Eliminar los partidos de papel: República Dominicana necesita una democracia con representación real

Lo que está ocurriendo con los 33 partidos y movimientos minoritarios que podrían perder su personería jurídica plantea una discusión que va mucho más allá de una disputa entre organizaciones políticas y tribunales.

La pregunta de fondo es mucho más incómoda:

¿Debe el Estado seguir financiando organizaciones políticas que prácticamente no tienen respaldo electoral real?

La respuesta, a mi juicio, es no.

Y no porque la democracia deba reducirse a los partidos grandes. Todo lo contrario. Una democracia saludable necesita pluralidad, minorías, nuevas ideas y organizaciones capaces de desafiar a los partidos tradicionales. Pero una cosa es proteger el pluralismo político y otra muy distinta es convertir el reconocimiento jurídico en una especie de licencia permanente para recibir recursos públicos.

La propia Ley 33-18 estableció como regla la pérdida de personería cuando una organización no alcanza determinados niveles de votación. Posteriormente, el Tribunal Constitucional estableció una excepción importante: no resulta razonable eliminar a un partido que no alcance el 1 % si, pese a ello, obtuvo representación electoral directa.

Ese criterio protege algo fundamental: la representación real de las minorías.

El problema aparece cuando el sistema comienza a reconocer como representación política situaciones que no necesariamente reflejan un respaldo electoral propio.

El absurdo de financiar el cero

Los datos expuestos sobre el financiamiento de 2026 deberían provocar una discusión nacional.

Si una organización que consiguió cientos de votos puede recibir prácticamente la misma cantidad de dinero que otra que obtuvo cero votos, algo está fallando en el diseño del sistema.

No se trata de cuestionar que un ciudadano tenga derecho a organizarse políticamente.

Ese derecho debe ser protegido.

Lo que debemos cuestionar es otra cosa:

¿Por qué el contribuyente tiene que financiar indefinidamente una estructura política que no demuestra capacidad para obtener siquiera una cantidad mínima de respaldo ciudadano?

Una organización puede existir aunque sea pequeña.

Puede defender sus ideas.

Puede presentar candidatos.

Puede hacer oposición.

Puede participar en el debate nacional.

Pero existir políticamente y recibir financiamiento público no deberían ser exactamente la misma cosa.

Ahí está la diferencia que el legislador debe corregir.

El problema de las alianzas

Las alianzas electorales son legítimas y necesarias.

Permiten que organizaciones pequeñas participen en elecciones y que sectores minoritarios tengan posibilidades reales de alcanzar representación.

Pero existe un problema cuando la alianza se convierte en un mecanismo para que una organización que por sí misma no tiene respaldo electoral suficiente pueda sobrevivir indefinidamente dentro del sistema político.

Una cosa es que un partido pequeño se alíe con uno grande para competir.

Otra muy distinta es que la fuerza electoral del partido grande termine funcionando como salvavidas permanente del partido pequeño.

Eso crea un incentivo perverso.

En lugar de preguntarle a una organización:

"¿Cuántos ciudadanos están dispuestos a votar por ti?"

el sistema puede terminar preguntándole:

"¿Con qué partido grande lograste aliarte?"

Y esa no debería ser la lógica de una democracia moderna.

Los partidos nuevos deberían demostrar que existen

Aquí propongo una reforma mucho más profunda.

Todo partido, agrupación o movimiento político nuevo debería estar obligado a participar por primera vez en una elección sin alianza.

No como castigo.

Como prueba de existencia política.

Si un grupo de ciudadanos considera que tiene una propuesta diferente para gobernar el país, una provincia, un municipio o una circunscripción, debe demostrar inicialmente que existe un electorado dispuesto a respaldarlo.

Después de esa primera prueba electoral, podría tener derecho a establecer alianzas bajo las reglas generales.

Pero primero debe caminar con sus propios pies.

Porque si desde su primera elección puede colocarse detrás de una organización mayoritaria y utilizar los votos de esa organización para conservar su reconocimiento, nunca sabremos cuál es realmente su fuerza electoral.

Una nueva regla: reconocimiento no significa dinero

También deberíamos separar tres conceptos que actualmente pueden terminar mezclándose:

1. Derecho a organizarse políticamente.

2. Derecho a participar en elecciones.

3. Derecho a recibir financiamiento público.

Son tres cosas diferentes.

Una persona debe poder crear una organización política siempre que cumpla los requisitos constitucionales y legales.

Pero el financiamiento público debe estar condicionado a resultados electorales verificables y representación efectiva.

La JCE ya tiene mecanismos de control financiero y la Ley 33-18 contempla obligaciones de presupuesto e informes económicos para las organizaciones con vocación de recibir recursos públicos.

Lo que hace falta es endurecer la relación entre representación, desempeño electoral y dinero público.

Mi propuesta: una nueva barrera de entrada

República Dominicana debería discutir una reforma integral de la legislación de partidos basada en cinco principios.

1. Requisitos más rigurosos para crear un partido

No debería bastar con reunir los requisitos formales y presentar documentación.

Una organización que pretenda convertirse en partido nacional debería demostrar una estructura territorial real, afiliación verificable, órganos internos funcionando, domicilio político efectivo y capacidad organizativa comprobada.

Y esa afiliación debería ser auditada digitalmente para evitar padrones inflados o ciudadanos inscritos sin conocimiento.

2. Primera elección sin alianzas

Este debería ser un requisito obligatorio para toda organización política nueva.

Primera elección: sola.

Después de demostrar que tiene respaldo ciudadano, puede aliarse.

Esto permitiría distinguir entre un partido que realmente representa a una comunidad política y una organización que existe fundamentalmente para integrarse a una coalición electoral.

3. Umbral mínimo para conservar la personería

El sistema debe establecer un umbral claro y objetivo.

No necesariamente tiene que ser exclusivamente el 1 % nacional.

Podría establecerse un sistema escalonado dependiendo del tipo de organización:

• partidos nacionales;

• agrupaciones provinciales;

• movimientos municipales.

Pero todos deberían demostrar algún nivel mínimo de respaldo propio.

Y si obtienen representación directa, esa representación debería contar, porque como correctamente estableció el Tribunal Constitucional, no sería razonable eliminar automáticamente una organización que logró colocar representantes mediante el voto ciudadano.

Lo que no debería contar como sustituto permanente de ese respaldo es simplemente haber formado parte de una alianza ganadora.

4. Financiamiento público proporcional al respaldo

Aquí está quizás la reforma más importante.

El Estado no debería repartir prácticamente la misma cantidad de dinero a quien obtuvo 731 votos y a quien obtuvo cero.

El financiamiento debe tener una relación mucho más directa con los votos obtenidos.

Podría existir una partida básica para garantizar pluralismo político, pero el grueso de los recursos debería distribuirse proporcionalmente al respaldo electoral.

De esa manera, un partido que obtiene 500,000 votos recibe mucho más que uno que obtiene 5,000.

Y uno que obtiene cero no puede pretender recibir lo mismo que quien consiguió representación ciudadana.

5. Revisión periódica de la personería

La personería política no debería convertirse en un patrimonio vitalicio.

Cada ciclo electoral debería funcionar como una auditoría democrática.

El ciudadano tiene la última palabra.

Si una organización demuestra que tiene respaldo, continúa.

Si demuestra representación aunque sea minoritaria, continúa.

Si desaparece electoralmente, debe desaparecer jurídicamente.

La democracia debe permitir crear partidos, pero también debe permitir que los partidos desaparezcan.

No se trata de proteger a los partidos grandes

Aquí habrá quienes digan que una reforma de este tipo beneficiaría al PRM, a la Fuerza del Pueblo y al PLD.

Ese argumento no debe impedir la discusión.

Precisamente por eso las reglas deben ser generales, objetivas y aplicables a todos.

Hoy puede beneficiar a un partido grande.

Mañana puede beneficiar a un partido emergente.

Las leyes electorales no pueden diseñarse pensando en quién gobierna actualmente.

Deben diseñarse pensando en qué sistema político queremos tener dentro de 20 años.

Y queremos un sistema donde cualquier ciudadano pueda crear una organización política, pero donde nadie pueda convertir esa organización en un negocio financiado permanentemente por los contribuyentes sin demostrar respaldo electoral.

¿Y qué hacemos con los 33 partidos?

Si el Tribunal Superior Electoral determina que esas organizaciones ya no cumplen las condiciones legales para conservar su personería, deberían ser eliminadas del registro electoral conforme al debido proceso y las garantías constitucionales.

No debería haber una nueva excepción política para mantenerlas artificialmente con vida.

Y si alguna organización considera que una decisión judicial vulnera sus derechos, tiene las vías legales correspondientes.

Pero el Estado tampoco puede utilizar los recursos públicos para mantener indefinidamente estructuras cuya legitimidad electoral está prácticamente desaparecida.

El debate no debe ser:

"¿Cómo salvamos a los 33 partidos?"

Debe ser:

"¿Cómo construimos un sistema que impida que vuelva a ocurrir?"

La política no puede convertirse en una franquicia

Un partido político debería ser mucho más que un logo, una casilla electoral, un presidente, una dirección y una cuenta bancaria.

Debería ser una organización con ciudadanos detrás.

Con ideas.

Con estructura.

Con militancia.

Con candidatos.

Y, sobre todo, con votos.

Porque cuando una organización obtiene cero votos y aun así conserva acceso a millones de pesos provenientes del presupuesto público, el problema ya no es solamente electoral.

Es institucional.

Y cuando una alianza permite que organizaciones sin fuerza electoral propia continúen sobreviviendo indefinidamente, el sistema deja de premiar la representación y comienza a premiar la supervivencia jurídica.

Eso es lo que debemos corregir.

La verdadera reforma

República Dominicana no necesita necesariamente menos democracia.

Necesita menos partidos de papel.

Necesita facilitar que aparezcan nuevas fuerzas políticas, pero exigirles que demuestren que existen.

Necesita proteger a las minorías, pero no confundir minoría con ausencia absoluta de respaldo.

Necesita permitir alianzas, pero impedir que las alianzas sustituyan eternamente la voluntad electoral propia.

Y necesita utilizar el dinero público para fortalecer la democracia, no para mantener artificialmente estructuras políticas que los electores ya dejaron atrás.

La regla debería ser sencilla:

Primero ciudadanos. Después votos. Luego representación. Y finalmente financiamiento público.

No al revés.

Porque un partido puede perder una elección y seguir siendo políticamente relevante.

Puede obtener pocos votos y representar una minoría legítima.

Pero si obtiene cero, no tiene representación y sobrevive únicamente gracias a interpretaciones jurídicas, alianzas o mecanismos administrativos, entonces el sistema debe tener la capacidad de decir:

hasta aquí llegó su ciclo político.

Eso no debilita la democracia.

La depura.