Di que el Dominicano no le gusta leer, pero la verdad es que no lee, porque no cree ni entiende lo que lee
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La gente no ha dejado de leer: ha dejado de confiar
Hay una frase que se repite con demasiada facilidad en República Dominicana:
“A la gente no le gusta leer.”
Yo creo que esa explicación es demasiado cómoda.
Porque sí, tenemos un problema educativo serio. Sí, existen debilidades en la formación lectora. Sí, hay materiales educativos que han presentado errores. Sí, tenemos profesores que necesitan mayor formación y evaluación. Pero reducir el problema a que “los dominicanos no quieren leer” es mirar solamente la superficie.
Mi tesis es otra:
Una parte importante del problema no es que la gente haya perdido el interés por leer. Es que ha perdido confianza en buena parte de lo que le están diciendo.
Y cuando una sociedad deja de confiar en sus fuentes de información, cambia radicalmente la manera en que consume noticias, política y conocimiento.
El problema comienza en la educación
No podemos hablar de una sociedad lectora sin hablar primero de su sistema educativo.
Y aquí hay que ser rigurosos: la educación dominicana ha mejorado en algunos indicadores, pero sigue arrastrando déficits enormes.
Los resultados de PISA 2022 son contundentes: solamente alrededor del 25% de los estudiantes dominicanos de 15 años alcanzó el nivel 2 o superior en lectura, frente al 74% del promedio de la OCDE. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro estudiantes quedaron por debajo del nivel básico de competencia lectora utilizado por PISA.
Eso tiene consecuencias políticas y sociales.
Porque leer no significa simplemente pronunciar correctamente las palabras.
Leer es comprender.
Y comprender significa identificar una idea principal, distinguir un argumento de una opinión, reconocer una contradicción, interpretar una estadística, identificar quién está tratando de persuadirte y preguntarte qué evidencia sostiene lo que estás leyendo.
De hecho, la propia OCDE señala que los estudiantes que alcanzan niveles superiores de lectura pueden comprender textos extensos y distinguir entre hechos y opiniones a partir de señales implícitas.
Ahí está una parte del problema.
Una democracia necesita ciudadanos que sepan leer, pero también ciudadanos que sepan desconfiar inteligentemente de lo que leen.
¿Y los libros?
Aquí tampoco podemos decir que todo es culpa del estudiante.
El propio Ministerio de Educación reconoció que en algunos libros de Libro Abierto se habían encontrado errores ortográficos y tipográficos y anunció procesos de revisión y corrección.
Pero existe además un dato todavía más interesante.
Un estudio de la Asociación Dominicana de Profesores reportó que el 84% de los centros educativos consultados manifestó que los libros entregados durante el año escolar 2024-2025 continuaban presentando errores conceptuales, procedimentales o actitudinales.
Eso no significa que todos los libros dominicanos sean malos ni que el sistema educativo sea incapaz.
Significa algo mucho más sencillo:
la calidad del material importa.
Si queremos construir una cultura de lectura, el niño tiene que encontrar textos que le despierten curiosidad, que estén bien escritos, que sean rigurosos y que le enseñen a pensar.
Porque tampoco podemos exigirle a un estudiante que ame la lectura mientras convertimos la lectura en una obligación mecánica.
Pero hay otro problema: la confianza
Aquí es donde mi hipótesis comienza a separarse de la explicación tradicional.
Supongamos que conseguimos que un dominicano lea.
Lee un periódico.
Lee un artículo.
Lee un reportaje.
Lee una investigación.
¿Y después qué?
Si esa persona piensa:
“Eso lo escribieron porque alguien le pagó.”
acabamos de perder al lector.
Y eso es mucho más grave que simplemente tener poca gente leyendo.
Porque el problema deja de ser educativo y se convierte en epistemológico:
¿Cómo sabe el ciudadano qué es verdad?
El dinero público entra en esta ecuación
No estoy diciendo que todo medio que recibe publicidad estatal esté comprado.
Eso sería una generalización irresponsable.
Tampoco estoy diciendo que todo periodista tenga precio.
Eso sería igualmente absurdo.
Pero sí existe evidencia de que la publicidad gubernamental puede generar influencia sobre el ecosistema mediático.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre República Dominicana señaló que, aunque existe una amplia diversidad de opiniones en los medios, el Gobierno ha influido frecuentemente en la prensa, entre otras razones, mediante sus grandes presupuestos publicitarios; el informe también señaló como factores limitantes de la independencia la concentración de la propiedad mediática y la influencia política.
Eso es muy diferente de decir:
“El Gobierno controla todos los medios.”
No hay evidencia para una afirmación tan absoluta.
Pero sí hay suficiente evidencia para plantear una pregunta incómoda:
¿Qué ocurre con la independencia periodística cuando una parte importante del ecosistema mediático depende económicamente de la publicidad oficial y privada?
Esa pregunta merece ser discutida.
El propio Gobierno reconoce que existe un problema potencial
Y aquí hay una ironía interesante.
En enero de 2024, el Gobierno promulgó el Decreto 1-24 para regular la publicidad oficial.
La norma establece criterios para contratar publicidad con medios, comunicadores, periodistas e influenciadores digitales.
Y hay una disposición especialmente reveladora: prohíbe utilizar la publicidad oficial como subsidio o pago encubierto para beneficiar a comunicadores, medios u otros agentes vinculados con la contratación o colocación de publicidad.
También prohíbe utilizar publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar partidos y candidatos.
¿Por qué fue necesario establecer esas prohibiciones?
Porque el riesgo existe.
Si no existiera ningún riesgo de utilizar dinero público para influir en el ecosistema comunicacional, una regulación de ese tipo tendría mucho menos sentido.
Y el negocio publicitario es enorme
Según datos de Media Tracker citados por Listín Diario, la inversión publicitaria dominicana de 2025 fue estimada en aproximadamente RD$38,645 millones, incluyendo inversión privada, gubernamental y política. La televisión abierta representó unos RD$23,958 millones.
Eso nos permite entender una cosa:
la información también es un mercado.
Y donde existe un mercado de miles de millones de pesos, existen intereses económicos.
Esto no convierte automáticamente a los medios en instrumentos políticos.
Pero sí significa que debemos abandonar la ingenuidad.
Un medio tiene costos.
Un canal tiene costos.
Una emisora tiene costos.
Un periódico tiene costos.
Un portal digital tiene costos.
Un programa de televisión tiene costos.
Un podcast tiene costos.
Y un influencer también tiene costos.
Por tanto, la pregunta fundamental no debería ser únicamente:
“¿Quién dijo esto?”
También debería ser:
“¿Quién financia el espacio desde el cual me lo están diciendo?”
Y aquí aparecen los influencers
La transformación más importante de los últimos años es que el poder de comunicación dejó de estar exclusivamente en manos de los periódicos, la radio y la televisión.
Ahora tenemos:
YouTube.
TikTok.
Instagram.
Facebook.
Podcasts.
Streaming.
Creadores independientes.
Influencers.
Y eso democratizó enormemente la posibilidad de comunicar.
Pero democratizar la comunicación no significa democratizar automáticamente la verdad.
Un influencer puede tener millones de seguidores y ninguna obligación editorial comparable con la de una redacción profesional.
Puede hacer periodismo excelente.
Puede hacer propaganda.
Puede hacer entretenimiento.
Puede repetir información falsa.
Puede defender una causa.
Puede recibir publicidad.
Puede tener intereses empresariales.
Puede tener intereses políticos.
Puede combinar todas esas cosas.
Y el ciudadano muchas veces no sabe cuál de esas funciones está viendo.
Un estudio sobre juventudes dominicanas basado en una encuesta de 2024 encontró precisamente una señal preocupante: 42.1% de los jóvenes expresaba confianza baja o muy baja en influencers y youtubers, mientras solo 24.1% manifestaba confianza alta o muy alta.
Eso es importante.
Porque significa que la audiencia no es necesariamente ingenua.
También sospecha.
Pero cuidado: tampoco podemos decir que nadie confía en los medios
Aquí quiero corregir una posible exageración de mi propia hipótesis.
No es cierto que los dominicanos hayan dejado completamente de confiar en los medios.
Los datos disponibles muestran un panorama más complejo.
La encuesta de la OCDE sobre confianza institucional de 2025 encontró que República Dominicana estaba entre los países latinoamericanos con niveles relativamente altos de confianza en los medios, alrededor de la mitad de la población.
Latinobarómetro 2024 también colocó a República Dominicana con niveles relativamente altos de confianza en televisión, radio y prensa escrita dentro de América Latina; por ejemplo, reportó 56% de confianza en la prensa escrita.
Entonces mi argumento no debería ser:
“La gente no cree en los medios.”
La realidad es más interesante:
la confianza está fragmentada.
Hay personas que confían en determinados periodistas.
Otras confían en determinados medios.
Otras confían en un influencer.
Otras confían en su partido.
Otras solamente confían en sus familiares.
Y otras no confían en absolutamente nadie.
Ese último grupo es particularmente peligroso para una democracia.
Por eso la gente salta de un contenido a otro
Aquí llegamos a una contradicción fascinante.
La República Dominicana sí tiene consumo de información.
Lo que está cambiando es la forma de consumirla.
La Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2024 encontró que el 68.3% de la población de 13 años o más manifestó preferir contenidos en redes sociales durante los 30 días anteriores. Solo el 29% había leído al menos un libro durante el último año y apenas el 12.8% había consultado periódicos durante el mes anterior.
Eso significa que no estamos frente a una población que dejó de consumir información.
Estamos frente a una población que migra hacia formatos más rápidos, fragmentados y personalizados.
El problema es que esos formatos favorecen algo que el pensamiento crítico necesita combatir:
la simplificación.
Un video de 45 segundos puede hacerte sentir que entendiste un problema que en realidad necesita 45 minutos de lectura.
Un titular puede sustituir al reportaje.
Un comentario puede sustituir al análisis.
Un meme puede sustituir a un argumento.
Un influencer puede sustituir a una investigación.
Y un clip de 30 segundos puede convertirse en "la verdad" de millones de personas.
Entonces aparece el círculo vicioso
Aquí está, para mí, el núcleo de la hipótesis.
Mala formación lectora → menor capacidad para procesar textos complejos → preferencia por contenidos rápidos → mayor exposición a narrativas simplificadas → desconfianza en las fuentes tradicionales → búsqueda de fuentes alternativas → mayor fragmentación informativa → más dificultad para distinguir información, opinión y propaganda.
Y el círculo vuelve a comenzar.
No es simplemente que:
“la gente no quiere leer.”
Puede ser que una parte de la sociedad no haya desarrollado suficientemente las herramientas para leer críticamente y, simultáneamente, haya encontrado un ecosistema digital que le permite consumir información sin tener que hacerlo.
¿Y qué pasa con los programas de panel?
Aquí también debemos tener cuidado.
No podemos afirmar que “todo el que participa en un panel obedece a un interés político o empresarial”.
Eso sería imposible de demostrar como regla general.
Pero sí podemos hablar de incentivos.
Un panelista puede tener una línea editorial.
Un medio puede tener propietarios.
Un empresario puede tener intereses.
Un político puede tener intereses.
Un comunicador puede tener relaciones comerciales.
Un partido puede tener estrategias de comunicación.
Y todos esos factores pueden influir en qué temas reciben atención, cuáles se discuten, qué invitados aparecen y cuánto tiempo se dedica a determinadas posiciones.
Por eso, la independencia no debería asumirse; debería demostrarse.
Ese debería ser el estándar.
El ciudadano no necesita creer ciegamente en nadie
Y aquí está quizás la parte más importante de todo esto.
La solución no es decirle al ciudadano:
“Confía en este periódico.”
Ni:
“Confía en este periodista.”
Ni:
“Confía en este influencer.”
Ni siquiera:
“Confía en este gobierno.”
La solución es enseñarle a hacer algo mucho más poderoso:
verificar.
¿Quién lo dijo?
¿Dónde está el documento?
¿Cuál es la fuente original?
¿Hay otra versión?
¿Quién se beneficia?
¿Qué evidencia existe?
¿Qué parte es un hecho?
¿Qué parte es interpretación?
¿Qué parte es opinión?
¿Qué información falta?
Eso es alfabetización mediática.
Y probablemente sea una de las materias más importantes que podríamos enseñar en la República Dominicana.
Porque leer no es el objetivo final
Este es el punto donde creo que la frase inicial necesita ser destruida.
No necesitamos simplemente que los dominicanos lean más.
Necesitamos que comprendan más.
Que comparen.
Que cuestionen.
Que investiguen.
Que sepan detectar una mentira.
Que sepan reconocer propaganda.
Que entiendan una estadística.
Que puedan leer una ley.
Que puedan leer un presupuesto.
Que puedan leer una sentencia.
Que puedan leer una encuesta.
Que puedan leer un contrato.
Y que después de leer todo eso puedan decir:
“No estoy convencido todavía.”
Eso también es educación.
El verdadero peligro no es una población que no lee
El verdadero peligro es algo mucho más sofisticado:
una población que consume enormes cantidades de información sin tener herramientas suficientes para determinar cuál merece ser creída.
Porque una persona que no lee tiene un problema.
Pero una persona que consume diez horas diarias de información falsa, propaganda, manipulación y contenido diseñado exclusivamente para confirmar sus prejuicios puede tener un problema todavía mayor.
Y ahí es donde educación, medios, política y tecnología terminan encontrándose.
El desafío dominicano no es solamente construir una sociedad lectora.
Es construir una sociedad capaz de pensar después de leer.
Porque si el ciudadano no confía en el libro, no confía en el periódico, no confía en el periodista, no confía en el político, no confía en el influencer y tampoco confía en el Estado, llegará inevitablemente a una conclusión peligrosa:
“Yo creo lo que me da la gana.”
Y cuando una democracia llega a ese punto, ya no estamos discutiendo solamente sobre hábitos de lectura.
Estamos discutiendo sobre la posibilidad misma de construir una verdad pública.
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