El túnel de la Plaza de la Bandera: ¿la solución vial que prometieron o una obra que dejó el problema a medias?
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Por Melvin Sena
Durante años, los dominicanos que transitamos por la Plaza de la Bandera escuchamos hablar de una gran solución vial para uno de los puntos más congestionados del Gran Santo Domingo.
La expectativa era sencilla: sacar el tránsito de la superficie, eliminar los cruces conflictivos y permitir que los vehículos pudieran continuar su recorrido sin tener que enfrentarse a la famosa rotonda, los semáforos y el caos que durante décadas han convertido esta zona en uno de los principales cuellos de botella de la ciudad.
Pero ahora que la obra está terminada y ya fue inaugurada, hay una pregunta que merece hacerse sin propaganda política y sin prejuicios partidarios:
¿La obra que finalmente se construyó es realmente la solución integral que los ciudadanos entendimos que se iba a construir?
La pregunta no es menor.
Porque estamos hablando de una intervención que, según el Gobierno, costó RD$3,300 millones solamente en el túnel de la Plaza de la Bandera, financiados con recursos provenientes de la renegociación del contrato de AERODOM.
Y precisamente porque se utilizaron recursos extraordinarios, la ciudadanía tiene derecho a exigir que la solución sea evaluada por sus resultados y no solamente por el tamaño de la infraestructura.
Lo que se anunció originalmente
Cuando el Ministerio de Obras Públicas presentó el proyecto, explicó que la solución vial de esta zona no consistía simplemente en construir un túnel aislado.
Se hablaba de un plan integral que involucraba la Plaza de la Bandera, la avenida Gregorio Luperón, la prolongación 27 de Febrero, Isabel Aguiar y la autopista 6 de Noviembre.
El diseño oficial contemplaba un túnel de aproximadamente 1.02 kilómetros bajo la Plaza de la Bandera, con dos carriles por sentido, mientras que en Isabel Aguiar se construiría otro paso a desnivel de aproximadamente 480 metros.
Es decir, técnicamente eran dos obras distintas que debían funcionar como una solución conjunta.
El Gobierno lo explicó posteriormente todavía con mayor claridad.
En octubre de 2025, al inaugurar el paso a desnivel de la prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, la Presidencia afirmó que esa infraestructura conectaba directamente el Sur con el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste a través de la autopista 6 de Noviembre y la avenida 27 de Febrero.
Y añadió algo fundamental:
esa infraestructura enlazaría posteriormente con el túnel de la avenida Luperón que atravesaría la Plaza de la Bandera en dirección norte-sur.
Aquí comienza la discusión.
Porque el problema no es solamente si hay un túnel
El problema es qué movimientos permite hacer ese túnel y cuáles siguen dependiendo de la superficie.
El túnel inaugurado en julio de 2026 da continuidad a la avenida Gregorio Luperón y permite que el tránsito norte-sur atraviese soterradamente la Plaza de la Bandera.
Tiene aproximadamente 1.2 kilómetros, cuatro carriles y una capacidad anunciada de hasta 2,500 vehículos por hora.
Eso, objetivamente, es una mejora.
Pero no es lo mismo que construir un gran distribuidor soterrado que permita resolver todos los movimientos del nudo vial.
Y aquí es donde la ciudadanía tiene derecho a preguntar:
¿Qué pasó con la expectativa de una conexión completamente fluida entre los diferentes corredores?
Porque una cosa es construir un túnel que elimina el cruce norte-sur de la Plaza y otra muy distinta es conseguir que todos los movimientos entre la 27 de Febrero, Luperón, Isabel Aguiar y la 6 de Noviembre puedan realizarse sin interferencias.
La 6 de Noviembre es precisamente donde está la discusión
El Gobierno sostiene que el paso a desnivel de Isabel Aguiar es el componente que conecta la 27 de Febrero con la autopista 6 de Noviembre.
Y eso está documentado oficialmente.
La obra de Isabel Aguiar fue diseñada como un paso inferior de unos 480 metros y con circulación en ambos sentidos.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que la 6 de Noviembre quedó completamente desconectada del proyecto.
No quedó desconectada.
Pero tampoco está debajo de la Plaza de la Bandera como muchos ciudadanos pudieron interpretar cuando se comenzó a hablar de la gran solución vial.
La conexión se produce mediante otra infraestructura, ubicada en Isabel Aguiar.
Y esa diferencia aparentemente técnica tiene una enorme importancia para quien maneja diariamente por la zona.
¿Entonces nos engañaron?
Aquí conviene tener cuidado.
No existe, en la documentación oficial que hemos podido revisar, evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno de Luis Abinader modificó deliberadamente un proyecto más ambicioso para ahorrarse dinero de AERODOM.
Esa acusación requeriría comparar documentos técnicos originales, planos aprobados, presupuesto base, contrato, modificaciones contractuales, cubicaciones y órdenes de cambio.
Sin esos documentos, sería irresponsable presentarlo como un hecho.
Pero hay una pregunta mucho más difícil de esquivar:
¿La solución construida corresponde exactamente a lo que se presentó originalmente como solución integral para ese nudo vial?
Y esa pregunta sí merece una auditoría pública.
Porque si el diseño final fue diferente al diseño conceptual que se presentó a la ciudadanía, necesitamos saber:
¿Qué cambió?
¿Cuándo cambió?
¿Quién autorizó los cambios?
¿Por qué cambiaron?
¿Cuánto costaba el diseño original?
¿Cuánto cuesta el diseño finalmente ejecutado?
¿Hubo modificaciones contractuales?
¿Se redujeron componentes?
¿Se eliminaron conexiones?
¿Qué movimientos vehiculares quedaron fuera?
¿Cuánto dinero estaba originalmente destinado a cada componente?
Eso es periodismo.
No afirmar primero que hubo corrupción y buscar después las pruebas.
Primero conseguir los documentos.
Los RD$3,300 millones obligan a hacer esas preguntas
El Gobierno presenta la obra como una de sus grandes inversiones en movilidad.
El presidente Luis Abinader informó que el túnel costó RD$3,300 millones y que los recursos provinieron de la renegociación del contrato de AERODOM.
Es decir, no estamos hablando de una pequeña intervención urbana.
Estamos hablando de miles de millones de pesos.
Y cuando se utilizan recursos extraordinarios para construir infraestructura pública, el ciudadano no debería conformarse con saber cuánto costó.
Debe poder conocer qué recibió a cambio.
Porque una obra pública no se mide por los metros cúbicos de hormigón, la cantidad de carriles o la ceremonia de inauguración.
Se mide por el problema que resuelve.
El Gobierno dice que la solución es integral
La narrativa oficial sostiene que el túnel de Luperón y el paso a desnivel de Isabel Aguiar forman parte de una misma estrategia.
De hecho, el Ministerio de la Presidencia informó en marzo de 2025 que ambas obras —con una inversión conjunta superior a US$100 millones— formaban parte de un plan integral de soluciones viales financiado con recursos de AERODOM.
Desde esa perspectiva, el Gobierno puede argumentar que nunca prometió que un solo túnel debajo de la Plaza conectaría todos los corredores.
Y ese argumento tiene sustento documental.
Pero también existe una realidad que no puede ignorarse:
el ciudadano no conduce dentro de los planos de ingeniería.
Conduce en la calle.
Y lo que importa para él es si puede salir de la 27 de Febrero, incorporarse a la ruta que necesita, llegar a la 6 de Noviembre y continuar hacia el Sur sin encontrarse nuevamente con los mismos conflictos que se pretendían eliminar.
Una obra puede ser técnicamente correcta y políticamente insuficiente
Este es quizás el punto más importante.
No necesariamente estamos frente a una obra inútil.
De hecho, sería difícil sostener eso cuando existe un túnel de cuatro carriles que permite que miles de vehículos atraviesen soterradamente una intersección que antes obligaba a circular por la superficie.
El propio Gobierno reportó que el primer día de funcionamiento hubo circulación continua por la Luperón y que el objetivo era eliminar los congestionamientos que afectaban ese punto.
La pregunta es otra.
¿Era eso suficiente para resolver definitivamente el problema vial de la zona?
Porque una solución puede mejorar considerablemente un punto y, al mismo tiempo, dejar otros conflictos intactos.
Y si después de gastar miles de millones de pesos todavía existen movimientos que requieren semáforos, retornos, vías marginales o circulación superficial, entonces debemos preguntarnos si estamos ante una verdadera solución integral o ante una suma de soluciones parciales.
La rotonda tampoco es el único problema
Durante años, la Plaza de la Bandera se convirtió prácticamente en sinónimo de congestión.
Pero el problema nunca fue solamente la existencia física de una rotonda.
El problema era la cantidad de flujos vehiculares que confluyen en el mismo espacio:
27 de Febrero, Luperón, Isabel Aguiar, Santo Domingo Oeste, 6 de Noviembre y los movimientos hacia el Distrito Nacional.
Construir un túnel para separar un movimiento determinado puede aliviar una parte del problema.
Pero si los demás movimientos continúan interactuando en superficie, el sistema completo puede seguir teniendo puntos de conflicto.
Por eso no basta con preguntar:
“¿Hay un túnel?”
La pregunta correcta es:
“¿Cuántos movimientos vehiculares fueron realmente eliminados de la superficie y cuántos continúan dependiendo de ella?”
El verdadero examen comienza ahora
La inauguración ya pasó.
La propaganda oficial ya cumplió su función.
Las fotografías, los discursos y las cifras ya fueron publicados.
Ahora comienza la verdadera prueba.
Durante los próximos meses habrá que medir:
tiempo promedio de recorrido, velocidad operacional, longitud de las colas, cantidad de vehículos por hora, accidentes, retornos, tiempos de espera y comportamiento de las vías marginales.
Y comparar esos datos con los que existían antes de la intervención.
Porque solamente así podremos determinar si los RD$3,300 millones produjeron el rendimiento esperado.
Y hay otra pregunta todavía más importante
Si la obra forma parte de una solución integral, como sostiene el Gobierno, entonces debería existir un modelo completo de funcionamiento del corredor.
Ese modelo debería mostrar claramente cómo se mueve un vehículo:
desde la 27 de Febrero → Plaza de la Bandera → Isabel Aguiar → 6 de Noviembre → Sur.
Y también en sentido contrario.
Debería mostrar qué movimientos son soterrados, cuáles permanecen en superficie, dónde están los semáforos, dónde están los retornos y dónde se producen los cruces.
Eso debería ser información pública.
Porque no estamos hablando de una obra privada.
Estamos hablando de infraestructura pagada con recursos que, según el propio Gobierno, proceden de una renegociación que generó recursos extraordinarios para el Estado dominicano.
No se trata de defender ni atacar a Abinader
Se trata de algo mucho más sencillo.
Determinar si la obra resuelve el problema para el cual fue concebida.
Si lo resuelve, habrá que reconocerlo.
Si lo resuelve parcialmente, habrá que decirlo.
Y si descubrimos que el diseño original fue modificado, que se eliminaron componentes importantes o que se pagó por una solución que terminó siendo menos ambiciosa de lo inicialmente previsto, entonces habrá que explicar por qué.
Pero para llegar a esa conclusión necesitamos los documentos.
La investigación que falta
Por eso, más que repetir que “nos engañaron”, la pregunta que debería hacer el periodismo dominicano es:
¿Dónde está el proyecto original?
¿Dónde están los planos iniciales?
¿Dónde está el presupuesto original?
¿Dónde está el contrato?
¿Dónde están las modificaciones?
¿Dónde están las órdenes de cambio?
¿Dónde está el presupuesto final?
¿Quién diseñó la solución?
¿Quién la supervisó?
¿Quién la aprobó?
¿Quién la construyó?
¿Y cuál era exactamente la solución que el Estado dominicano compró con esos miles de millones?
Porque si todo coincide, el Gobierno tendrá una respuesta contundente frente a las críticas.
Pero si los documentos muestran que el proyecto original prometía una cosa y el proyecto ejecutado terminó siendo otra, entonces la discusión cambiará completamente.
Y ahí sí tendremos que hablar de algo mucho más serio que un simple túnel.
Tendremos que hablar de cómo se diseñan, contratan, modifican y pagan las grandes obras públicas en República Dominicana.
Porque al final, la pregunta no es si el túnel se ve impresionante.
La pregunta es mucho más incómoda:
¿Los dominicanos recibimos la solución vial que necesitábamos o simplemente recibimos la obra que decidieron construir?
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