Policía democrática no es simplemente reducir el número de muertos.
Es reducir la criminalidad mientras aumenta la protección del ciudadano frente al propio poder del Estado.
Y ahí está el verdadero desafío de Abinader.
Porque después de seis años, la pregunta ya no debería ser solamente:
¿Tenemos una Policía más eficiente?
La pregunta completa es:
¿Tenemos una Policía más eficiente y, al mismo tiempo, más respetuosa de la ley?
Los homicidios dicen que hay avances en la primera pregunta.
Las denuncias, los casos de muertes durante operativos y las dudas sobre investigaciones dicen que la segunda todavía necesita respuestas.
Y esas respuestas no se encuentran en un discurso presidencial.
Se encuentran en las calles, en los expedientes, en las investigaciones y en las sanciones.
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