El Bono a Mil y los estudiantes extranjeros: ¿está el Gobierno de Abinader financiando también a estudiantes haitianos?
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Hay una discusión que merece hacerse con datos, documentos y sin consignas.
El Gobierno de Luis Abinader, a través del Ministerio de Educación, mantiene el programa Bono a Mil por la Educación, mediante el cual entrega RD$1,000 por estudiante matriculado y activo en el sistema público preuniversitario. Para el año escolar 2026-2027, el MINERD anunció que el programa alcanzaría a 1,394,482 estudiantes, correspondientes a 948,762 padres, madres y tutores. (Ministerio de Educación)
La pregunta que planteo no es si un niño debe recibir educación.
La educación es un derecho y nadie está planteando que a un niño se le niegue el acceso a la escuela por su condición migratoria.
La pregunta es otra:
¿Está el Estado dominicano utilizando recursos públicos para entregar también el Bono a Mil a estudiantes extranjeros, particularmente estudiantes haitianos, y bajo qué fundamento jurídico y presupuestario?
Y si la respuesta es afirmativa, el Gobierno tiene la obligación de explicarlo públicamente.
Una cosa es educar y otra es transferir dinero
Aquí es donde creo que se está mezclando una discusión con otra.
El Estado dominicano puede tener la obligación de garantizar el acceso a la educación básica a los menores, independientemente de determinadas circunstancias migratorias.
Pero una transferencia monetaria directa es una política pública diferente.
No estamos hablando simplemente de abrir las puertas de una escuela.
Estamos hablando de dinero.
Dinero que sale del presupuesto público.
Dinero que administra el Estado.
Y por tanto, dinero que debe tener claramente definido:
quiénes son los beneficiarios;
cuáles son los requisitos;
qué documentación deben presentar;
cuál es el fundamento legal;
cuánto cuesta el programa;
y cómo se verifica que los recursos lleguen exclusivamente a quienes cumplen las condiciones establecidas.
El propio MINERD explica que el Bono a Mil se entrega a padres, madres o tutores de estudiantes inscritos y activos en centros educativos públicos. Para 2026-2027, la institución estableció además un proceso de validación mediante cédula, teléfono e identificación del estudiante. (Ministerio de Educación)
Y aquí aparece el problema que considero necesario investigar.
La información oficial consultada no establece expresamente que el beneficiario deba ser dominicano.
Tampoco encontré en las publicaciones oficiales revisadas un desglose de beneficiarios por nacionalidad.
Por eso, afirmar categóricamente que "el Gobierno está entregando el Bono a Mil a miles de estudiantes haitianos" sin conocer esa base de datos sería adelantarnos a una conclusión que el propio Gobierno debería permitirnos verificar.
Pero precisamente esa ausencia de información es la que justifica la pregunta.
¿Cuántos beneficiarios son extranjeros?
Esta debería ser una pregunta muy fácil de responder.
El MINERD tiene un sistema de información escolar, el SIGERD, donde registra datos de estudiantes, incluidos datos sobre nacionalidad. De hecho, las estadísticas educativas oficiales permiten conocer la presencia de estudiantes extranjeros dentro del sistema. (Diario Libre)
Entonces pregunto:
De los 1,394,482 estudiantes beneficiarios del Bono a Mil 2026-2027, ¿cuántos son dominicanos y cuántos son extranjeros?
Y una segunda pregunta:
¿Cuántos de esos extranjeros son haitianos?
Y una tercera:
¿Cuántos de esos beneficiarios extranjeros tienen documentación migratoria regular y cuántos están registrados bajo categorías de extranjeros sin documentación dominicana?
Eso no debería ser información secreta.
Estamos hablando de recursos públicos.
Porque el propio Estado ya tiene identificados a los estudiantes extranjeros
Este punto es importante.
La existencia de estudiantes extranjeros en las escuelas dominicanas no es una especulación.
El propio sistema educativo registra esa realidad.
Por ejemplo, datos del MINERD correspondientes al año escolar 2023-2024 mostraron que en la Regional 08 de Santiago había 226,939 estudiantes y que 6.31 % eran de nacionalidad haitiana, mientras 0.30 % eran venezolanos y 1.41 % correspondía a otras nacionalidades. (Diario Libre)
Además, un informe del IDEC elaborado con datos del SIGERD muestra una presencia importante de estudiantes haitianos dentro de la matrícula extranjera del sistema educativo dominicano. (IDEC)
Por tanto, el Estado sabe quiénes son.
Sabe cuántos están matriculados.
Sabe en qué centros estudian.
Sabe su nacionalidad registrada.
Y, para poder entregar el Bono a Mil, tiene que tener algún mecanismo para identificar a los beneficiarios.
Entonces la pregunta vuelve a ser inevitable:
¿Por qué no publicar el desglose?
El argumento del "derecho a la educación" no responde toda la pregunta
Aquí quiero hacer una distinción jurídica importante.
Que la educación sea un derecho fundamental no significa automáticamente que toda política social vinculada a la educación tenga exactamente los mismos beneficiarios y requisitos.
Una cosa es:
"El niño tiene derecho a estudiar."
Otra es:
"El Estado debe entregarle una transferencia monetaria de RD$1,000 a su familia."
Son dos afirmaciones diferentes.
La primera corresponde al derecho educativo.
La segunda corresponde a una política pública de transferencia de recursos.
Y esa segunda debe tener reglas.
Por eso no me parece suficiente responder:
"Es que la educación es un derecho fundamental."
Perfecto.
Nadie está discutiendo que un niño deba quedar fuera de la escuela.
La pregunta es:
¿Cuál es la base jurídica y presupuestaria para que una transferencia económica específica sea entregada a un estudiante extranjero?
Eso es lo que el Gobierno debería explicar.
Y aquí aparece el problema de la documentación
La República Dominicana distingue jurídicamente entre nacionalidad, nacimiento, registro de extranjeros y estatus migratorio.
La Dirección General de Migración ha reiterado que el hecho de nacer en territorio dominicano no convierte automáticamente a una persona extranjera en dominicana y que los hijos de extranjeros en tránsito o en situación migratoria irregular no adquieren por esa vía la nacionalidad dominicana. (Presidencia Dominicana)
Incluso existe un Libro de Extranjería administrado por la Junta Central Electoral para registrar determinados nacimientos de hijos de extranjeros que no califican para la nacionalidad dominicana. Según datos publicados en 2025, más de 270,000 niños habían sido registrados allí desde 2007, y alrededor del 98 % eran hijos de padres haitianos. (Diario Libre)
Esto demuestra que el Estado dominicano puede tener perfectamente identificada una persona como extranjera sin que eso signifique que carezca de identidad registral.
Y aquí está una precisión que también debemos hacer:
estar registrado como extranjero no es lo mismo que estar "sin identidad".
Por eso, tampoco sería correcto afirmar que todos los estudiantes haitianos que reciben educación pública carecen de documentación.
La realidad jurídica y administrativa es bastante más compleja.
Pero el Bono a Mil sí tiene un costo
Y aquí entramos al asunto que considero fundamental.
El programa no funciona con dinero imaginario.
En 2025, el MINERD reportó que 896,104 padres, madres y tutores fueron validados para recibir el Bono a Mil correspondiente a 1,330,086 estudiantes, con una inversión reportada de RD$1,330,086,000. (Ministerio de Educación)
Para 2026-2027, el Gobierno anunció una cobertura de 1,394,482 estudiantes. (Ministerio de Educación)
Y recientemente el ministro de Educación informó que más de 483,000 familias habían recibido el bono para ese año, con una inversión de RD$1,251 millones en esa etapa del programa. (Diario Libre)
Es decir:
estamos hablando de miles de millones de pesos acumulados en un programa financiado por el Estado.
Y ahí sí tenemos derecho a exigir transparencia.
"Lo pagamos los dominicanos"
Esta afirmación necesita también una precisión.
No podemos decir que cada peso del Bono a Mil proviene directamente de un préstamo determinado.
El Gobierno financia sus programas mediante el presupuesto nacional, cuyos recursos provienen principalmente de ingresos tributarios y otras fuentes de ingresos públicos, además de financiamiento cuando el presupuesto contempla endeudamiento.
Por tanto, cuando digo que los dominicanos financiamos el Estado, la afirmación es correcta en sentido general.
Los contribuyentes dominicanos sostienen una parte fundamental de las finanzas públicas.
Y por eso tienen derecho a saber cómo se distribuyen esos recursos.
Pero sería incorrecto afirmar que "este bono específico se paga con tal préstamo" si no presentamos el documento presupuestario que lo demuestra.
La crítica debe ser fuerte, pero también técnicamente correcta.
Mi pregunta al Gobierno de Abinader
Por eso no estoy pidiendo una explicación política.
Estoy pidiendo una explicación administrativa.
Al Ministerio de Educación le corresponde responder:
1. ¿Cuántos estudiantes extranjeros reciben el Bono a Mil?
2. ¿Cuántos de ellos son haitianos?
3. ¿Qué porcentaje representan del total?
4. ¿Qué documentación utiliza el Estado para validar esos beneficiarios?
5. ¿El programa exige nacionalidad dominicana?
6. Si no la exige, ¿cuál es la base legal para incluir a extranjeros?
7. ¿Se incluye a estudiantes extranjeros con estatus migratorio irregular?
8. ¿Cuánto dinero público se ha transferido a beneficiarios extranjeros desde que comenzó el programa?
Estas preguntas deberían poder contestarse con una tabla.
No con una rueda de prensa.
No con una consigna.
No con "la educación es un derecho fundamental".
Con datos.
Y hay algo todavía más importante
Si el Gobierno determina que legalmente corresponde entregar el Bono a Mil a todos los estudiantes matriculados en el sistema público, independientemente de su nacionalidad, entonces que lo diga.
Que lo explique.
Que publique la norma.
Que publique el criterio.
Que publique la cantidad de extranjeros beneficiados.
Y que asuma políticamente esa decisión.
Porque puede existir una justificación jurídica y social para hacerlo.
Pero entonces el ciudadano tiene derecho a conocerla.
Y si, por el contrario, el programa está diseñado exclusivamente para estudiantes dominicanos y se están produciendo pagos a personas que no cumplen los requisitos, entonces estaríamos ante un problema completamente diferente:
un problema de control del gasto público.
No conviertan esto en una discusión sobre odio
También quiero hacer una advertencia.
Criticar una política pública dirigida a extranjeros no significa automáticamente odiar a los haitianos.
Y defender el derecho de un niño haitiano a estudiar tampoco significa necesariamente estar a favor de una política migratoria determinada.
Podemos discutir ambas cosas simultáneamente.
Yo puedo sostener:
Todo niño que esté en República Dominicana debe tener acceso a la educación básica conforme al marco jurídico.
Y al mismo tiempo preguntar:
¿Por qué el Estado está entregando una transferencia monetaria determinada y cuáles son exactamente los requisitos para recibirla?
No existe contradicción.
Eso es precisamente lo que debería hacer una sociedad democrática:
separar derechos, migración, nacionalidad, asistencia social y administración presupuestaria.
La transparencia es la solución
Por eso, mi denuncia hoy no debería ser:
"El Gobierno está regalando RD$1,000 a todos los haitianos."
No tengo evidencia suficiente para afirmar eso.
Mi denuncia es otra, y me parece mucho más seria:
El Gobierno está utilizando recursos públicos para un programa que incluye a estudiantes matriculados en el sistema educativo público, pero no ha hecho público —al menos en la información oficial que pude verificar— un desglose por nacionalidad que permita saber cuántos beneficiarios son extranjeros y cuánto dinero público reciben.
Y esa información debería publicarse.
Porque si no hay nada irregular, los datos despejan la sospecha.
Y si existe una irregularidad, los datos la descubren.
En ambos casos gana la República Dominicana.
Y al Gobierno le hago una última pregunta
Presidente Abinader:
¿Cuántos estudiantes haitianos están recibiendo el Bono a Mil y cuánto dinero del presupuesto dominicano se les ha entregado?
No estoy pidiendo una opinión.
No estoy pidiendo un discurso.
No estoy pidiendo una defensa política.
Estoy pidiendo el dato.
Porque si el Estado reconoce a un estudiante dentro de su sistema educativo, eso explica por qué puede estar matriculado.
Pero la matrícula escolar y el derecho a recibir una transferencia monetaria no son necesariamente la misma cuestión.
Y si el Gobierno sostiene que sí lo son, entonces que nos muestre la ley, el reglamento y los criterios de elegibilidad.
Los dominicanos tienen derecho a saber cómo se utiliza cada peso de su Estado.
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