Adolfo Pérez y la sombra de RD$60,316 millones: los escándalos que rodean su paso por el Gobierno

Por Melvin Sena

Hay una pregunta que el Gobierno del presidente Luis Abinader debería responder con mucha más seriedad: ¿cuánto dinero público ha quedado bajo cuestionamiento en procesos vinculados a instituciones dirigidas por Rafael Adolfo Pérez y cuántas personas han terminado afectadas por las controversias que han rodeado su gestión?

La respuesta, con una precisión importante, es que los procesos y montos mencionados en las denuncias y controversias recopiladas rondan los RD$60,316 millones.

Pero hay que hacer una aclaración fundamental: esa cifra no significa que RD$60,316 millones hayan sido robados, desfalcados o cobrados ilegalmente por Adolfo Pérez. Una parte corresponde a presupuestos globales, procesos de contratación posteriormente cuestionados o cancelados y auditorías que detectaron irregularidades. No existe, con la información disponible, una sentencia que permita presentar ese monto como dinero sustraído.

Precisamente por eso la cifra resulta tan importante: representa la dimensión económica de los procesos que han quedado bajo cuestionamiento durante su paso por instituciones estratégicas del Estado.

Y cuando se manejan miles de millones de pesos públicos, las explicaciones no pueden ser políticas. Tienen que ser documentales, administrativas y, cuando corresponda, judiciales.

RD$60,316 millones bajo la lupa

El componente más grande corresponde a las licitaciones relacionadas con el almuerzo y desayuno escolar del INABIE, cuyo presupuesto global mencionado en las denuncias de suplidores ronda los RD$60,000 millones.

A esto se suma el proceso para adquirir las llamadas “gomitas” vitamínicas, que contemplaba RD$151.2 millones. El proceso fue posteriormente cancelado, por lo que ese dinero no debe contabilizarse como dinero perdido o desembolsado.

También aparecen RD$65 millones correspondientes a un presupuesto cuestionado para publicidad y promoción institucional.

En PROMESE/CAL, una auditoría de la Cámara de Cuentas identificó, entre otras situaciones, un sistema informático defectuoso valorado en RD$84.8 millones, además de deficiencias de control interno.

Y está el dato de los RD$815 millones de deuda con suplidores que Pérez reportó haber encontrado cuando asumió la dirección de PROMESE/CAL en 2020. Ese monto tampoco puede atribuirse como una irregularidad cometida por Pérez: era una deuda heredada que, según el propio reporte, existía al momento de su llegada.

Por tanto, sumar todos esos números como si fueran dinero robado sería periodísticamente incorrecto.

Pero ignorar que todos forman parte del historial de controversias, cuestionamientos y problemas administrativos asociados a instituciones bajo su dirección también sería irresponsable.

Y detrás de los pesos hay personas

La discusión no puede reducirse a millones.

Porque detrás de cada proceso del INABIE o de PROMESE/CAL hay ciudadanos.

Las controversias alrededor del INABIE alcanzan potencialmente a más de 2 millones de estudiantes del sistema público, población beneficiaria de los programas de alimentación y asistencia estudiantil. Además, el proyecto de suplementación con las gomitas estaba destinado a 70,000 estudiantes de seis regionales educativas antes de su cancelación.

También están cientos de miles de pacientes que dependen del sistema público de medicamentos. Las denuncias de desabastecimiento durante el período de Pérez en PROMESE/CAL afectaron especialmente a personas de escasos recursos que dependen de las Farmacias del Pueblo y de los programas de medicamentos especializados.

Y están los suplidores.

Más de 500 micro, pequeñas y medianas empresas han sido señaladas como afectadas por los conflictos, impugnaciones y cuestionamientos relacionados con procesos de contratación de alimentos.

Es decir, el problema tiene varias dimensiones:

RD$60,316 millones bajo cuestionamiento económico.

Más de 2 millones de estudiantes potencialmente vinculados a los programas afectados.

70,000 estudiantes directamente relacionados con el programa piloto de las gomitas.

Cientos de miles de pacientes dependientes de medicamentos públicos.

Más de 500 Mipymes involucradas en las controversias de contratación.

Eso no es un pequeño problema administrativo.

Los zapatos son apenas la última alarma

Ahora aparece otro elemento especialmente sensible: zapatos escolares entregados gratuitamente por el Estado que, según denuncias públicas, habrían terminado ofertándose en Facebook Marketplace.

El INABIE está obligado a explicar cómo productos comprados con dinero de los contribuyentes terminan aparentemente en el mercado informal.

Y la pregunta se vuelve todavía más incómoda cuando se recuerda que la propia Dirección General de Contrataciones Públicas anuló parcialmente adjudicaciones anteriores de calzado escolar y señaló irregularidades como evaluaciones técnicas cuestionadas, falsedad documental, visitas técnicas incompletas y prácticas anticompetitivas. El expediente fue remitido a la PEPCA.

¿Son todos estos hechos responsabilidad penal de Adolfo Pérez?

Eso debe determinarlo una investigación.

¿Son suficientes para justificar que su gestión sea sometida a una revisión profunda?

Sin ninguna duda.

El problema político para Abinader

Aquí aparece la responsabilidad del presidente Luis Abinader.

Un Gobierno no puede reclamar credibilidad en materia de transparencia mientras mantiene en posiciones de poder a funcionarios cuyas instituciones acumulan denuncias y cuestionamientos de esta magnitud sin una investigación concluyente.

Y esto no significa condenar anticipadamente a Adolfo Pérez.

Significa algo mucho más sencillo:

investigarlo.

Porque si todo está bien, una investigación independiente debería demostrarlo.

Si hubo errores administrativos, deben establecerse responsabilidades.

Si hubo negligencia, deben aplicarse las sanciones correspondientes.

Y si hubo corrupción, sobornos, desfalco, falsificación documental, asociación criminal o cualquier otro delito, entonces deben actuar el Ministerio Público y los tribunales.

Y si la Justicia encuentra culpables, que se aplique la pena máxima que corresponda a cada delito probado, sin importar quién sea el responsable ni qué partido político lo respalde.

Abinader no puede cargar con el costo de sus funcionarios

Adolfo Pérez puede tener una explicación para cada una de estas controversias.

Puede demostrar que las denuncias son falsas.

Puede demostrar que fueron errores de terceros.

Puede demostrar que heredó problemas.

Puede demostrar que actuó correctamente.

Pero mientras existan tantos cuestionamientos alrededor de dos instituciones que manejan recursos esenciales para la población, el Gobierno tiene que dejar de actuar como espectador.

Porque cada escándalo que no se aclara termina convirtiéndose en un problema para Abinader.

Y la pregunta política ya no es solamente:

¿Qué ocurrió en INABIE y en PROMESE/CAL?

La pregunta es:

¿Cuánto más tiene que acumularse alrededor de Adolfo Pérez para que el Gobierno decida investigar hasta las últimas consecuencias?

No se trata de una persecución política.

Se trata de RD$60,316 millones en procesos y presupuestos mencionados en controversias, millones de ciudadanos vinculados a los programas públicos y cientos de empresas que reclaman respuestas.

Y cuando el dinero es público, la obligación de explicar también es pública.

El Gobierno de Abinader no debería proteger a ningún funcionario de una investigación. Debería proteger su propia credibilidad investigando a todos aquellos funcionarios sobre los que existan denuncias serias.

Porque si Adolfo Pérez es inocente, que lo demuestre una investigación.

Y si no lo es, que responda ante la Justicia.