INABIE se desordena bajo Adolfo Pérez y Abinader guarda silencio: ¿cuánto daño más puede soportar el Gobierno?

Por Melvin Sena

Al parecer, el desorden que se está denunciando en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) no le importa demasiado al presidente Luis Abinader.

Y debería importarle.

No solamente porque INABIE maneja miles de millones de pesos del Estado, sino porque cada nuevo cuestionamiento alrededor de esa institución golpea directamente la imagen de un Gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia, institucionalidad y una manera diferente de administrar los recursos públicos.

Mientras Adolfo Pérez León, director ejecutivo del INABIE, enfrenta una creciente tormenta de denuncias sobre procesos de contratación, adjudicaciones cuestionadas y posibles vínculos entre proveedores y funcionarios, el Gobierno parece haber optado por la estrategia más peligrosa: guardar silencio y esperar que el escándalo desaparezca.

Pero los escándalos no desaparecen porque el Gobierno calle.

Se acumulan.

Y cuando se acumulan, terminan convirtiéndose en un problema político.

51 empresas ganadoras y 15 que habían sido descalificadas

Una de las denuncias más preocupantes gira alrededor del proceso de contratación de servicios de alimentación en San Pedro de Macorís.

Según los denunciantes, 51 empresas terminaron adjudicándose contratos por un monto total de RD$445 millones 182 mil pesos.

Hasta ahí, podría parecer simplemente otra licitación millonaria.

El problema aparece cuando se revisa quiénes resultaron ganadores.

De acuerdo con la denuncia, 15 de esas empresas habían sido previamente descalificadas por el propio comité de compras y contrataciones del INABIE, por supuestamente no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

Entonces surge la pregunta inevitable:

¿Cómo puede una empresa ser considerada incapaz de cumplir las condiciones de una licitación y posteriormente convertirse en ganadora de esa misma contratación?

Eso no es una pregunta de oposición.

Es una pregunta de lógica administrativa.

Y alguien en el INABIE tiene que responderla.

El caso de Manuel Emilio Jiménez

Entre los casos señalados aparece el de Manuel Emilio Jiménez Molina, a quien, según la denuncia, le fueron adjudicados RD$31 millones 361 mil pesos.

Lo particularmente delicado es que los propios documentos de evaluación citados por los denunciantes habrían señalado la presentación de documentación falsa.

Y si esa circunstancia estaba efectivamente contemplada en el expediente, el propio pliego establecía consecuencias: descalificación e inhabilitación.

Sin embargo, terminó recibiendo una adjudicación millonaria.

Aquí no estamos hablando de un pequeño error de digitación.

Estamos hablando de una contratación con recursos públicos.

Y si alguien fue descalificado por una causa que debía impedirle continuar en el proceso y posteriormente resultó adjudicatario, la explicación tiene que ser pública, documental y convincente.

Una relacionada y otros RD$33.8 millones

La denuncia también señala a Lady Maciel Cabrera Heredia, presentada como relacionada con Manuel Emilio Jiménez.

Según los denunciantes, recibió una adjudicación de RD$33 millones 873 mil 82 pesos, pese a cuestionamientos sobre las condiciones físicas del local al momento de las inspecciones.

Se afirma que el establecimiento estaba vacío, sin letrero y sin campana de extracción.

Los denunciantes sostienen además que posteriormente se realizaron modificaciones en el espacio: instalación de extractores, colocación de elementos y cambio de pintura.

Si esas afirmaciones son ciertas, hay una pregunta todavía más seria:

¿Se adecuaron las instalaciones después de la inspección para aparentar que cumplían condiciones que originalmente no tenían?

Eso no puede determinarlo un artículo de opinión.

Debe determinarlo una investigación.

Y ahí está precisamente el problema: ¿por qué no se está investigando con la contundencia que amerita?

Carolina Michelle Díaz y una adjudicación de RD$38 millones

Otro caso mencionado es el de Carolina Michelle Díaz Mostre, quien, según la evaluación atribuida al propio INABIE, presentaba problemas relacionados con la evidencia crediticia y documentación técnica.

Los denunciantes señalan que la certificación de control de plagas estaba incompleta y que, por esas razones, había sido inhabilitada.

Sin embargo, posteriormente habría recibido RD$38 millones 128 mil pesos.

De nuevo:

¿Por qué?

¿Quién modificó el criterio?

¿Quién autorizó la adjudicación?

¿Existe un documento que explique la contradicción?

¿Quién asumirá la responsabilidad si se demuestra que una empresa que no cumplía terminó recibiendo un contrato millonario?

Más nombres, más dinero, más preguntas

La lista continúa.

Franiel Ramírez Beltré, según la denuncia, habría sido inhabilitado por comportamientos considerados violatorios de la libre competencia y, aun así, habría recibido RD$24 millones 556 mil pesos.

También se menciona a Beltré Beltré SRL, empresa que habría obtenido una adjudicación de RD$48 millones 100 mil pesos, pese a cuestionamientos sobre las condiciones de su cocina al momento de la supervisión.

Los denunciantes hablan incluso de una posible colusión entre empresas aparentemente independientes, señalando que seis suplidores podrían tener detrás a una misma persona.

Si esto se puede probar, ya no estaríamos ante simples errores administrativos.

Estaríamos hablando de algo mucho más grave.

Y aparece la política

Uno de los casos señalados involucra a Héctor Luis Febre, conocido como “El Primo”, empresario y dirigente del PRM, esposo de la diputada de San Pedro de Macorís Carolina Paula, conocida como “La Prima”.

Según la denuncia, su empresa, CPDC, recibió una adjudicación de RD$28 millones 155 mil pesos, pese a cuestionamientos documentales atribuidos a la evaluación del INABIE.

Entre ellos se menciona que no habría señalado las enmiendas en el formulario de presentación de ofertas y que no habría completado adecuadamente la declaración de conflicto de intereses.

Pero lo verdaderamente explosivo de la denuncia es la alegación de que esta empresa tendría vínculos con otras dos compañías ganadoras del mismo proceso.

Si eso se demuestra, el problema dejaría de ser simplemente quién ganó una licitación.

La pregunta sería si hubo coordinación entre empresas para alterar la competencia.

Y entonces aparece la palabra que ningún Gobierno quiere escuchar:

colusión.

¿Amiguismo, contubernio o dinero?

Esta es la pregunta que debería estar respondiendo el INABIE.

No nosotros.

No la oposición.

No los periodistas.

El INABIE.

¿Por qué empresas que, según las propias evaluaciones institucionales citadas por los denunciantes, no cumplían determinados requisitos terminaron recibiendo contratos millonarios?

¿Se trató de errores?

¿De decisiones administrativas mal tomadas?

¿De favoritismo?

¿De conexiones políticas?

¿De colusión?

¿O hubo dinero de por medio?

La única respuesta aceptable es una investigación seria.

Porque cuando hablamos de cientos de millones de pesos destinados a alimentar a estudiantes dominicanos, el Gobierno no puede pedirle a la sociedad que simplemente confíe.

Tiene que demostrar.

Abinader tiene un problema que no puede seguir ignorando

Luis Abinader debería entender que cada escándalo que permanece sin explicación no solamente afecta a Adolfo Pérez.

Afecta al Gobierno.

Y más todavía cuando quienes están llamados a administrar correctamente estas instituciones terminan convirtiéndose en protagonistas permanentes de controversias.

El problema para Abinader es todavía mayor porque su Gobierno se acerca a una etapa decisiva: tendrá que entregar el poder a una nueva generación de dirigentes del PRM que buscarán retener la Presidencia en 2028.

Y si el oficialismo llega a esa batalla electoral con un partido desgastado por escándalos, contrataciones cuestionadas y funcionarios convertidos en cargas políticas, la oposición ni siquiera tendrá que hacer demasiado esfuerzo.

El propio Gobierno le estará haciendo la campaña.

Adolfo Pérez puede demostrar que todas estas denuncias son falsas.

Tiene derecho a defenderse.

Pero mientras más acusaciones aparecen, más difícil resulta justificar el silencio.

Porque una cosa es proteger la presunción de inocencia de un funcionario.

Otra muy distinta es utilizar esa presunción como excusa para no investigar.

Si no hubo irregularidades, que se demuestre.

Si hubo errores, que se sancionen.

Si hubo corrupción, que se lleve a los responsables ante la Justicia.

Y si hubo funcionarios públicos involucrados en un esquema para beneficiar empresas, que caiga quien tenga que caer, sin importar su partido, su cargo o su relación política.

Porque el INABIE no es propiedad de Adolfo Pérez.

No es propiedad del PRM.

Y tampoco es propiedad de Luis Abinader.

Es dinero del pueblo dominicano.

Y cuando se habla de RD$445 millones en adjudicaciones cuestionadas, con empresas que —según los denunciantes— habían sido previamente descalificadas, el silencio deja de ser una estrategia.

Se convierte en un problema.

Y la pregunta para el presidente es inevitable:

¿Cuánto daño más tendrá que hacerle este desorden a su Gobierno para que finalmente decida mirar hacia INABIE?