Durante décadas, el debate político de la República Dominicana se ha concentrado en elegir entre un partido y otro, entre una organización y otra, entre un gobierno y el siguiente. Sin embargo, la evidencia acumulada parece indicar que el problema de fondo no es únicamente partidario. La verdadera crisis es la ausencia de un liderazgo nacional dispuesto a colocar los intereses de la República Dominicana por encima de cualquier grupo económico, político o corporativo.
Los gobiernos cambian, los discursos cambian y los colores de las campañas también. Lo que permanece prácticamente intacto es la estructura de poder que condiciona las grandes decisiones nacionales.
El poder económico nunca deja de gobernar
En cualquier democracia moderna, el sector empresarial tiene un papel fundamental en la generación de empleos, inversión y crecimiento económico. Ese no es el problema.
El problema aparece cuando los intereses económicos terminan imponiéndose sobre el interés nacional en República Dominicana.
En República Dominicana existen múltiples ejemplos donde importantes reformas estructurales han sido retrasadas, modificadas o descartadas debido a fuertes presiones de distintos sectores de poder.
Las discusiones sobre reformas fiscales, laborales, energéticas, ambientales o del sistema de seguridad social muestran una constante: las decisiones políticas suelen terminar buscando un equilibrio que preserve los intereses de los grupos con mayor capacidad de influencia.
Mientras tanto, el trabajador dominicano continúa enfrentando salarios bajos frente al costo de vida, dificultades para acceder a viviendas, servicios públicos deficientes y pocas oportunidades reales de movilidad social.
El crecimiento económico existe.
Lo que no crece al mismo ritmo es la calidad de vida de gran parte de la población.
Del clientelismo político al gerencialismo empresarial
Durante muchos años la crítica principal estuvo dirigida hacia la corrupción política.
Numerosos casos de corrupción, sobrevaluaciones, clientelismo y uso político de los recursos públicos deterioraron profundamente la confianza ciudadana.
Posteriormente surgió la promesa de administrar el Estado como una empresa.
La eficiencia administrativa pasó a ocupar el centro del discurso.
Sin embargo, administrar un país no es equivalente a administrar una empresa.
Una empresa busca maximizar beneficios para sus accionistas.
Un Estado debe maximizar bienestar para todos sus ciudadanos, incluyendo aquellos que no generan rentabilidad económica inmediata.
Cuando las prioridades del Estado comienzan a parecerse demasiado a las prioridades del sector corporativo, inevitablemente surge la percepción de que el ciudadano común deja de ser el centro de las políticas públicas.
La sociedad civil tampoco ha llenado ese vacío
Durante años, diversos sectores de la sociedad civil fueron vistos como un contrapeso frente al poder político.
No obstante, una parte importante de esa credibilidad también se ha erosionado.
Algunos dirigentes sociales terminaron integrándose a gobiernos, aceptando posiciones públicas o acercándose a los mismos grupos de poder que anteriormente cuestionaban.
Eso no significa que toda la sociedad civil haya perdido independencia.
Pero sí ha fortalecido una percepción ciudadana: muchas voces críticas desaparecen cuando llegan al poder o cuando pasan a formar parte del sistema que antes denunciaban.
El resultado es una enorme desconfianza
Las encuestas realizadas durante los últimos años muestran un deterioro sostenido de la confianza en las instituciones políticas.
Partidos, Congreso, sistema judicial e incluso organizaciones tradicionales enfrentan importantes niveles de desconfianza ciudadana.
Cuando las personas sienten que ningún actor representa realmente sus intereses, comienzan a buscar alternativas completamente diferentes.
Y ahí aparece un fenómeno que ya hemos visto en numerosos países.
La política comienza a ser sustituida por la popularidad
En ausencia de liderazgos sólidos, cualquier persona con gran exposición pública puede convertirse rápidamente en figura política.
Influencers.
Comunicadores.
Artistas.
Figuras del entretenimiento.
Creadores de contenido.
Legalmente todos tienen el mismo derecho constitucional de aspirar a cualquier cargo electivo.
Ese no está en discusión.
La pregunta importante es otra:
¿La popularidad es suficiente para gobernar un país?
La historia demuestra que administrar una nación requiere conocimientos sobre economía, derecho, relaciones internacionales, administración pública, seguridad, energía, salud, educación y negociación política.
La fama puede ganar una elección.
No necesariamente garantiza una buena gestión.
El voto de protesta puede convertirse en un riesgo
Cuando la población pierde completamente la confianza en los partidos tradicionales, muchas personas dejan de votar por propuestas y comienzan a votar contra el sistema.
Ese voto de castigo ha llevado al poder, en distintas partes del mundo, a candidatos que prometían destruir el sistema sin tener un proyecto claro para construir uno mejor.
El deseo de cambio es legítimo.
Pero el cambio sin planificación puede producir resultados peores que aquello que se intenta corregir.
República Dominicana necesita algo diferente
El país necesita un liderazgo capaz de tomar decisiones difíciles aunque resulten impopulares para grupos de poder.
Un liderazgo que no gobierne condicionado por intereses empresariales, ni por estructuras partidarias, ni por presiones internacionales cuando estas entren en conflicto con el interés nacional.
Un liderazgo que impulse una verdadera reforma institucional.
Que fortalezca la educación.
Que profesionalice el Estado.
Que combata la corrupción sin importar el partido involucrado.
Que promueva la competencia económica.
Que garantice justicia independiente.
Que haga crecer la economía sin olvidar que el objetivo final del crecimiento económico es mejorar la vida de los dominicanos.
La verdadera discusión
República Dominicana no necesita simplemente otro partido.
Tampoco necesita únicamente otro presidente.
Necesita recuperar la idea de que el poder político existe para servir al interés nacional y no para administrar intereses particulares.
Mientras el país siga eligiendo administradores de grupos de poder, en lugar de estadistas comprometidos con el desarrollo nacional, cambiarán los gobiernos, cambiarán los discursos y cambiarán las caras.
Pero los problemas estructurales seguirán siendo exactamente los mismos.
La República Dominicana no enfrenta solamente una crisis de representación política.
Enfrenta, sobre todo, una profunda crisis de liderazgo.
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